17 de junio de 2024
El cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia hacia las mujeres y diversidades sexuales ratifica el desprecio del Gobierno de Javier Milei por lo público e incumple tratados internacionales.
Última vez. En 2023 el Palacio del Congreso de la Nación se iluminó de violeta por el Ni una Menos. Este año, las autoridades no acompañaron.
Foto: NA
Podría decirse que desde la asunción de Javier Milei las políticas de género vienen sufriendo una paulatina degradación, traducida en la destrucción primero del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y su reducción a una Subsecretaría para, finalmente, bajo argumentos que hablan de «superposición de funciones» o la imposición de una «agenda ideológica», darles la estocada final con el cierre definitivo.
Apenas tres días después de un nuevo aniversario del Ni Una Menos, el pasado 6 de junio Claudia Barcia, titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, renunció al ser notificada de que el área a su cargo iba a dejar de existir. En su empecinada carrera hacia la destrucción total del Estado, el Gobierno no solo deja a cientos de personas, muy calificadas en la mayoría de los casos, frente al desamparo de la desocupación, sino que incumple leyes nacionales y acuerdos regionales e internacionales, pero además, y aquí la mayor gravedad de la medida, despoja de la protección estatal a miles de mujeres, niñas, niños y diversidades en un país donde se produce un femicidio cada 35 horas, de acuerdo con los datos de 2023 aportados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, número que representa un 11% de aumento respecto de 2022. En 2023, unas 272 personas murieron víctimas de violencia de género: 250 fueron víctimas directas, y 22 fueron víctimas de femicidio vinculado, esto significa que eran niños, niñas o adolescentes asesinados en contexto de femicidio.
Como en otros casos de eliminación de áreas gubernamentales, no hubo comunicación previa a las trabajadoras, casi 700, muchas de ellas abocadas a la línea 144 de acompañamiento y prevención de la violencia machista, que están en la incertidumbre respecto de su futuro. La misma Barcia se expresó mediante un comunicado relatando cómo se había enterado de la disolución de la Subsecretaría, lo que motivaba su alejamiento: «Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de Whatsapp a las 19:57 hs. por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha». Así de impersonal y despreocupada fue la misiva.
Pero la crueldad narrativa no frenó ahí. El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó el mismo 6 de junio un comunicado oficial en el que se sostiene que «este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos. Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas», y agrega además que se «detectó que existe una clara superposición de funciones entre distintas agencias gubernamentales». En esa línea, se asegura, además, que el funcionamiento de esta dependencia «implica mantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados, con distintos sueldos. Dinero que al Estado argentino no le sobra».
A estas alturas a nadie pueden sorprender las respuestas que de inmediato suscitan en las redes sociales las medidas del Gobierno, sobre todo de quienes las festejan, aun cuando se trate de funcionarios nacionales. Es así que la canciller Diana Mondino comentó la publicación de Adorni con el anuncio del cierre de la Subsecretaría en la red social X de esta manera: «Saluden al Ministerio de Mujeres y Sandwichitos que se fue».
Ni Una Menos. El 3 de junio se realizó la histórica marcha frente al Congreso Nacional.
Foto: NA
¿Desprecio inocultable por el Estado? ¿Ignorancia? ¿Un comentario tribunero? Para Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la canciller «puede usar esos mensajes irónicos internamente, pero la realidad es que va a tener que explicarse cuando pida la entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo. Por otra parte, hay un incumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además, existen tratados internacionales que son elementos constitucionales, como la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994), ahora viene Beijing +30. Me pregunto cómo va a explicar el cierre (de la Subsecretaría) si en ese acuerdo había un compromiso de jerarquizar las áreas de género», subrayó en diálogo con Acción.
Todos estos tratados que menciona Bianco fueron aprobados por el Estado argentino por las Leyes 23.179 y 24.632, respectivamente, y obligan a los Estados a impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Pero además de la violación de todas estas convenciones, Bianco advirtió que el correlato más tremendo y peligroso se verá en el día a día. «La consecuencia más directa de esta medida es que al cerrarse la Subsecretaría de Género y traspasar las funciones al Ministerio de Derechos Humanos, no sabemos aún en qué medida va a poder seguir la línea 144, que era la línea de atención de las mujeres y las personas víctimas de violencia, además era una línea que funcionaba las 24 horas, los siete días de la semana y para la cual se precisa de personas capacitadas. Echaron a la mayoría del personal, los que quedaron no sabemos quiénes son, no sabemos quién asumirá esta tarea, esto es muy grave», sentenció.
Lo que se sabe hasta el momento, de acuerdo con la promesa oficial, es que las políticas contra la violencia de género se cumplirán en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en tanto que otras tareas pasarán al ámbito de la Secretaría de Justicia, ambas dependientes del Ministerio de Justicia.
«El Gobierno es el responsable de informar lo que hizo, como organización vamos a denunciar esta medida, va a tener que cumplir con las políticas de género o explicar por qué no lo hace, es obligatorio, además es un incumplimiento de compromisos internacionales, pero lo más grave es que los femicidios siguen, la violencia sigue, pese a lo que se hacía, si ahora encima se termina (el área específica), va a haber un aumento y el Gobierno será el responsable de esas violencias y muertes», concluyó Bianco.
