15 de marzo de 2024
Los ingresos de los jubilados son la principal variable de ajuste. En un derrotero que comenzó en 2017, sin una nueva fuente de financiación, el sistema cruje.
En la lucha. Ante el anuncio del regreso del modelo de capitalización y la situación del régimen de reparto, los jubilados no se rinden.
Foto: Jorge Aloy
Los jubilados de casi todas las épocas están acostumbrados a ser una variable de ajuste, pero el Gobierno de Javier Milei introdujo una paradoja: más del 30% del superávit del que se jacta proviene de haberles pisado sus haberes. Cuando hayan pasado los primeros cuatro meses de gestión, el sector pasivo –que se volvió activo en las manifestaciones callejeras– habrá perdido 24% de poder de compra, es decir, será más pobre. «No hay plata, y son el sector que tiene menor porcentaje de pobreza», argumentó el presidente libertario. Sin embargo, ellos y ellas, que peinan canas o las tiñen, no se resignan y a pesar de toda una vida de lucha salen a las calles a protestar, a «poner el cuerpo».
Eugenio Semino fue militante del partido Intransigente y concejal porteño. En la actualidad integra la Defensoría de la Ciudad, donde creó el departamento de la Tercera Edad. A su criterio, la situación actual del sector enfrenta una «crisis humanitaria, económica y sanitaria, con la decisión de sacrificar» a jubilados y pensionados. «Tenemos 7 millones de jubilados y pensionados que vienen sufriendo un ajuste desde diciembre de 2017», afirma. A partir de marzo de 2020, «por un supuesto principio de solidaridad iban reajustando al que ganaba más, hasta llegar a las más altas, solo el 3,7%. Esto provocó un achatamiento de la pirámide y unos 300.000 juicios casi todos ganados», explica.
En el debate de diciembre de 2020, dice Semino, «todos coincidimos en que lo importante era poner una cláusula automática por inflación, pero en 2022 ya empieza el tobogán. Cuando asume Massa como ministro de Economía, empieza la práctica de los llamados bonos, que es un pago en negro, discrecional y excepcional que se convirtió en política de Estado». A su criterio, esos bonos «enmascaran la pérdida real del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios». El año pasado el reajuste con bonos fue del 140% y la inflación llegó al 211%, con el agravante de que los medicamentos aumentaron el 300%.
Castigados
«La devaluación de más del 100% empeora el bolsillo de todos los argentinos, pero sobre todo los más raquíticos que son los de los jubilados, con una inflación acumulada del 65%», expresa Semino. «El Gobierno dice “sigamos con los bonos”, que es más de lo mismo, pero siempre peor. En el superávit fiscal de enero tan festejado, la parte más gruesa, el 32% lo ponen las jubilaciones, es decir que sigue el ajuste».
Como agravante, Semino señala el anuncio sobre las jubilaciones por moratoria que irán a planes sociales. «Tienen el mismo derecho que el que logró la jubilación ordinaria. Hacen terrorismo sobre los jubilados que se mueren de hambre y encima les crean zozobra», califica. «El 90% está cobrando 205.000 pesos, algo que no tiene nada que ver con la historia laboral de las personas, ni con su historia social, gente que trabajó toda su vida, que crio hijos, y lo más grave es que mucho menos tiene que ver con la canasta del jubilado. A octubre de 2023 con gasto de vivienda daba 313.000 pesos, que hoy actualizada está entre 650.000 y 700.000 pesos. Contame cómo hacen los 7 millones de jubilados», se lamenta.
Sobre el anuncio de Milei respecto a modificar la fórmula para reajustar las jubilaciones por inflación, Semino opina que «tampoco alcanza, porque la mínima sigue siendo de 135.000 pesos, solo recibiría 13.000 pesos más, por lo cual hay que seguir dando un bono. El índice de la fórmula de movilidad es un verso mientras no se recomponga el haber».
Lo que se debería hacer, lo explica claramente Semino: «A fines de los 80 las pirámides poblacionales empiezan a envejecer, sumado al cambio de las fórmulas de producción. Tenemos más viejos y menos trabajo. Ahora hay 25 años más de vida plena. Los nórdicos dijeron “los tenemos que convertir en productor de riqueza sino será un gasto social”. A esa persona le ponés salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, es un consumidor fenomenal, tiene tiempo y no necesita ahorrar».
Sin embargo, Semino comenta que «acá es imposible meterlo como concepto, aunque ya está en Brasil y en Bolivia. Tenemos el llamado sistema de reparto asistido, pero el 50% del trabajo en negro aporta cero, la otra parte gana poco. El que más aporta al sistema es el impuesto más regresivo, el IVA. Se viene planteando desde la crisis de 2001, pero no se hizo nada estructural para que sea la renta minera o financiera la que aporte al sistema de seguridad social, tocar intereses a los poderosos resulta más difícil».
Democracia directa
Mario Palavecino tiene 69 años y vive en Villa Lugano. Trabajó 43 años para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hace «changas» desde los 15. Cuida a su nieto mientras su hija sale a trabajar. Militó en la izquierda, pero hoy no se identifica con ningún partido. Es miembro de Jubilados Insurgentes, un movimiento creado en 2019 por personas de distintas afinidades y militancias políticas, sin dirigentes, porque creen en la democracia directa.
Todos los lunes hacen asambleas vía Meet con sus integrantes de todo el país. A partir de consensos, trabajan en función del bienestar no solo de los jubilados sino también de los trabajadores en actividad, de los estudiantes y de los desocupados. «No hubo ningún anuncio para mejorar lo nuestro, pero a la gran mayoría de los trabajadores activos les pasa lo mismo. Esto nos empuja a las calles, a tratar de poner el pecho a la situación», dice Palavecino.
Como si todo esto fuera poco, el funcionamiento del PAMI es hoy muy irregular. «No se entrega la medicación oncológica, muchos compañeros sienten depresión y angustia», agrega. Cuando se le pregunta cómo subsisten los jubilados, responde: «Los que están bien de salud hacen changas. Las ayudas familiares son complicadas porque los hijos también están ajustados, uno busca no molestar, lo dejamos como último recurso».
Insurgentes –que marcha con la Mesa de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina, el Plenario de Jubilados, Jubilados clasistas y Jubilados de Izquierda– cada miércoles reclama haberes dignos frente al edificio Anexo del Congreso, pero también van a todas las movilizaciones «para revertir esta situación de ajuste, de un Gobierno que te dice que no hay plata». Uno de los objetivos de Insurgentes es, además, conformar «un movimiento que abarque también a los sectores activos».
La agrupación sostiene que el Gobierno apunta a eliminar el sistema jubilatorio vigente. «Es una de las exigencias del FMI, por eso le decimos a los trabajadores activos que tomen en sus manos la lucha por la defensa del sistema previsional. Nosotros la pasamos mal ya jubilados, pero ellos corren el riesgo de no jubilarse, es muy amenazante la situación porque van a establecer un sistema de pensión a la adultez que te lo darían a los 70 años y que equivale a un 80% de la mínima, es una locura. Incluso van a abrir la puerta de nuevo a las AFJP, está en el menú, que hace años atrás ya fue un fracaso rotundo».
Mario considera a Norma Plá como «una luchadora enorme», y afirma que tomaron sus banderas. «Daba gusto verla actuar, detrás de su figura había trabajadores pasivos y activos, convocaba a todos los miércoles en el Congreso para apoyar su lucha», recuerda.