Hace casi dos décadas que los holdouts son un condicionante más de la situación económica argentina, tras litigar contra el país para hacerse de ganancias extraordinarias con títulos en default. Ahora van tras los juicios de empresas estatizadas.
12 de junio de 2019
La pelea entre Argentina y los fondos buitre parece haber caído en un bucle, un término informático que describe un ciclo que se repite de forma indefinida debido a que su condición para finalizar nunca se cumple. Luego de haber embolsado suculentas ganancias con la decisión del actual Gobierno de pagarles todo lo demandado por los títulos argentinos en default, los holdouts ahora están detrás de los litigios por las expropiaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Aerolíneas Argentinas.
En 2012, el Gobierno nacional impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos del grupo español Repsol. La reestatización abrió dos frentes de conflicto. Por un lado, con Repsol, que finalizó con un acuerdo indemnizatorio de 5.000 millones de dólares pagaderos en títulos de deuda a 20 años. Por el otro, con el Grupo Petersen (GP) de la familia Ezkenazi, que tenía una participación accionaria minoritaria en la petrolera a través de dos empresas (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía). El reclamo de los Ezkenazi planteaba que el Gobierno debería haber ofrecido comprar sus acciones. En la actualidad, el demandante principal es el estudio jurídico británico Burford Capital Limited, especializado en comprar a bajo precio casos conflictivos, que adquirió los derechos del GP en el marco de la quiebra tramitada por el grupo en los tribunales españoles. La jueza estadounidense Loretta Prieska (sucesora del fallecido juez Thomas Griesa) ya falló a favor de los demandantes y el tribunal de alzada respaldó la sentencia. En virtud de ello, Argentina debería pagar un monto aproximado de 1.750 millones de dólares, más intereses y punitorios. Por su parte, el 7 de enero de este año, la Corte solicitó al Gobierno estadounidense que opinara sobre el pedido de la defensa de los representantes del Estado argentino que plantearon que el juicio debía trasladarse a los tribunales locales. Mientras que el macrismo esperaba un guiño favorable de Donald Trump, el procurador general norteamericano recomendó que el juicio continúe en Estados Unidos. La Corte tomará una decisión definitiva en julio.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, el país acaba de perder un juicio por su expropiación ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), una organización que opera dentro de la órbita del Banco Mundial y forma parte del andamiaje institucional neoliberal diseñado para proteger a las inversiones extranjeras. De acuerdo con el laudo del Ciadi, que es inapelable, el país debería pagar 320 millones de dólares. Los beneficiarios del fallo son el fondo buitre Burford, que compró la mayor parte de los derechos del juicio, y un estudio jurídico argentino.
Alerta en el CIADI
Otro dato preocupante en el frente internacional surge también del CIADI. El organismo informó en su página oficial, el 30 de abril pasado, que la ex-AFJP Orígenes, que pertenecía al holding integrado por las holandesas ING, NNH y NNI Insurance International, reclama al país 500 millones de dólares en compensación por la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. La demanda del grupo holandés se suma a la de Metropolitan Life (Metlife), que inició un reclamo el 14 de junio de 2017 por 161 millones de dólares. Un fallo adverso para el país podría abrir la puerta para que todas las ex-AFJP presenten recursos legales contra Argentina por la eliminación del sistema de capitalización. En la Justicia argentina ya iniciaron demandas las administradoras Profesión + Auge; Arauca Bit (OSDE); Unidos; Futura; Máxima (HSBC); Consolidar (BBVA); y, obviamente, Orígenes.
