La necesidad de democratizar el Poder Judicial, la relación entre la sociedad y los tribunales y el entramado de vínculos y acciones de los gobiernos y los magistrados, entre mecanismos de control y privilegios de unos y otros, analizados por el especialista en Derecho Constitucional.

12 de septiembre de 2018

El abogado y sociólogo Roberto Gargarella deja su huella académica en cada idea que desarrolla frente al grabador. Especialista en Derecho Constitucional, profesor titular en las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, se formó en Estados Unidos, donde hizo una maestría y un doctorado, y continuó sus estudios posdoctorales en Oxford. Es Máster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un investigador empedernido. Prolijo y profundo en sus exposiciones, no duda en cuestionar el funcionamiento del sistema judicial y sus críticas no diferencian colores partidarios.
«Había mucha expectativa de que hubiera cambios respecto a la gestión anterior y creo que esos cambios no se hicieron muy visibles. Permanecen prácticas que eran reprochables», asegura sobre el gobierno de Mauricio Macri, a la hora de hacer una evaluación del Poder Judicial. Así, por ejemplo, cuestiona que, a su juicio, durante el kirchnerismo «se usó a los servicios de inteligencia para actuar sobre la Justicia». «Esos hilos vinculantes siempre existieron. Pero en los inicios del renacimiento de la democracia, dado todo lo que implicaban los servicios, se sabía que era una puerta muy riesgosa de abrir. Esa puerta se terminó abriendo», dice. Y agrega: «Este gobierno que pretendía o tenía una pretensión discursiva de cambiar ese estado hacia una Justicia más independiente siente que no puede soltar esas amarras porque es mucho lo que necesita proteger».
Gargarella cuestiona también el carácter poco democrático del tercer poder del Estado. «En la Argentina, como en todos los países, el Poder Judicial no es elegido ni removido directamente por la ciudadanía. No puede la ciudadanía desafiarlo institucionalmente. Eso pone en un lugar institucional a la Justicia que es problemático en términos democráticos. En general, las relaciones entre Justicia y política empeoraron en los últimos años y este gobierno no se empeñó en reparar eso», advierte apenas comienza la entrevista, en un bar del centro porteño.
«La Justicia –afirma– tiene muchos privilegios que defender y los funcionarios del Ejecutivo tienen mucho que temer si avanzan las investigaciones de los jueces. El gobierno no quiere perder los mecanismos de control formales e informales existentes sobre la Justicia».
–¿Cómo cree que se puede resolver esta «falta democrática»? ¿Qué opina de quienes postulan la elección popular de jueces?
–No creo que la Justicia tenga que ser una tercera rama representativa porque ahí pasamos a tener problemas propios de las ramas representativas perdiendo las potenciales ventajas que tienen las no representativas. Una elección directa de los jueces es una solución fantasiosa. El problema no se resuelve modificando la puerta de entrada al Poder Judicial. Lo importante es todo lo que viene después. Estos tipos se quedan ahí para toda la vida.
–¿Lo más preocupante son las prácticas y las costumbres?
–¿Cuánto me importa la elección de un magistrado si al segundo día ya no lo controlamos y puede recibir llamados por teléfono o la visita de un lobista que le dice hacer esto o lo otro a cambio de una paga? Me parece que hay algo como muy bobo en los modos en que mucha gente se acercaba a este tema de la democratización. El problema no pasa por la puerta de entrada, sino por poner la atención en los 50 años que vienen después. ¿Cómo hacemos para controlar a esta persona? ¿Cómo establecer vínculos diferentes entre ciudadanía y Poder Judicial? Además, cuando hablamos de democratización de la Justicia debemos clarificar qué entendemos por democracia. Yo entiendo por democracia a los procedimientos que ayuden a la discusión pública entre todos los afectados. De las muchas herramientas, una muy conocida en la Argentina es que la Corte Suprema de Justicia convoque frente a problemas estructurales a audiencias públicas. Un ejemplo es el caso del Riachuelo. La Corte alguna vez dijo que podía intervenir y mediante una forma más creativa: pudo decirle a los involucrados que se sienten a discutir. Fue una manera de apuntar a la solución de un conflicto de una forma ajena a lo que era habitual en la historia argentina. Algo similar sucedió con las escuelas públicas y la religión en Salta. Se pueden hacer nuevas cosas.
