Exiliado en Bruselas, el expresidente ecuatoriano no podrá participar de las elecciones luego de una resolución judicial. Lo acusan de intervenir en el supuesto secuestro de un opositor en 2012. La estrategia de hostigamiento contra líderes populares.
28 de noviembre de 2018
Si regresara a Ecuador, Rafael Correa sería detenido y traslado inmediatamente a la cárcel. A raíz de una nueva medida judicial en su contra, el expresidente –que reside en Bruselas– quedó imposibilitado de participar activamente en política, al menos hasta 2025. Para el correísmo se trata de otra jugada de su exaliado y actual presidente, Lenín Moreno, para desplazar del escenario electoral a quien lideró durante 10 años lo que se conoce como Revolución Ciudadana.
«Esto es puramente político: evitar que Correa participe en política y, sobre todo, en la campaña próxima de marzo de 2019», aseguró el exmandatario apenas conoció la decisión de la jueza Daniella Camacho, quien resolvió llamarlo a juicio por su supuesta implicación en el secuestro de Fernando Balda, miembro del partido derechista Adelante Ecuatoriano. El caso se remonta a 2012, cuando el dirigente opositor, condenado por injuriar a Correa, fue víctima de una confusa captura en Bogotá por la que responsabiliza al entonces presidente. Un caso de «lawfare» –o guerra jurídica– que se replica en otros países de la región y que apunta a perseguir a líderes populares en nombre de la ley y la lucha contra la corrupción.
Lo concreto es que Correa solo continúa en libertad porque vive en Bélgica –de donde es oriunda su mujer– y cualquier intento por pisar territorio ecuatoriano lo llevaría a la cárcel. En ese contexto, su participación en los comicios regionales del año que viene deberá limitarse a apariciones en programas de televisión del exterior o a posteos en las redes sociales.
En diálogo con Acción, Eduardo Vior, doctor en Ciencias Sociales y analista político internacional, explicó que la proscripción de Correa tiene un claro objetivo. «Moreno –sostuvo– pretende mantener al expresidente alejado de Ecuador. Sin Correa en el país, con el vicepresidente electo Jorge Glas en prisión y con las autoridades judiciales cambiadas arbitrariamente, el gobierno se asegura el dominio total del Estado. La intención es controlar también el poder partidario sobre Alianza País y neutralizar a la oposición correísta».
La embestida para proscribir a Correa comenzó en febrero de este año, cuando el gobierno realizó un referendo para eliminar la reelección indefinida, que regía desde 2015. La propuesta fue respaldada por varios sectores y el presidente Moreno celebró los resultados en las redes. «Los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más», escribió en Twitter, de modo desafiante, en clara alusión a su acérrimo enemigo. Esto significa que, aún si lograra sortear todas las complicaciones judiciales, Correa tampoco podría presentarse como candidato a las presidenciales de 2021.
Lo paradójico es que esta situación se da bajo un gobierno que llegó al poder apoyado por Correa. Moreno asumió en 2017, luego de una campaña en la que se presentó como continuador de la Revolución Ciudadana, pero una vez instalado en el Palacio de Carondelet dio un giro a la derecha e implementó un severo plan de ajuste, echando por tierra las conquistas sociales de su antecesor. No obstante, el presidente dijo que «no tuvo otra opción» debido a la «pesada herencia» que había recibido.
Sin paz
Para Correa, la implementación de ese plan neoliberal solo puede ser exitosa si es acompañada por un constante hostigamiento como el que recayó sobre su figura. El uso del sistema judicial para desacreditar al adversario político (lawfare), tal como explicó Luis Wainer, coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos del CCC, es un arma utilizada actualmente no solo en Ecuador, sino también en países como Argentina y Brasil. En ese sentido, agregó: «A partir de una sistemática cobertura mediática, buscan destruir la imagen de un determinado dirigente con el fin último de la inhabilitación. En Ecuador, ese ha sido un objetivo central de Moreno».
En su último año de gestión, y al igual que otros líderes regionales, Correa decidió retirarse temporalmente de la vida política para dedicarle «más tiempo» a su familia. Pero poco duró el período de descanso y tranquilidad en Europa. Ante la traición de Moreno y con la seria amenaza de que la Revolución Ciudadana sea desarticulada, el expresidente se vio obligado a volver al campo de batalla. Proscripto, perseguido y hostigado, está convencido de que aún no es tarde para dar vuelta el partido. «La lucha continúa», suele decir con una sonrisa en la cara, a pesar de todas las adversidades.
