11 de enero de 2025

María Carolina Stegman

Una autoproclamada batalla cultural que arrasa con derechos ya conquistados va ahora por la identidad de las personas no binarias.

Podría decirse que la denominada batalla cultural emprendida por el Gobierno de Javier Milei contra los feminismos y las diversidades empezó ni bien inició su gestión, apoyándose en lo que ya venía adelantando en su campaña presidencial.

Basta con recordar su discurso en el Foro Económico Global de Davos donde disparó contra lo que calificó como «la agenda del feminismo radical» bajo el argumento de que «el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos, la piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres estamos creados iguales, todos tenemos los mismos derechos iguales».

Luego vendrían una seguidilla de acciones que no hicieron más que confirmar a quiénes había construido como enemigos: prohibición del lenguaje inclusivo, de libros en las aulas, el cierre del Ministerio de Mujeres, despido de las trabajadoras de la línea 144 que atendían a las víctimas de la violencia machista, desfinanciamiento casi total del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y, la más reciente, la disolución del Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata. Son las mujeres, pero también las diversidades.

Hace poco más de tres meses, incluso, fue el propio ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, quien interpelado en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados para explicitar cuáles eran las políticas públicas en materia de géneros y diversidades del Gobierno, soltó: «El presidente Milei nos encomendó una tarea técnica y una batalla cultural para recuperar la libertad y los derechos del pueblo», y agregó: «Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología: son inventos subjetivos». 

La letra prohibida
Desde hace un par de semanas, circula fuertemente la información de que, en línea con lo que aseguró Cúneo Libarona, Javier Milei firmaría un decreto para prohibir el acceso a los documentos de identidad no binarios, que existen desde 2021 en la Argentina y que convirtieron en una realidad los derechos consagrados en la Ley de Identidad de Género 26.743, de 2012. El DNI no binario posibilita que en los documentos nacionales y pasaportes se pueda usar en el campo referido al «sexo» como referencia «F» (femenino), «M» (masculino) o «X», destinado a quienes no se sientan identificadas con ninguno de los géneros del binomio. De acuerdo con los datos del último Censo Nacional, en el país existen 8.293 personas que se autoperciben como no binarias, de las cuales unas 1.500 solicitaron el cambio de su documento. No obstante, para el Gobierno libertario, hay una «escasa representación en términos de utilidad de la nomenclatura no binaria».

«De acuerdo con la Ley 26.743, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente y esa identidad debe ser respetada por la sociedad y el Estado. La vivencia interna puede no coincidir con los sexos/géneros establecidos como “mujer/femenino” u “hombre/masculino” y el DNU de DNI no binario lo único que hace es reglamentar cómo acceder a ese derecho ya establecido por ley», explica en diálogo con Acción María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT+. Derogar ese DNU, entonces, explica la exlegisladora, no termina con el derecho en sí mismo, pero sí puede obstaculizar su ejercicio en sede administrativa –poniendo en falta a la administración pública– obligando a las personas que quieran ejercer ese derecho a litigar para acceder a él.

«Esta obstaculización vulnera el derecho consagrado por la ley argentina en cumplimiento de compromisos asumidos internacionalmente, pero además genera un retroceso concreto en materia de derechos que quebranta también el principio de progresividad de las leyes», expresó Rachid.

Inconstitucional
Manu Mireles es docente y activista trans no binaria, cofundadora además de la organización Mocha Celis, reconocida a nivel mundial por haber implementado el primer bachillerato para personas trans. Para ella la medida del Gobierno es simbólica, pero también «regresiva» para el día a día de las personas.

«Es muy grave que se piense en derogar el decreto que habilitaba un DNI no binario. Ese documento lo que hace es legitimar que existen muchas opciones de identidad, que no están ancladas por las características sexuales o sexo biológico, sino que existimos otras personas. La medida, de hacerse efectiva, es inconstitucional y va en contra de los tratados internacionales, es gravísimo, pero además lo que hace es mostrar a la sociedad que esto no debería existir; las personas no binarias existimos desde antes de que existiera el DNI y vamos a existir después. El Estado es responsable de garantizar derechos para todas las personas, no importa cuál sea el número. Si son pocas seguro no se va a tener que invertir mucho dinero, lo que hay que hacer es tomar medidas que garanticen la plena convivencia democrática, el respeto a los derechos de la comunidad», aseveró.

Mireles recuerda que en lo personal la aprobación del DNI no binario fue como «un paso importantísimo hacia algo parecido a la libertad». «Cuando pienso en democracia pienso en libertad, el tema es que históricamente esa libertad era para un grupo de personas. Cuando el Estado solo garantizaba que una pareja heterosexual pudiera tener una familia no estamos hablando de derechos sino de privilegios, por eso fue importante el matrimonio igualitario –reflexiona la docente–; cuando logramos que se conquistara la Ley de Identidad de Género tuvimos la posibilidad las personas travestis trans y no binarias de acceder al sistema de salud, educativo, a plenos derechos, lo mismo con el uso de la X, con el cupo laboral trans, todas estas políticas públicas, entre ellas también la ley del aborto y la interrupción legal del embarazo, garantizaron que la justicia social estuviera presente». Según la activista, «todos estos marcos normativos son el resultado de muchos años de militancia, de la pérdida de muchas vidas, pero por sobre todo el resultado del marco más democrático que tuvo la Argentina», dice.

Respuestas desde lo legal
A partir de la posibilidad de que el Gobierno elimine el DNI no binario se abrió ciertamente la incertidumbre de quienes ya cuentan con este documento. «De acuerdo con la legislación nacional y los tratados con jerarquía constitucional en nuestro país, de ninguna manera es posible quitarles un derecho que ya tienen reconocido, por lo que implicaría imponerles una situación de exclusividad que probablemente tenga aparejado un contexto de inseguridad jurídica en todo sentido –comenta Rachid–. Por todo esto, y en defensa de todos los derechos que hemos logrado en todos estos años, desde la Federación Argentina LGBT+ vamos a plantear la inconstitucionalidad de cualquier intento de derogar este DNU y vamos a llevar el tema a la Justicia y a la Corte Interamericana, si es necesario», asegura la exlegisladora.

Lo dicho por Rachid está en línea con lo que planteó recientemente el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en una entrevista al portal LetraP: «La Constitución y los tratados internacionales reconocen la identidad de género como un derecho, por eso no se puede eliminar con un simple decreto, porque no solo va en contra de la ley, sino que sienta un precedente regresivo respecto a la consolidación de un derecho adquirido como este», y aclaró que el Estado no puede desconocer los documentos que hasta el momento fueron emitidos con este género.

Para Mireles, resulta fundamental en estos momentos que todas las comunidades sigan organizadas, abrazando y conteniendo a las personas: «Estas medidas pueden hacer que sea mucho el sufrimiento para cualquier integrante de nuestro colectivo, las personas travestis-trans y no binarias existimos, resistimos y vamos a seguir existiendo –afirma la docente–. Pensemos como comunidad, pero también como familia qué va a significar para nuestras infancias, para nuestras adolescencias y para el futuro del país. Es importante además preguntarnos por qué se piensa, desde algunos sectores, que hay personas más legítimas que otras y por qué unas merecen vivir y otras no; todas las personas tenemos derechos, merecemos vivir y a habitar distintos mundos posibles», concluye.

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