–Respecto a la independencia de los jueces, ¿considera que existe como tal?
–En los orígenes de la reflexión sobre estos temas, los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, que fueron los primeros en pensar seriamente sobre esto, lo pensaban en términos de independencia de la gente. Entonces, ¿qué quiere decir independencia? Hay una independencia de la política, es decir, de quienes han nombrado a los jueces; otra de la ciudadanía; y otra es la independencia de las distintas instancias entre sí. Con una noción más compleja de independencia nos podemos ir acercando mejor al problema. Se tiene que hacer un esfuerzo para separar más a la Justicia de la política partidaria. Como al mismo tiempo deberían establecerse más vínculos entre ciudadanía y Justicia, no para que los jueces se conviertan en monigotes de la ciudadanía, pero sí para que esta tenga más formas de injerencia, discusión y desafíos sobre las decisiones que le importan. Y también habría que repensar cuál es el centro de actividad que tienen que tener los jueces. Para mí, la Justicia tiene que poner su ojo principal de atención en las cuestiones procedimentales, esto es, en las condiciones en que se toman las decisiones y si esas condiciones procedimentales son suficientemente democráticas o no. Tiene que cuidar la libertad de expresión para que se escuchen las voces diferentes; que no se haga trampa para excluir o dificultar la intervención de ciertos partidos políticos y debe cuidar la protesta social para permitir que la gente critique y desafíe a sus autoridades. Tiene que cuidar lo que no está cuidando.
–Hoy aparece una pulseada entre la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo y la que pretende el Poder Judicial desde la Corte.
–Todo eso es mentiroso. Hay demasiados puentes tendidos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Me parece que todas las cosas que se han ido conociendo y se pusieron sobre la mesa hasta ahora son patéticas. Hay que digitalizar expedientes, pero el tipo de problemas que estamos enfrentando son de otra naturaleza.
–Estarían abordando la forma y no el fondo.
–No me vengan con que eso es la reforma judicial. El problema es que está podrido el árbol, no en qué cesta ponemos los frutos.
–Si el árbol está podrido, ¿la solución puede venir del propio árbol?
–No. Puede haber comportamientos ejemplares, heroicos, pero no creo que los cambios judiciales merezcan pensarse desde una lógica hollywoodense. La pregunta tiene sentido porque efectivamente no es esperable que sujetos que tienen enormes privilegios indebidos (legales e ilegales, de todo tipo) se disparen sobre sus propios pies. Estamos frente a una dificultad. Los miembros del Poder Judicial de ningún modo quieren una reforma que afecte de alguna manera sus privilegios. Y el Poder Ejecutivo no quiere llevar adelante reformas que le impidan seguir teniendo herramientas de control sobre un poder que necesitan y al que le tienen mucho miedo.

–Partimos de la base de que las clases bajas tienen mucho menos acceso a la Justicia.
–Muchísimo menos. Porque cuesta más dinero, las formalidades implican que hay que tener abogados y bien preparados. Tienen menos chances de que los juicios terminen a su favor porque el buen resultado tiene una alta correlación con el tipo de abogado que se contrata. Por eso enoja que las cabezas lúcidas del derecho argentino estén todas cooptadas por poderosos. La inteligencia, el poder de influencia y los contactos son distintos y terminan estando al servicio de la impunidad.
–En virtud de su descripción acerca del funcionamiento del Poder Judicial, ¿cree que las causas de fuerte impacto mediático que están en danza ahora (cuadernos, aportantes truchos) podrán ser debidamente abordadas por la Justicia?
–Lo que está ocurriendo en la Argentina, a la luz de la «causa de los cuadernos», representa un giro efectivo en la historia política de la corrupción y su relación con la Justicia. Ello, en parte, a raíz de un cambio de época, y también gracias a la ocasional aparición de un testimonio inédito, pero sobre todo en razón de ciertos cambios legislativos, como el representado por la ley del arrepentido y el mecanismo de la delación premiada. La oportunidad que se presenta, entonces, es histórica. De todos modos, el personal judicial que lleva adelante el proceso tiene antecedentes poco confiables, las estructuras judiciales siguen siendo vetustas, y la clase política parece todavía dispuesta a abroquelarse en su auto-defensa. Entonces, el resultado es en parte incierto. Sin embargo, lo ocurrido no deja de tener una importancia extraordinaria, y eso no merece ser pasado por alto.
