1 de agosto de 2024
El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que se ha consolidado un modelo excluyente con fuerte respaldo social. Mano dura y criminalización de la protesta.
A pesar de que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), mecanismo de prevención dirigido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, tiene jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires para monitorear cárceles y comisarías –todas superpobladas al 100% en este distrito– su espacio de contralor de las fuerzas de Seguridad se ensancha si habitantes de la provincia participan en protestas, por caso, en la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió el 12 de junio pasado. Así lo reveló el secretario ejecutivo del organismo, Roberto Cipriano García, quien también se refirió a la política de mano dura, la criminalización de la protesta y la transversalización de estos enfoques que se expanden a sectores de la sociedad civil, entre otros temas. Cipriano García participó de inspecciones en más de 300 lugares de encierro y promovió denuncias judiciales y públicas sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en las instituciones de detención del país.
–¿Qué cambió para ustedes a partir de la asunción de Milei?
–Cambió todo porque es algo inédito en la Argentina. Si bien hubo otros procesos neoliberales que implementaron políticas similares a las de este Gobierno, como el macrismo y el menemismo, con este ha cambiado mucho la lógica política: este Gobierno no cree en la política como forma de resolver los conflictos, sino que se plantea terminar con todo lo que tiene vinculación con esta y con el Estado. A la vez, nos cambia porque se instaló en parte de la sociedad que «eso está bien». Hay un sentido común impuesto en grandes grupos de personas que están convencidas de que el Estado no sirve para nada. Han logrado un triunfo en esas subjetividades de la población. Y ese es nuestro desafío. Porque se piensa que el Estado no tiene que existir, solo es el mercado. Se plantea que no tiene que existir la mano social, la mano abrazadora del Estado, pero sí la mano represiva del Estado. Sí la policía, sí la justicia penal, sí la política de criminalización de aquellos que justamente lo que plantean es un modelo de sociedad distinto. Estamos entrampados en una bisagra histórica porque se ha consolidado un modelo excluyente, y aún no estamos generando respuestas que logren convencer a la mayor parte del pueblo de que este paradigma no es un modelo que nos permita desarrollarnos como país, que posibilite que todos encuentren un lugar donde trabajar, estudiar, desarrollarse como personas, crecer con sus familias, poder incluirse en la sociedad. Porque pasa eso: sectores que hoy están afuera sostienen que este es el modelo a seguir.
«Bullrich es una de las máximas exponentes del punitivismo en Argentina. Sostiene que el derecho penal es una herramienta para resolver conflictos sociales.»
–Como referente de un organismo defensor de los derechos humanos, ¿de qué modo considera la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich?
–Bullrich es una de las máximas exponentes del punitivismo en la Argentina, ferviente admiradora de Bukele (presidente de El Salvador), sostiene que la mano dura y el derecho penal son herramientas para resolver la conflictividad social, el problema de la inseguridad. Y eso no es posible. No sucedió nunca en ningún país. Por otra parte, solo piensa en algunos delitos contra la propiedad, no le preocupan los delitos de los empresarios con la especulación financiera o la evasión. La corrupción. Eso no está bajo la lupa porque son delitos del poder y son tolerados. Y también impulsa la represión que implica el llamado Protocolo Antipiquetes, violatorio de múltiples derechos.
–Los organismos antirrepresivos dan cuenta de que ya hace años que las muertes en prisión superan a los asesinatos por gatillo fácil en las calles.
–La política punitivista hace estragos. Es un problema serio para detenidos, familiares y para toda la sociedad. Nadie debería morir en las cárceles a cargo del Estado, donde es el Estado quien resolvió encerrar a personas cuya vida debería proteger y cuidar. En cuanto a la letalidad policial en la provincia de Buenos Aires, los datos del 2022 tuvieron una baja importante comparado con 2021, es decir, venían disminuyendo. De 120 muertes en 2021 a 90 en 2022, pero esa tendencia no se consolidó, sino que volvió a crecer en 2023. Estamos procesando los datos, pero aumentaron. Lo que venimos evaluando en este primer semestre del año es que volverán a crecer.
–¿Por qué la tortura está presente a lo largo de toda la Argentina en los sitios de detención?
