13 de marzo de 2024
Con un recorte de hasta el 55%, el sector científico es otra de las víctimas del Gobierno nacional, sin importar los aportes que el conocimiento pueda ofrecer al país.
Alberto Kornblihtt, biólogo molecular, investigador del Conicet y exdirector del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, asegura que, además de la poda de fondos, «hay una parálisis del funcionamiento» que ha llevado a que no se ejecuten partidas especialmente otorgadas por el BID para la investigación científica.
«Quieren demoler los logros de la democracia y los lazos sociales, hacerle creer a la población que, si uno se salva y los otros no, todo está bien.»
Doctor en ciencias químicas, Kornblihtt además posee una vasta trayectoria y más de 140 trabajos publicados en el exterior. Logros que, resalta, consiguió estudiando y trabajando en el país. Mencionar este hecho para él es importante ya que consiera que existe una campaña en contra de la educación pública para favorecer a las privadas: «Se dice que no somos rigurosos en las universidades públicas cuando sabemos que no es así», dice, y destaca cómo los estudiantes extranjeros se ven impresionados por el nivel de exigencia de las carreras en nuestro país.
–¿Cómo se sienten los recortes en el sector?
–Mucho de lo que temíamos durante la campaña está ocurriendo. No cerró el Conicet, pero está ahogando presupuestariamente a todo el sector de ciencia y técnica. No solo con los salarios o los montos de las becas, sino con el funcionamiento y con los compromisos que ya estaban establecidos con el Gobierno anterior. Hay una reducción de becas doctorales, no se están pagando los subsidios de investigación que ya estaban aprobados y que venían en curso, además de que la devaluación sin actualización ha licuado el poder adquisitivo de los otorgados. El objetivo de este Gobierno no es reducir el gasto, sino destruir el Estado y en particular un sistema de ciencia y técnica que era virtuoso, que podía ser mejorado, pero que en realidad esta gente no tiene ningún interés en preservar. Surge el peligro, además de la fuga de cerebros, de una destrucción de algo que llevó años construir y que costará muchos más años reconstruir.
–Hubo una amenaza de intervención a institutos autárquicos, ¿usted cree que hay algo detrás?
–Estaba en la Ley Ómnibus y en realidad no hace falta un nuevo instrumento legal para intervenir una institución autárquica como el Conicet o tantas otras. Ya el Gobierno lo podría hacer si hubiera una causa. Ellos lo pusieron porque quisieron amenazar: «Si no ajustan, si no echan, si no reducen las becas, los ingresos a la carrera y los subsidios, los vamos a intervenir». Es deplorable que tengamos gobernantes que, uno no les pide que entiendan la ciencia, pero que no vayan a contracorriente del mundo. Por suerte siempre surgen reacciones que son loables. Como consecuencia de estos ajustes y achiques, se formó una red de directores de todo el país llamada Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt). De los 310 institutos hay 245 que están en la red. Y están de todas las ideologías: también los que votaron a Milei o Bullrich y los que votamos por el kirchnerismo.
–En su intervención en el plenario sobre la Ley Ómnibus usted aclara que «es gracias a la inversión del Estado que se han logrado grandes avances en todo el mundo». ¿Qué ejemplos podría mencionar?
–La mayor parte de las vacunas fueron desarrolladas en el mundo en laboratorios financiados por el Estado. Internet como tecnología en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Las pantallas táctiles también son producto de universidades sin fines de lucro. En EE.UU. el 90% de los estudios en biomedicina es financiado por los institutos nacionales de la salud. Esos científicos son los que hacen avanzar a la medicina y a la industria farmacéutica. Este Gobierno retrasa, no comprenden que el avance de la posibilidad de darle valor agregado a los productos que surgen de nuestra tierra solo lo va a dar la ciencia y la tecnología. La inversión es muy baja, a comparación de países como Brasil, Chile o México. Y por eso era bienvenida la ley de ciencia y técnica que se votó por unanimidad el año pasado, que llevaba el aporte estatal de un 0,3% del PBI a un 1% de ahí a ocho años.
«Son de esas universidades públicas de donde salen los mejores investigadores. Y los mejores profesionales liberales también: arquitectos, ingenieros o médicos.»
–El presidente Javier Milei en su momento amenazó con cerrar el Conicet porque dijo que «no producía nada». ¿Qué aportes del sector en nuestro país podría mencionar?