–En torno a la figura del arrepentido hay una gran polémica. Muchos, sobre todo quienes se consideran garantistas, ponen en cuestión su efectividad y hasta sus fines. ¿Cuál es su posición al respecto?
–El derecho penal moderno se encuentra en graves problemas para atender problemáticas que resultan particularmente acuciantes en nuestro tiempo. Las respuestas iniciales que ha dado, frente a tales cuestiones –crímenes de dimensiones internacionales, mafias, corrupción auspiciada desde el Estado–se presentan torpes, inadecuadas. A partir de tales preocupaciones, y a la luz de reformas tales como la «ley del arrepentid» y la adopción de herramientas como la de la «delación premiada», me ha interesado decir que tales herramientas resultan finalmente promisorias y justificables, a los fines de enfrentar algunas de las «tragedias» que marcan a nuestro tiempo. La conclusión que suscribiría es que la delación premiada constituye una herramienta que puede justificarse, resistiendo muchas de las críticas que puede recibir, y que ya han recibido instituciones con las que guarda algún parentesco. Por supuesto, decir lo anterior no es lo mismo que afirmar que no puede ser susceptible de malos usos ni mucho menos que en la actualidad está siendo bien empleada por los jueces y fiscales que han comenzado a ponerla en uso.
–¿Cómo se aborda desde el constitucionalismo el debate en la Justicia penal sobre garantismo y mano dura?
–El punto de reposo debiera ser que nadie puede no ser garantista.
–Estamos en un contexto en el que un sector impulsa la doctrina Chocobar.
–Una cosa es que la auspicie una parte importante del oficialismo y otra que eso sea lo dominante dentro de la Justicia. En todo caso, las áreas están vinculadas porque en la medida en que estos casos de violencia social o inseguridad son mediáticamente muy visibles, un juez puede aparecer en el centro de la tormenta, con la amenaza posible de un Consejo de la Magistratura señalándolo. Esto ayuda a pensar cuánto queremos que estén vinculadas, y de qué modo, la sociedad con la Justicia, sobre todo, la sociedad en sus formas más reactivas.
–¿Esto quiere decir que todos deberían partir del garantismo?
–La Constitución es muy literal en la materia. Sus bases están escritas en 1853 y hablaban de que las cárceles debían ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. La Constitución era infinitamente más progresista que el discurso de la izquierda jurídica de hoy. Tenemos una base irreprochable y obligatoria que está en la Constitución y establece exigencias muy altas sobre lo que se puede hacer y lo que no, lo que permitiría calmar mucho el debate. Además, quisiera llamar la atención sobre cuánto importa la cuestión institucional para los resultados que vamos a tener. Hay sistemas que bajo la retórica de que quieren ser democráticos en realidad derechizan los resultados abriendo mayor intervención a las reacciones sociales esperables después de grandes crímenes. Lo notable es que, según arroja la experiencia, las mismas personas puestas en un jurado cambian de opinión cuando se ven enfrentados a información. Muchos de los resultados pueden variar y son dependientes del tipo de arreglo institucional que se ponga en marcha. El funcionamiento de los jurados muestra que estos siempre tienden a dar soluciones más moderadas que los propios jueces profesionales. Todos somos ultragarantistas en el fondo y bajo condiciones que nos permitan pensar. Así lo demuestra la evidencia.
–¿Es necesaria una reforma constitucional en la Argentina?
–Sí, hay cosas de fondo que merecen ser reformadas. Pienso que cada Constitución está vinculada con ciertos dramas y esperanzas. Los dramas cambiaron y debe repensarse cómo hacemos para reorientar la Constitución. El drama de nuestro tiempo puede ser el de la desigualdad. Pero como decía antes: hay cosas muy importantes que se pueden hacer que son modestas pero significativas. Hay que ir por todas. Que la excusa de que es muy difícil hacer una reforma constitucional no sea una forma de obstaculizar las reformas más modestas.