–Hace más de 12 años que la CPM, la Procuración Penitenciaria, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) que depende del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y defensorías de algunas de las provincias relevan minuciosamente la tortura en los lugares de encierro federales y en la provincia de Buenos Aires, que reúnen más de la mitad de las personas detenidas en la Argentina. La tortura es una práctica sistemática en todo el mundo y en la Argentina también, pese a que se ha negado muchas veces. Los Gobiernos dicen «es un problema aislado», «es una manzana podrida», pero son prácticas generalizadas, por eso hablamos de sistematicidad, porque ocurre todo el tiempo en todos los lugares de detención, por supuesto con distintas modalidades, con distintas intensidades. Hay países que tienen legalizada la tortura. En Argentina, a diferencia de esos países, existe toda la normativa internacional vigente, muchas veces incorporada a nuestra Constitución, que prohíbe la tortura, o cualquier tipo de maltrato; pero eso no se traduce en un cumplimiento efectivo de parte de la Fuerzas de Seguridad o en los lugares de detención.
–¿Por qué no se cumplen?
–Porque son prácticas consolidadas, porque los agentes creen que parte de su trabajo es la tortura, está incorporada en las rutinas de las fuerzas, en las rutinas penitenciarias, entonces es difícil de erradicar cuando vos no tenés una decisión política muy clara que tienda no solo a la prevención, sino también a la sanción de los que no cumplen y a la asistencia a la víctima, porque otra de las cosas que suceden es que la persona detenida queda a merced de la autoridad que la tortura. El que denuncia tiene represalias, tiene consecuencias. Y sus familiares también. Se sabe que no es muy efectiva la investigación de la tortura en la Argentina. Hay que hacer muchos esfuerzos para lograr que se condene al policía o a un penitenciario por torturas o por malos tratos, y aún así siempre hay problemas, porque se califican los hechos con figuras penales menores para poder evitar su prisionización. Entonces le imputan delitos menores y eso permite que los excarcelen y esperen el proceso en libertad. Son prácticas muy arraigadas en el Poder Judicial, hay una cuestión también ideológica de falta de empatía del Poder Judicial con las víctimas. Gran parte del Poder Judicial no cree en la palabra de la persona detenida. Es decir, «el preso miente para obtener beneficios», «el preso miente para mejorar su condición». Así vemos que ese Poder Judicial que, con las víctimas de la dictadura ha construido los procesos justamente sustentados en el testimonio de la víctima, les ha creído y ha tenido empatía, se ha sensibilizado, esos mismos funcionarios no escuchan ni creen en testimonios de los presos del presente. En este tema tenemos un gran desafío.
–¿Evalúa que habrá polémicas por esa causa?
–Sí, con Bullrich, por ejemplo, aunque no solo con ella. Desde 1999, con el exgobernador Carlos Rukauf, se viene instalando en diversos sectores la política de «mano dura» y «meta bala a los delincuentes». Y si uno lee un texto de diversos ministros de Seguridad, sin firma y sin foto, estaría en dificultades para saber de quién se trata. Hay coincidencias en varios que pasaron por el cargo. Hay elogios de Berni a Bullrich, por ejemplo. Además, hubo una transversalización de este enfoque en los distintos Gobiernos sin importar el signo político. Por eso apostamos a trabajar mucho con los jóvenes.
«Hay un sentido común impuesto en grandes grupos de personas que están convencidas de que el Estado no sirve. Han logrado un triunfo en esas subjetividades de la población.»
–¿De qué modo trabajan en el Programa Jóvenes y Memoria?
–Lo implementamos con jóvenes de 13 a 18 años donde grupos coordinados por un docente abordan una problemática barrial, tienen que construir una investigación con testimonios locales, de su lugar, no de internet. Nosotros no les decimos qué temas tienen que tomar ni cómo presentarlos, es una elección de ellos. No bajamos línea sobre la dictadura porque eso los conmueve un rato, nada más. Buscamos que el o la joven reflexionen sobre el presente, luego vendrá su relación con la tiranía, es un proceso que se trabaja en cada lugar, con sus familiares y vecinos. Este año participaron 52.000 jóvenes de toda la provincia. Toman temas sobre un desparecido o un soldado muerto en Malvinas, o los femicidios, la discriminación, la represión estatal, el desempleo, problemas ambientales y una gran diversidad de problemáticas que luego exponen de diversas formas como teatro, videos, canciones y tantas otras. Se genera un rico intercambio. De ese modo, los jóvenes son nuestra gran apuesta al futuro.
