17 de abril de 2026
A las 9:30 de mañana, la Casa Rosada deberá girar los fondos a las universidades o, en su defecto, entrará en un terreno de desacato judicial. Son 2,5 billones de pesos, una cifra que el oficialismo ya definió internamente como «el acta de defunción del déficit cero». Desde Casa Rosada aseguraron que el dinero simplemente «no está». La responsabilidad de redistribuir las partidas recae sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ahora deberá encontrar la forma de dosificar un pago que el Ejecutivo consideró inasumible. La derrota legislativa que volteó el veto presidencial el año pasado mutó en un laberinto judicial donde la administración libertaria perdió en todas las instancias previas. Ahora, la última trinchera es un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, una jugada que los propios estrategas oficiales calificaron de «altamente improbable» en sus resultados. Sin una orden expresa de la Cámara, el Ejecutivo está obligado a pagar desde mañana mismo. De acuerdo con trascendidos periodísticos, en los pasillos oficiales, la resignación empezó a ganarle a la épica del recorte, y ya se barajó un esquema de pagos dosificados para evitar un desembolso total de un solo golpe.
