2 de octubre de 2022

Esteban Magnani

Ante la estrategia empresarial de que los dispositivos sean cada vez más difíciles de recuperar, colectivos de técnicos activistas promueven el reciclado.

Olvidar el cargador del celular o de la computadora puede ser un problema: los formatos de las fichas varían por marcas e, incluso, por modelos. ¿Por qué, si todos los aparatos eléctricos de una casa utilizan el mismo tipo de conectores, esto no ocurre con los dispositivos digitales?
Si bien las empresas argumentan razones de seguridad, el objetivo es económico: vender cargadores exclusivos permite monopolizar las ventas y determinar el precio de esos productos. Así se aprovecha a los clientes cautivos y se generan ganancias extra. El ejemplo se podría extender a los cartuchos de impresoras, auriculares, pero también a piezas de autos o software. Una parte del modelo de negocios de estas empresas pasa por mantener a los clientes en su ecosistema y cerrar el acceso de los competidores.
La contracara de estas decisiones empresariales, además del gasto que generan, es la cantidad de chatarra que se acumula en el mundo. Solo en Argentina se tiran unas 120.000 toneladas de basura electrónica por año que, para peor, muchas veces tienen componentes contaminantes, sobre todo las baterías.
Hasta tal punto llegaron las cosas que en Europa se aprobó hace unos meses una ley que obliga a todos los fabricantes de celulares a utilizar el mismo tipo de cargador. La decisión ayuda, pero no termina de resolver un problema mayor y más antiguo: la obsolescencia programada, es decir, el menú de mecanismos por los que se hace que un aparato tenga un tiempo de vida útil limitado y así garantizar que se adquiera otro un tiempo después. Algunas piezas se hacen más frágiles de lo que deberían, se utilizan motores pequeños que trabajan al límite, software que se actualiza solo y ralentiza los dispositivos hasta hacerlos inusables y se hace muy difícil la posibilidad de abrir los aparatos o de conseguir repuestos. Así se alimenta también un frenesí por lo nuevo.
Por estas razones, militantes de todo el mundo plantean el derecho a reparar. La multiplicación de los videos disponibles en la web para explicar los trucos necesarios para cambiar un teclado dañado o reparar un lavarropas son una señal de que la demanda existe, pero también de las trabas deliberadas que muchas empresas ponen para que se concrete.

Organización horizontal
«Sería muy importante obligar por ley a que los equipos se fabriquen para poder ser reparados y que haya posibilidad de intercambiar las piezas entre distintos dispositivos, distintos modelos, distintos fabricantes», explica Uctumi, seudónimo que usa habitualmente uno de los referentes de Cybercirujas, un colectivo organizado de manera horizontal y abierta. «Si el Estado no lo exige esto no va a ocurrir: las empresas por sí solas tratan de proteger su propiedad intelectual haciendo conectores propietarios, cargadores, piezas no intercambiables. No se le puede dejar a la iniciativa privada ese tipo de normativa porque no los beneficia».
Uctumi y otros activistas de Cybercirujas organizan eventos en los que reciben equipos viejos, buscan las partes rotas o que se podrían mejorar, les instalan software libre (en general más liviano y adaptable a las posibilidades del dispositivo) y los entregan a quienes los necesitan. «Las motivaciones de cybercirujas son al menos dos. Primero, que la brecha digital es muy complicada, entonces tratamos de reducirla. Nos contacta gente que realmente no tiene posibilidades de comprar un dispositivo, que tiene a sus hijos en la escuela, que quiere trabajar y necesita sí o sí una computadora. Y segundo, quizás no menos importante, viene el tema ambiental: reducir la fabricación innecesaria de equipos que genera contaminación».

Gracias a memorias de mayor potencia que ya no se usan, alguna pieza rota que se toma de otro equipo, software más liviano y otras acciones, se puede duplicar el tiempo de vida de una computadora: «Nosotros estamos haciendo funcionar equipos que tienen a veces más de 15 años de antigüedad y por suerte pueden correr y ejecutar programas; sirven para trabajar y estudiar básicamente. Es una gran diferencia para la persona que no tiene acceso a ninguna máquina».
La experiencia indica que el trabajo se simplificaría mucho con una ley que obligue «a que se fabriquen equipos para poder ser reparados y que haya posibilidad de intercambiar las piezas entre distintos modelos, distintos fabricantes. Si el Estado no lo exige esto no va a ocurrir», insiste el cyberciruja.

Participación ciudadana
En el Club de reparadores hacen un trabajo similar, pero con más artefactos y énfasis en la creación de redes que amplíen el alcance de la iniciativa. La organización surgió en Buenos Aires en noviembre de 2015, inspirado en experiencias europeas similares y desde entonces organizan actividades en distintas ciudades del país y de Uruguay.
«El Club de Reparadores es impulsado por Artículo 41, ONG que conformamos hace unos años», explica Meli Scioli, en referencia a la parte de la Constitución Nacional que habla del derecho a un ambiente sano. «Desde Artículo 41 promovemos la sustentabilidad a través de acciones de comunicación y participación ciudadana. Buscamos tender el puente de la teoría para hacer de la sustentabilidad una práctica cotidiana».
Desde el club promueven la reparación de máquinas no solo para reducir la cantidad de chatarra y ahorrar, sino también para promover saberes que devuelven algo de control sobre los aparatos y para tejer redes sociales y lógicas comunitarias.
La tarea no es fácil. Para impedir que cualquiera repare sus objetos las empresas pueden utilizar desde tornillos especiales a software exclusivo para acceder a la computadora de un auto. Por ejemplo, para evitar este último caso, en Massachusetts, Estados Unidos, en 2012 se aprobó una ley por el Derecho a Reparar de los Propietarios de Autos.
Desde la organización convocan regularmente a encuentros de reparación itinerantes, voluntarios y colaborativos, e invitan a personas de todas las edades y ocupaciones a intercambiar saberes y herramientas para alargar la vida útil de los objetos. «También alentamos a grupos comunitarios que quieran organizar eventos de reparación para que puedan convertirse en organizadores independientes», explica Scioli. De esa manera las experiencias se multiplican sin necesidad de crecer tanto: «En el equipo de la ONG somos siete personas y luego por cada evento y/o proyecto de la organización ampliamos equipo».
Entre estas iniciativas «desde abajo» y leyes que obliguen a las empresas a priorizar los derechos de los clientes, el ambiente o la difusión del conocimiento por sobre los objetivos empresariales de maximización de la ganancia, se puede lograr un uso más razonable y equilibrado de la tecnología. En países como el nuestro, en el que buena parte de los dispositivos se compran en el exterior, la posibilidad de abrirlos, comprender cómo funcionan y repararlos permite ahorro, reducción de chatarra, y también generar trabajo y conocimiento local.

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