–El Conicet es la institución clave en la formación de recursos humanos. Tenemos ejemplos en el Invap, que es estatal, que produce reactores y han sido exportados. Y un tipo de reactor que está produciendo la Comisión Nacional de Energía Atómica, con investigadores que han salido del Conicet, va a permitir fabricar radioisótopos para medicina. Y también la doctora Raquel Chan, en Santa Fe, generó una variedad de trigo que es resistente a la sequía. Y eso está ya expandiendo la frontera de cultivos de trigo y lo están usando en países de África y en Brasil. Esto es la punta del iceberg, no se puede pretender que todos los 12.000 investigadores del Conicet tengan en sus manos algo que sea vendible. No es ese el objetivo de la investigación, lo que se pretende es encontrar innovación, de lo cual un porcentaje más pequeño tiene aplicabilidad generalmente no en el corto sino en el mediano o largo plazo.
–Usted también destacó en su intervención en el plenario que los científicos «son designados por rigurosos concursos». ¿Por qué le pareció importante decirlo?
–Porque ha habido una campaña de desprestigio que instaló que los investigadores somos ñoquis: que no trabajamos, que no hacemos nada, que no estamos en nuestros lugares de trabajo. En realidad sucede lo contrario, pero cuando se genera un estereotipo como ese es muy difícil desmentirlo. De hecho, yo me enojé mucho cuando salió una tira en Clarín que decía: «¿Trabajás? No, yo soy ñoqui del Conicet». Sin embargo, usted acá puede venir un domingo o un sábado, y sobre todo los becarios doctorales están haciendo sus experimentos, acostándose tarde, viniendo en un horario en el que podría estar haciendo otras cosas, sin embargo, están dedicados con mucha vocación y compromiso a sus proyectos de investigación. Por lo tanto, es muy fácil justificar un ajuste, cuando hay un sustrato mentiroso establecido en las redes sociales y en el sentido común de la población.
–¿Cómo toma los ataques que se vienen haciendo a la educación pública?
–Es una gran mentira para favorecer el negocio de la educación privada. Entonces qué mejor manera que decir que la educación pública es de mala calidad. Y en el caso de la universidad es todo lo contrario: las mejores son las estatales. La de Buenos Aires, la de La Plata, la de Córdoba y puedo seguir contando. Son de esas universidades públicas de donde salen los mejores investigadores. Y los mejores profesionales liberales también: arquitectos, ingenieros o médicos. Yo hace mucho que digo que las universidades privadas mayormente son «enseñaderos», no son universidades en el sentido histórico de la palabra. Porque la mayoría de ellas no tienen investigación. O sea, hay gente que trasmite lo que aprendió en otro lado o lo que vio en los libros. Mientras que en la universidad verdadera no es cuestión solo de transmitir sino de protagonizar la experiencia de la investigación y volcarla a la docencia.
«Ha habido una campaña de desprestigio que instaló que los investigadores somos ñoquis: que no trabajamos. En realidad sucede lo contrario.»
–¿Su interés por otros temas como la Ley de Tierras o la modificación de la Ley de Glaciares se da en el marco de una defensa ampliada de lo que sería el patrimonio nacional, en el que se podría incluir el científico?
–Sí, es cierta esa mirada, y la comparto. Lo que pasa es que en su diccionario no existen esas palabras: ni patrimonio, ni nacional. Quieren demoler los logros de la democracia y los lazos sociales, generando peleas por el individualismo, y hacerle creer a la población que si uno se salva y los otros no, todo está bien. Es triste que se llegue a esos valores. Tenemos el ejemplo de la disputa con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que pertenece al PRO, pero que, sin embargo, se enfrenta a un presidente que es capaz de celebrar una imagen publicada deformada por inteligencia artificial como si fuera que tiene síndrome de Down. Eso barre cualquier límite. Es una degradación de la sociedad: no hay principios y todo lo que vale es el mercado. Por eso hay una palabrita que suena fea, pero cuando un sector del poder tiene como objetivo destruir a una parte de la sociedad y no le importa que desaparezca, eso se llama fascismo. Pero no se va a parecer al fascismo de Europa de la década del 30 o del 40, porque eran fascismos con imposición militar y expansionismo territorial y con protección de los recursos propios porque no eran aperturistas. Pero sí existe la manipulación a través de las redes sociales y los medios, para que se genere una degradación de valores que lleve a que a la sociedad no le importe que un sector como tal desaparezca.
