9 de marzo de 2026
4 de marzo. Marcha de los trabajadores despedidos de FATE que fue duramente reprimida.
Foto: Getty Images
Transitamos el mes de marzo con la previsible contradicción entre el sentido y los contenidos del discurso del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo y el conjunto de eventos conmemorativos y simbólicos de un calendario popular y progresista que se registran en el mes.
El presidente Javier Milei actuó según lo esperado, sosteniendo un discurso elaborado para la ocasión con el propósito de confrontar con la oposición de forma agresiva en pos de polarizar y sostener la figura de un enemigo de quien medrar, para influir ante la opinión pública.
Es unánime la impresión de que sus palabras no salieron al encuentro de los problemas fundamentales de la gran mayoría de la sociedad: el retraso salarial y de las jubilaciones, un fuerte crecimiento de la recesión con su impacto en la actividad industrial –muy particularmente en las pymes–, el desempleo creciente y el temor a perder el trabajo de quienes lo tienen. De igual modo, se consolida la sensación de que la estabilidad cambiaria no impide un claro desmejoramiento del nivel de vida, tanto de las mayorías más humildes como de diversos estrato de las clases medias.
Banderas de identidad
Como era de esperar, el 8M fue motivo de una renovada marea humana que expresa la vigencia del movimiento de mujeres y diversidades en la lucha por la defensa de sus conquistas de los últimos años, y enfrentando la ofensiva negacionista del mileísmo que desde una visión regresiva, clausuró organismos estatales que organizan las políticas de derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres y las defensa y prevención de las violencias patriarcales. Inclusive desde el Gobierno se instrumentó una campaña propagandística contra las políticas de género a través de videos difundidos por las redes sociales, en las que se descalifica a dichas políticas como un negocio y una estafa millonaria, pretendiendo justificar de ese modo el cierre del Ministerio de las Mujeres y el fin de los programas de atención a las violencias de género.
La marcha no solo fue multitudinaria, sino que se destacó por la fuerte presencia de jóvenes, lo cual ratifica que este movimiento de época continúa con su crecimiento y su fuerte impacto en la vida social y política del país.
En esto de las calles y plazas hay que registrar que se vienen nuevas movilizaciones de la comunidad universitaria, con clases abiertas en el espacio público, y se prevé la preparación de una marcha federal en defensa de la educación pública y contra la modificación de la Ley de Financiamiento Universitaria, ratificada cuatro veces en el Congreso Nacional, entre las votaciones de la ley y el rechazo a los vetos presidenciales.
Otro dato político que no habría que soslayar es la represión ejercida sobre los 920 trabajadores de Fate que quedaron cesantes. El impacto del cierre de esa planta en la opinión pública muestra que el cierre de empresas con la consecuente secuela de despidos de trabajadores va creciendo como acuciante problema social.
Para la sociedad democrática, toda política de coerción ideológica o de represión a trabajadores, como ocurrió con los despedidos de Fate, tanto como los miércoles de gases y palos a los jubilados frente al Congreso, constituye una preocupación creciente, ya que de lo que se trata es de ampliar los espacios democráticos y de respeto a las protestas sociales y culturales, y no lo contrario. Así las cosas crece la expectativa sobre la tradicional manifestación en todas las plazas del país del próximo 24 de marzo, que se espera sea una expresión gigantesca de reacción a las políticas del Gobierno en contra de la notable corriente nacional que promueve la defensa de los derechos humanos y sostiene las banderas de memoria, verdad y justicia, un fenómeno social y político que se instituyó en la Argentina hace décadas y nos identifica en el mundo.
