12 de julio de 2019
En 2017, el exjuez Carlos Rozanski señalaba que solo se denunciaba un 10% de los casos de abuso infantil y de ellos se condenaba menos del 1%; es decir que de 1.000 abusos solo uno se esclarecía. La convivencia y la familiaridad que la mayoría de las veces existe con el abusador hace que este panorama sea aún más desolador y en el caso de que las víctimas sean mujeres, muchas veces se suele poner la culpabilidad en quien recibió el daño.
Para Ileana Arduino, abogada y coordinadora del grupo de trabajo Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), «la Justicia no es más que un espacio en el cual se confirman los modos de relación dominante y que responde a una matriz histórica en la que la agresión sexual tenía castigo en la medida en que era leída como una agresión entre varones, lo que se tutelaba era la honestidad de las mujeres afectadas, se pensaba como sujetos dañados a los varones relacionados con ellas. Si bien esto va cambiando, aún persisten guiones atávicos patriarcales que se apoyan más en qué hicieron las víctimas para evitar la agresión, que en qué hicieron las personas acusadas, colocando el juicio en cabeza de las víctimas».
–¿Se suelen construir estereotipos de víctimas?
–Hay estereotipos que dividen entre buenas y malas víctimas en el sentido de que aquellas mujeres abusadas que no se ajusten a los comportamientos estereotipados van a tener mayor costo en términos de credibilidad, va a existir una sospecha mayor respecto de cuánto han hecho ellas por evitar el daño, una exigencia que se encubre en si hubo o no consentimiento pero que inevitablemente se deslizan a un juicio sobre la vida previa y posterior de quienes son víctimas de delitos sexuales.
–¿Son pocas las denuncias por abusos?
–Se denuncia muy poco en relación con lo que ocurre, si bien esto pasa con todos los delitos, en el caso de los delitos sexuales la distancia entre la cantidad de casos y los que se denuncian es mucho mayor.
–¿Alcanza con el punitivismo?
–Hoy es evidente que los sistemas punitivos fracasan en sus propias promesas porque generan mucha impunidad, porque en las reglas del propio sistema penal no hay condena prácticamente y cuando existen, el Estado somete a las personas condenadas a unas condiciones de encierro en las que se desentiende de la atención específica y se violan derechos básicos sistemáticamente. Basta con dirigir la mirada a las cárceles en Argentina.
–¿Qué se debería hacer desde el Estado?
–Las políticas públicas deberían estar orientadas a la prevención, a promover la capacidad de escucha de las personas, a mejorar los vínculos para romper la posibilidad de que el abuso exista, incluyendo el acceso a condiciones materiales y simbólicas de vida digna en las que la libertad sexual sea protegida como un derecho. La intervención judicial debiera tener una perspectiva de género, no es un esnobismo ni una cuestión de corrección política, es una cuestión de reconocimiento de derechos y obligaciones del Estado a través del Poder Judicial que está tan obligado como los demás a asegurar dicho enfoque.
