11 de octubre de 2024
La amenaza de cierre del Hospital Nacional Laura Bonaparte puso en evidencia el plan del Gobierno: ensayo y error para avanzar sobre el modelo de atención pública.
Acuerdo parcial. Tras días de movilizaciones, con el apoyo de vecinos y trabajadores, quedó demostrado que «luchar sirve».
Foto: Guido Piotrokwolski
Al grito de «No se cierran hospitales en Argentina» y «el “Bona” no se cierra», los trabajadores del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte se convocaron para plantear un plan de lucha para «defender aquí, pero también en todo el país, la salud como un derecho y no la salud como un negocio». «Rechazamos cualquier posibilidad de que se clausuren servicios, se inicie un proceso de vaciamiento o se cierre el hospital de referencia, un hospital modelo en la atención de salud mental para todo el país», declararon en conferencia de prensa a principios de la semana.
Tras días de preocupación, movilización y reclamos, con apoyo de vecinos, familiares y trabajadores, quedó demostrado que «luchar sirve»: los gremios del hospital lograron un principio de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, que se comprometieron a normalizar el funcionamiento de todos los servicios del hospital y dar continuidad a todos los contratos. Además, se propuso crear una mesa de trabajo conjunta entre profesionales y autoridades «para debatir los términos de la reestructuración planteada».
El acuerdo parcial puso una pausa en las medidas de fuerza, pero los trabajadores siguen en alerta.
Vulnerables
La avanzada contra la salud pública y el ajuste del Gobierno de Milei comenzó con la interrupción de programas dependientes de la cartera sanitaria nacional como Salud Investiga, Municipios Saludables, Salud en Contextos de Encierro y Equidad Sanitaria Territorial, y dio un paso más con la decisión del «traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones provinciales, entre ellos el Hospital Nacional Bonaparte», anunciada por el vocero Manuel Adorni.
La marcha atrás al cierre del Bonaparte es una buena noticia, pero los trabajadores esperan que desde el Gobierno se retracten públicamente. En diálogo con Acción y durante los días de reclamo y toma de edificio, el psicólogo social Daniel Antagli, explicó que «el hospital, que atiende a una población bastante vulnerable, funciona a partir de los servicios de demanda espontánea, consultorios externos y guardias, justamente lo que pidieron que se cierre» y advirtió que desde el Gobierno «van por el vaciamiento de la salud pública, van por el vaciamiento de la educación y de la cultura, todo para que los números denۜ».
Antagli confirmó que «desde que asumió este Gobierno hubo 50 bajas, 30 despidos y 20 renuncias, todos profesionales, entonces la atención quedó muy reducida, se perdieron esos puestos de trabajo y los que seguimos trabajando estamos con mucha demanda, cubriendo algunos que quedaron vacantes».
Para Silvana Gargiulo, psicóloga del servicio de atención a la demanda espontánea del hospital, «sin duda este es el preludio de un proceso de desguazamiento de la salud, de la salud mental, no en particular, sino incluida dentro de la salud integral, pero quizás tiene algunas especificidades que hacen que sea el primer objetivo».
Gargiulo resaltó además que «este hospital es referencia a nivel nacional de la Ley de Salud Mental que propone otra lógica distinta a la de manicomialización imperante durante años y justamente, ellos apuntan a que en este hospital no se hacen suficiente cantidad de internaciones». En este punto, señaló que «aquí las internaciones son pensadas como un proceso, una posibilidad cuando no hay otras y teniendo en cuenta las complejidades de nuestros pacientes, cuyos derechos son vulnerados en toda su amplitud, son personas con derechos vulnerados a nivel psicosocial, sin techo, sin trabajo, sin acceso a la educación, y sin acceso tampoco a la salud».
De hecho, confirma Gargiulo, el Bonaparte atiende personas en situación de calle «que son expulsados de todos los servicios o de la mayoría de servicios de otros efectores, lamentablemente», y sostiene que, si bien tuvieron que ir para atrás con las medidas, «el objetivo es que la salud pública, gratuita y de calidad se caiga, al igual que la educación y la cultura».
Cuidar la salud mental
La Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP), preocupada porque la situación del Bonaparte «compromete el acceso a tratamientos interdisciplinarios y comunitarios, fundamentales para la salud pública», enfatiza que «la salud mental es un problema urgente a nivel mundial y que el cierre de este hospital reduce la capacidad del sistema de salud para ofrecer respuestas integrales y equitativas», en tanto criticó al nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, «por permitir esta decisión, argumentando que va en contra de los principios científicos».
Desde la Fundación Soberanía Sanitaria Hospital recuerdan que el hospital Bonaparte «inició un proceso de transformación del modelo de atención desde una perspectiva integral, interdisciplinaria e intersectorial, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental ampliando exponencialmente su capacidad de atención». En ese sentido, el establecimiento cuenta con consultorios externos para seguimiento y atención de la demanda espontánea que atiende alrededor de 3.000 consultas mensuales y hace entrega de medicación a 140 personas que se encuentran en tratamiento.
Cuenta, además, con un dispositivo de atención telefónica para orientación y apoyo en la urgencia de salud mental durante las 24 horas con alcance nacional y un Hospital de Día que atiende cerca de 1.000 consultas. Más de 25 personas participan en los 10 talleres que se ofrecen, junto con acciones de prevención con presencia directa en barrios con equipos interdisciplinarios y un servicio de guardia en salud mental las 24 horas «que resulta fundamental para la atención de las urgencias y con camas de internación para el abordaje de problemáticas de salud mental desde una perspectiva integral e interdisciplinaria, tal como lo establece la Ley Nacional de Salud Mental».
