1 de agosto de 2024
La Ley Bases tendría un impacto directo sobre esta vital industria. Capitales extranjeros podrán apropiarse de recursos argentinos, tal como ya lo hacen buques taiwaneses, españoles y polacos.
Pesca ilegal. Un guardacostas de Prefectura capturó en febrero un buque surcoreano dentro de la Zona Económica Exclusiva.
Foto: NA
«La soberanía marítima es el derecho que tiene el Estado sobre una porción de su territorio marítimo, sobre sus recursos vivos, su lecho y su subsuelo. El Estado, ejerciendo su soberanía debe proteger los recursos naturales que se hallan en él, desde sus costas hasta el límite con aguas internacionales que es definido por la Zona Económica Exclusiva a 200 millas náuticas de la línea de base costera. De esta manera evita la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la contaminación, ya sea por hidrocarburos u otros componentes. Además, la soberanía incluye promover el desarrollo del espacio marítimo a través de la industrialización de la pesca, la investigación científica en todas sus ramas tanto biológicas como oceanográficas, el turismo, la infraestructura portuaria, las energías renovables, la lucha contra la pesca ilegal, entre otras actividades», explican Elena Louge y Saúl Gaviola, investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) e integrantes del área de Soberanía Marítima y Fluvial del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.
–¿De qué manera se lucha por la soberanía?
–La lucha por la soberanía no pasa únicamente por recuperar las Islas Malvinas, debemos avanzar en otras áreas, como por ejemplo el aprovechamiento de nuestros recursos pesqueros que son un Bien Común Natural y nos pertenecen a todos los argentinos. Entre la flota con licencias de pesca de Malvinas y la pesca ilegal ejercida por buques chinos y taiwaneses, pero también españoles y polacos se quedan con la mayor parte del calamar, perjudicando directamente las capturas de flota de bandera nacional.
El Estado debe disputar los recursos pesqueros ya que estos son mayormente usufructuados por capitales privados y la administración de la pesca está permitiendo la concentración de ganancias en pocas empresas, donde más del 90% se exporta sin valor agregado, se generan pocos empleos, las retenciones o derechos de exportación son mínimos o nulos y no se estimula el mercado interno. Este último está caracterizado por el bajo consumo de pescados y mariscos, que en Argentina se encuentra entre 5 y 8 kg/persona/año, muy por debajo de la media mundial de 20 kg/persona/año, e incluso por debajo de la media latinoamericana que se encuentra alrededor de los 10 kg/persona/año.
En el caso de algunas especies como el langostino, una parte importante del crustáceo se exporta para ser procesado en otros países como Perú, Guatemala, Paraguay, Vietnam o Tailandia.
Otra característica preocupante es la extranjerización de la flota, que fue creciendo facilitada por la Ley de Inversiones Extranjeras que equipara los beneficios de los capitales foráneos con los nacionales. Para revertir esta situación de apropiación privada de los beneficios de un bien común sería conveniente modificar el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura y terminar con la apropiación totalmente privada de los beneficios de la pesca.
La cuestión Malvinas
–¿Se pueden historizar las violaciones a la soberanía marítima?
–Nuestra soberanía marítima fue violada por la ocupación de las Islas Malvinas por el Gobierno británico. La invasión no fue solo terrestre, sino que también, en el año 1982, definieron una Zona de Exclusión Marítima donde los buques argentinos no pueden ingresar. Esta zona de exclusión abarca una circunferencia imaginaria de 200 millas náuticas (alrededor de 360 kilómetros) desde el centro de las Islas Malvinas hacia su alrededor.
Otro avance en desmedro de nuestra soberanía fue llevado a cabo en 2012 cuando el Gobierno de Londres, unilateralmente, estableció un Área Marina Protegida alrededor de las Georgias regulando cualquier actividad humana y en marzo de 2024 ampliaron unilateralmente la zona estableciendo restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000 kilómetros cuadrados adicionales del Mar Austral en torno a las mismas islas. Estas aguas no solo están en disputa por la soberanía con nuestro país, sino que además están sujetas a lo normado por la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (Ccamlr).
Procesamiento. Empresas poderosas desestabilizan plantas nacionales que generan empleo en tierra.
Foto: Diego Izquierdo
–¿Qué son las cuotas individuales transferibles?
–El Estado otorgó a cada buque pesquero un título de propiedad sobre una porción del recurso (por ejemplo, una determinada cantidad de toneladas de merluza por barco), por un período de 15 años. Estas cuotas están sometidas a la lógica de mercado porque se pueden «transferir», es decir, vender o alquilar entre las empresas. Durante estos casi 15 años se observó que las cuotas se concentraban en pocas empresas cada vez más poderosas que influyen fuertemente en el mercado, desestabilizando a decenas de empresas que generaban empleo en plantas procesadoras en tierra. Así, vemos cómo el Estado pierde soberanía sobre estos recursos quedando en manos de los grandes jugadores de las cadenas globales de valor del sector.
Además, este sistema favorece el descarte (los peces que no alcanzaron la talla comercial son arrojados sin vida al mar), que en su mayoría son juveniles que aún no se reprodujeron. Esta práctica afecta la abundancia de la población.
Libres de aranceles
–¿Qué cambios en ese sentido se llevarían adelante con la Ley Bases?
–La ley «Bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos», impulsada por el Gobierno, propicia el ingreso de dinero sin el control de su procedencia, desalienta la industria nacional y avanza sobre los derechos provinciales y la soberanía jurídica. Contiene un capítulo dedicado al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios impositivos a las inversiones mayores a 200 millones de dólares, dejando de lado a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, permite el pago de IVA con crédito fiscal, otorga reducciones del Impuesto a las Ganancias, exenciones del pago de derechos de exportación luego del segundo o tercer año, y beneficios a la hora de liquidar dólares producidos por las exportaciones. También podrán importar bienes libres de aranceles y no pagarán el impuesto PAIS; además quedan exentos del pago de impuestos inmobiliarios, ingresos brutos y tasas municipales. Si bien el RIGI incluido en el proyecto de la Ley Bases está orientado a favorecer inversiones en la explotación de hidrocarburos, gas natural y en el sector minero, también podría, en caso de aprobarse, tener un impacto directo en el sector pesquero.
Capitales extranjeros dueños del mercado mundial de la pesca podrían apropiarse de nuestros recursos pesqueros, perjudicando a empresas nacionales que no podrían competir ante las asimetrías de los beneficios otorgados, sumado a ello, el Estado recibiría menor renta que en el presente, con la agudización del desempleo y profundizando la primarización de las exportaciones.
Otras de las medidas contenidas en el RIGI es la de permitir la importación de bienes usados, que en el ámbito de la pesca se materializaría con importaciones de embarcaciones de mucha antigüedad, dejando sin efecto la normativa actual que impide que las mismas no deben superar los 40 años de antigüedad. De esta manera se acrecienta el riesgo de accidentes marítimos poniendo en peligro la vida de los tripulantes. Al mismo tiempo, se perjudica el crecimiento de los astilleros navales nacionales con sus consecuencias sobre el empleo industrial.
En síntesis, la mirada del actual Gobierno lejos de comenzar a solucionar los problemas existentes va en dirección a profundizarlos.
