28 de marzo de 2024

Osvaldo Aguirre

El aumento de la pobreza y el desempleo dibujan un nuevo mapa de la conflictividad social, marcado por la necesidad de sobrevivir de sectores excluidos cada vez más vastos. Narcotráfico, policía y mercado.

La muerte de Ezequiel Francisco Curaba, un cartonero de 21 años que se electrocutó cuando intentaba robar cables de alta tensión en Rosario, patentizó recientemente un tipo de delito y un mercado ilegal emergente. El tráfico de materiales de cobre y bronce abastece un circuito económico todavía poco investigado y los casos se registran en distintos puntos del país. El problema excede a cuestiones de seguridad, ante la evidencia de jóvenes indigentes que se vuelcan al delito como recurso de sobrevivencia y los interrogantes en torno al impacto de la situación económica en la criminalidad.
El abogado y politólogo Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, observa el caso de Curaba como parte de un mapa delictivo en configuración. «Todo aumento de la pobreza –dice– trae consigo un aumento de la conflictividad social que se refleja no solo en la cuestión delictiva sino principalmente en términos laborales, habitacionales, escolares. Habría que ver los índices delictivos del último trimestre, pero tengo la sensación de que han aumentado».
Sin embargo, para el sociólogo Marcelo Bergman la pobreza no es en sí misma una causa del delito: «Hay muchas sociedades con altos niveles de pobreza que mantienen bajas tasas delictivas. Lo que puede ocurrir es que al cerrarse caminos de movilidad social algunas personas se vinculen con actividades delictivas para sostener el consumo de determinados bienes».
En su reciente libro, El negocio del crimen, Bergman relaciona el incremento del delito y la violencia en los países de América Latina durante las primeras décadas del siglo XXI con el crecimiento económico de la región. «La criminalidad se dispara por la demanda de productos ilícitos –explica–; pero una recesión, como vemos en Argentina y en otros países, no implica que disminuyan las actividades delictivas. Al contrario, como ya existe una infraestructura, ocurre lo que se llama diversificación criminal». En ese contexto «pueden aparecer delitos altamente predatorios como los secuestros, las extorsiones y el sicariato en gran escala».
Argentina, aclara Bergman, no registra aún esa deriva hacia la diversificación criminal. No obstante, la suspensión de fondos y programas de asistencia a barrios periféricos anunciada desde el Gobierno nacional agrega incertidumbre. «El primer actor que aparece cuando las agencias sociales se retiran de un territorio no es el narco sino la policía, y en segundo lugar las bandas delictivas –analiza Larroude–. Más que al narco, estaría atento al rol de las fuerzas de seguridad y a su capacidad de regular el espacio público. Salvo en Rosario, en ninguna ciudad de la Argentina las bandas criminales crecen si no es con la venia policial».
Bergman destaca la complejidad de la coyuntura para definir un diagnóstico: «No es el caso de Argentina, pero en otros países hay grupos capaces de proveer servicios sociales o de mediar en conflictos como el Primer Comando Capital (PCC) en San Pablo –explica el sociólogo–. Estamos en una transición y vienen momentos más difíciles. No sabemos si la retirada del Estado va a ser masiva o si el Gobierno podrá recalcular sus movimientos. La red asistencial es una contención fuerte contra el crimen y para que la situación no se deteriore a la colombiana o a la ecuatoriana».
El horizonte económico que presenta el Gobierno nacional suma otro factor. «Si Argentina dolariza su economía, se perderá la trazabilidad del dinero que hoy se lava en las cuevas financieras, no solo de Rosario sino en todas las grandes ciudades del país –advierte Larroude–. Además, se abaratarían los costos para las organizaciones criminales. El crecimiento en la cantidad de homicidios dolosos fue ininterrumpido en Ecuador desde que dolarizó su economía en el año 2000. Durante el Gobierno de Rafael Correa tuvo una baja pronunciada y hoy Ecuador está cerca de convertirse en un narco-Estado».

Mano dura
Los «resultados impactantes» que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió en febrero sobre el Plan Bandera, implementado en Santa Fe, quedaron desdibujados apenas una semana después con una sucesión de crímenes y atentados que conmocionan a Rosario. Larroude subraya que la criminalidad organizada no puede analizarse por el registro de apenas dos meses, «más ante un cambio de Gobierno nacional y provincial que supone un cambio de reglas de juego y un reacomodamiento de las bandas delictivas».

Según el director del Observatorio de Política Criminal, «no hay otra propuesta en términos de política criminal por parte del Gobierno nacional que asegurar el cumplimiento del protocolo antipiquete que llena de fuerzas federales las protestas sociales». El especialista advierte que las fuerzas de seguridad se convierten «en variables para el ajuste económico», cuestión que afecta la confianza de la ciudadanía: «Esos agentes son los que hacen falta para investigar, conjurar y reprimir la criminalidad compleja. No fueron entrenados para controlar que se proteste en la vereda sino para proteger las fronteras, los mares y ríos y los aeropuertos del país».
Un informe elaborado en 2023 por la Universidad de Tres de Febrero (Untref) reveló que la Argentina tiene una de las tasas de homicidio más bajas en el continente, con una fluctuación entre 5 y 6 casos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el punitivismo sigue a la ofensiva y la ministra Bullrich se ha pronunciado tanto por bajar la edad de imputabilidad como por otorgar mayores resguardos a las fuerzas de seguridad.
«El punitivismo no resuelve el problema delictivo, especialmente cuando se despliega en gran escala», dice Bergman. También director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Untref, se remite al modelo que deslumbra a la derecha: «El presidente Bukele tuvo que meter preso al 3% de los hombres en El Salvador, algo que en Argentina es impensable, y habrá que ver qué sucede dentro de cinco o diez años cuando mucha de esa gente salga de las prisiones».
El investigador encuadra el experimento de Bukele en el «crecimiento exponencial de la población carcelaria» en América Latina. «Hemos encarcelado a más de 2 millones de personas en la última década sin mirar las consecuencias de que esas personas tarde o temprano salen de prisión, y salen peor de lo que entraron, vinculadas a redes delictivas –explica Bergman–. Meter preso al ladrón no resuelve el robo de autos: detrás viene otro, porque existe una dinámica de mercado. Entonces, subsiste el problema y se incrementa el número de personas vinculadas con la criminalidad».
Para Larroude, la derecha argentina nunca tuvo otra receta que la mano dura. «Siempre fue el caballo de Troya de los círculos de poder a quien solo les interesan sus negociados –destaca–. Por eso se busca resolver problemas importantes con medidas de alto impacto mediático, pero de bajísima capacidad de respuesta real».
Sin embargo, Larroude no cree que la coyuntura posibilite las políticas de mano dura. «Si bien es cierto que hay una agenda corrida a la derecha, en breve se agotará por la falta de respuestas a los problemas concretos de la ciudadanía. El Gobierno no puede tomarse demasiado tiempo para resolver la pobreza creciente, la inflación y la desocupación, que para mitad de año puede arrojar cifras alarmantes».

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