27 de febrero de 2024

María Carolina Stegman

El anuncio del cierre del Inadi se alinea con el discurso conservador del oficialismo, pero también intenta distraer la atención pública de los efectos de la crisis social y económica.

El jueves último el Gobierno nacional, a través de su vocero, Manuel Adorni, anunciaba el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) bajo el argumento de que «no sirve absolutamente para nada», que «son cajas de la política» o «lugares para generar empleo militante». De este modo se dio el primer paso para echar por tierra casi tres décadas de políticas orientadas a erradicar la discriminación en el país.
Bien vale hacer un poco de historia. Cinco años después de la recuperación de la democracia, más precisamente un 3 de agosto de 1988, el Congreso Nacional aprobaba por unanimidad la ley 23.592 contra actos discriminatorios. Siguiendo esta línea, la reforma de la Constitución en 1994 también incluyó tratados internacionales contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, por ejemplo, el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en el artículo 75˚, inciso 17. Esto significa que la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Inadi, no surgió en el vacío, el país venía transitando un camino hacia una sociedad más igualitaria.
Lamentablemente, su nacimiento, en 1995, también tuvo como precedentes dos de los hechos más trágicos de la historia argentina: los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994). Mucha agua ha pasado bajo el puente y, afortunadamente, al calor de las luchas y movilizaciones sociales, movimientos feministas y de defensa de la diversidad sexual, fueron cada vez más los colectivos que sumaron su voz para mantener siempre vivo el espíritu de la ley.
Por esto, ante el anuncio de su cierre, no tardaron en expresar su rechazo. Tal fue el caso de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que, mediante un comunicado, sostuvo que la decisión de cerrar el Inadi «atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial». 
En el mismo sentido se manifestaron otras organizaciones, como el Frente de Orgullo y Lucha y la Asociación Civil Mocha Celis. «Cerrar el Inadi es una decisión política cuyo efecto no es solamente desmantelar el Estado. También significa una habilitación indirecta por parte de las autoridades nacionales a la discriminación y al aumento de la violencia en un contexto plagado de discursos de odio», aseguraron en la red social X.

Cortinas de humo
Hay quienes, además de repudiar el cierre del Inadi, señalan que la decisión también forma parte de las estrategias distractivas para un presente acuciante en materia económica y social. Además, para eliminar un organismo que fue creado por ley, debería intervenir el Congreso. Al respecto, María José Lubertino, expresidenta del Instituto y titular actual de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, en una entrevista radial con AM750 lo dejó en claro. «Muchas de estas cosas que están haciendo tienen más que ver con tener un impacto en las redes sociales, distractivo de las medidas económicas, sociales y de las cosas graves que están sucediendo», sentenció.
En la misma línea opina, consultada por Acción, la doctora en Ciencias Sociales Micaela Cuesta, quien considera que las cortinas de humo generan tal desorientación que hay un gran riesgo de que terminen siendo efectivas. «Esta medida es coherente con la política que lo lleva a Milei al Gobierno. Es verdad que es una coherencia parcial, porque no todos los seguidores y votantes tienen el mismo vínculo con el Estado, muchos de sus seguidores, aun sintiéndose decepcionados o fracasados por cierta performance del Estado, siguen esperando de este la solución de muchos de sus problemas», asegura la socióloga.
Por otro lado, señala Cuesta que «hay tal cantidad de iniciativas del Gobierno que el nivel de desorientación es inédito. Cuando se utilizan cortinas de humo en general se pone en escena un tema para ocultar otros, acá se ponen cien al mismo tiempo, es tan difícil interpretar y procesar lo que está ocurriendo a nivel de Gobierno por parte de la población», sostiene la investigadora.
Pero además hay otra cuestión, igual o más grave aún, y es la legitimación de los discursos de odio cuando medidas como la eliminación del Inadi vienen de la mano de quien fue elegido democráticamente. «Siempre que estas acciones estén protagonizadas desde lugares de poder, legitiman a aquellos que no lo tienen a seguirlas», asegura la especialista.

Momento histórico
Las redes sociales son sin duda donde más caldo de cultivo encuentran estos enunciados y aquí también se presenta un gran riesgo. «La reiteración, la naturalización y la normalización de discursos de odio genera climas de intolerancia que pueden dar lugar a prácticas violentas en la sociedad en un momento histórico determinado», advierte.
Para la investigadora, en las coyunturas de crisis también emergen fenómenos que mezclan pensamientos anarcoliberales con medidas ultraconservadoras, esto es, la denuncia de supuestos privilegios en la puesta en marcha de políticas que han beneficiado a grupos históricamente vulnerados como los colectivos de etnia, género, raza, que justamente protegen instituciones como el Inadi.
«Las juventudes también están en ese lugar de desorientación y deconstrucción fallida que hace que empiecen a ver con buenos ojos estas propuestas, que plantean venganza contra falsos opresores, como las mujeres, las minorías o quienes tienen una discapacidad; está todo muy tergiversado –reflexiona Cuesta–. No obstante, siempre hay una salida, que pasa por la organización intersectorial, que trascienda las demandas identitarias afirmativas, sin renunciar a estas, pero capaz de articular las distintas posiciones de subordinación de los diferentes movimientos en una demanda más universalizable, donde se sientan incluidos todos y todas, ampliar el horizonte de la lucha», concluye.

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