24 de mayo de 2024

Maria José Ralli

La parálisis de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales dejó sin medicación a personas con enfermedades graves. Cuando el Estado atenta contra el derecho a la salud.

Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dependía del antiguo Ministerio de Desarrollo Social y pasó a la órbita del Ministerio de Salud, frenó la distribución de medicamentos oncológicos y cerca de 4.000 personas dejaron de acceder a su tratamiento.
«El Estado está presente, y de la peor manera», sintetiza Martín Etcheverry, responsable de la Unidad Coordinadora del Consejo de Salud Provincial (Cosapro), que los primeros días de mayo convocó a más de 10.000 trabajadores de la salud bonaerenses en un congreso que se propuso discutir, entre otras cosas, cómo poner freno a las medidas del Gobierno nacional en materia sanitaria y garantizar a la vez mayor acceso y calidad de atención. 
«El Estado no abandonó el sistema de salud porque hay una decisión de usarlo para desertar de algunas de sus obligaciones», dijo Etcheverry en diálogo con Acción, y agregó: «El presidente juró una Constitución que en ningún lugar dice que tiene que desertar de sus obligaciones con la salud» en tanto que sumó que «desregular el precio de los medicamentos es criminal, así como liberar la posibilidad del arancelamiento de las prepagas, que provocó que los primeros meses de este año cerca del medio millón de personas salieran del sistema de cobertura privada, además de quitarle a la Superintendencia de Seguros de Salud la posibilidad de trabajar con los hospitales de autogestión en el recobro a la Seguridad Social». 
Leonel Tesler, presidente de Soberanía Sanitaria coincide: «No se puede hablar de ausencia del Estado. Está muy presente atentando directamente contra la salud, la seguridad y los ingresos de la mayor parte de la población».

Último recurso
La DADSE es el último recurso que tienen pacientes oncológicos y de otras patologías de bajo, medio y alto costo, con cobertura pública exclusiva y a la que acuden cuando desde sus propias jurisdicciones o bancos de medicamentos les fue negada la medicación. El Estado es el último garante del derecho a la salud cuando se agotan todas las estrategias. 
«Ya tenemos siete muertes como consecuencia de la parálisis de la DADSE. Es una de las más crudas pruebas de las consecuencias que tiene recortar sin pensar en las personas», dice categórico Leonel Tesler y agrega: «Si el costo del ajuste es que la gente muera o viva peor, el ajuste debería ser inaceptable, sin embargo, es motivo de orgullo para el Gobierno nacional. Si no conociéramos el nivel de cinismo que manejan, parecería contradictorio que al mismo el Gobierno que quiere criminalizar el aborto argumentando que defiende el derecho a la vida no le importe que un niño con cáncer muera porque no tiene la plata suficiente para acceder al tratamiento».
Para Etcheverry «el Estado también somos todos nosotros, los y las trabajadoras y vamos a resistir este modelo con las herramientas que tenemos, que es nuestro conocimiento, la solidaridad, nuestra forma de trabajar en comunidad y sobre todo muy abrazados a nuestro pueblo, que es en definitiva para quien trabajamos».

Abandonados
En la Legislatura porteña se realizó una reunión informativa en conjunto con las Comisiones de Discapacidad, Niñez, Promoción Social y Salud y con asociaciones civiles, para abordar la crítica situación. La diputada Victoria Montenegro, a la cabeza del encuentro, señaló la urgencia de «poner en común lo que está sucediendo con el sistema de salud y los medicamentos» y el diputado Juan Valdés denunció que «en CABA hay al menos 50 pacientes que han sido abandonados en su tratamiento». 
«Estamos pasando una situación muy difícil con la restricción de la DADSE», dijo en ese ámbito la oncóloga pediatra Mercedes García Lombardi y advirtió que al año «se diagnostican 1.400 casos nuevos de cáncer en menores de 15 años, de los cuales más del 70% se trata en hospitales públicos, donde logran curar al 75% de esos chicos». 
García Lombardi hizo hincapié en el rol de la salud pública, que siempre se ocupó de brindar las drogas para los tratamientos: «Muchos no tienen obras sociales y el acceso a la quimioterapia se da a través de un circuito que pasa por las distintas jurisdicciones y los bancos de drogas provinciales y lo que no hay, lo debía proveer la DADSE. Al cortarse el circuito hay una gran cantidad de medicamentos que no tenemos, entonces rebajamos la capacidad de curación». Las asociaciones de pacientes exigen, mediante un amparo colectivo, que se dé resolución a los expedientes. Los abogados señalaron en la Legislatura que hace un mes que se discute la competencia de la Justicia y esperan que pronto se activen los resortes jurisdiccionales. «La Justicia es el último eslabón que tienen las personas para acceder; si eso falla, no hay más chance», señalaron en tanto que advirtieron sobre la «situación de vulnerabilidad de aquellos que desde hace más de cuatro meses no reciben tratamiento» y resaltaron que, si no fuera por el trabajo de contención que hacen las organizaciones con recursos e información, muchos no sabrían a quién ni dónde recurrir.
«Salimos de la Legislatura pidiendo a todos los diputados presentes, incluso había algunos de la Libertad Avanza, que por favor accionen; si el punto de partida es CABA, que después se replique en todas las provincias», declaró a Acción Sandra Cirone, presidenta de la ONG Llegaremos a Tiempo, que contó que «hay 1.600 expedientes que entraron en la DADSE a los cuales hoy nadie les está dando respuesta». De ese número, detalla, «dicen que están presupuestando 500, pero todavía los pacientes no tienen la medicación; y los otros 1.100 ni siquiera tienen novedades».
«¿Cuántas muertes más necesitamos?», se pregunta, y advierte que «la espera en los tratamientos o cortar con el ciclo de medicación en las enfermedades oncológicas lleva a la muerte» y por eso el tiempo apremia.
Cirone celebra que en los últimos días Débora Bosco, titular de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, haya concretado un encuentro con Silvia Prieri, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, quien le garantizó la continuidad del otorgamiento de los medicamentos de alto costo y le aseguró que está trabajando en casos individuales identificados como más urgentes en base a criterios de auditoría médica. Sin embargo, añade Cirone, «hasta ahora el Gobierno viene apelando todos los amparos» en una clara demostración de que no están dispuestos a pagar los tratamientos, ni siquiera los judicializados. «Ya pasaron cinco meses, no podemos seguir esperando. La realidad es que estamos siendo abandonados», concluyó.

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