12 de mayo de 2026
En ciudades de todo el país se realizaron movilizaciones multitudinarias en favor de la recomposición presupuestaria de la educación pública y en defensa de derechos básicos afectados por las políticas de ajuste del Gobierno.
A Plaza de Mayo. Una columna marcha por las calles de Buenos Aires.
Foto: NA
Con multitudinarias marchas en varias ciudades del país, amplios sectores de la sociedad y no solo de la comunidad educativa manifestaron su rechazo a la rebeldía del Gobierno para aplicar una ley que fue ratificada por el Congreso con más de los dos tercios de los legisladores y que desde octubre de 2025 dejó deliberadamente en suspenso.
Esta cuarta Marcha Federal Universitaria, organizada por las autoridades de todas las casas de estudios nacionales, los gremios docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA), convocó a cientos de miles de ciudadanos en un reclamo que pone a las autoridades en un lugar de incomodidad, en medio de una crisis de credibilidad que golpea al presidente Javier Milei y sus principales espadas como consecuencia de los escándalos sucesivos de Manuel Adorni y otros funcionarios.
Hubo manifestaciones en todas las ciudades donde se asienta alguna sede universitaria, desde Tierra del Fuego, Neuquén, Cipolletti, Bariloche y Viedma, en la Patagonia; hasta Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Salta y Jujuy. «La situación es muy angustiante, estamos perdiendo recursos humanos y renuncias que no podemos reponer», declaró el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en relación con los más de 10.000 docentes que se vieron obligados a dejar el cargo porque el sueldo no les alcanza para vivir. Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, agregó: «Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho».
Ruptura de un acuerdo democrático
El documento elaborado por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector, leído en Plaza de Mayo, reclama a la Corte Suprema de Justicia que «nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario». El texto agrega que «la crisis no es solo presupuestaria; como ciudadanas y ciudadanos, debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación» y acota la importancia de la educación pública y de calidad para la construcción de ciudadanía y del país de los argentinos.
Mientras el Gobierno no cesa de caer en la consideración popular y la irascibilidad del presidente ya no puede disimularse –este mismo martes la senadora Patricia Bullrich intentó poner paños fríos a lo que se conoció de la explosiva reunión de Gabinete del viernes, al afirmar que «Milei tiene una emocionalidad importante»–, el anuncio del lunes de nuevos recortes en el presupuesto nacional sonó fuerte a provocación de alguien que considera que haber llegado a la Casa Rosada habilita el cumplimiento de sus pretensiones de acabar con el Estado para que se cumpla el sagrado precepto anarcocapitalista.
Mar del Plata. Una gran movilización en la ciudad bonaerense.
Foto: Diego Izquierdo
Así, si el griterío con el que pretendió que los ministros metan violín en bolsa y acepten la continuidad del radiactivo Manuel Adorni, la decisión de ajustes por fuera de la ley de leyes aprobada en diciembre, con mayor saña sobre las universidades, el Conicet, el INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Comisión Nacional de Energía Atómica, elevó la indignación de quienes se estaban preparando para la marcha convocada; ya no para que se apruebe una ley de financiamiento acorde con las necesidades de las altas casas de estudios, sino que se cumpla la ley aprobada con mayorías especiales tras el rechazo inicial del Poder Ejecutivo.
Una primera lectura de este ajuste sobre el ajuste indicaría que la política del Gobierno produce menor actividad económica. Lo que, previsiblemente, genera necesidad de contener los gastos, que a su vez desata un congelamiento mayúsculo de la economía, en una espiral que si fuera por el Gobierno, no tendría fin. Los recortes anunciados y que cuentan con la firma, en lugar destacado como corresponde al cargo, del jefe de Gabinete –que todavía no pudo explicar su espectacular ascenso social– van desde un 10,2% en Actividades Espaciales al 2,1% en el INTA.
Sin embargo, al mismo tiempo hay privilegiados que disfrutan notables incrementos salariales. Es el caso de la SIDE, el organismo de las cajas oscuras de donde ahora se presume que podrían salir sobresueldos que cobrarían los funcionarios públicos designados por LLA. Por otro lado, los sueldos declarados de los ministros tuvieron un salto repentino de 123%.
Esta vez, las áreas implicadas son las que hicieron de la Argentina un país con un destino y un futuro en el concierto de las naciones. Milei, que se jacta de ser «un topo» dentro del aparato estatal, da otra prueba de que en realidad se propone destruir a ese proyecto por el que generaciones anteriores pusieron su empeño y dedicaron su vida. La elite que representa no dudó a lo largo de la historia en adherir a proyectos alejados de la soberanía nacional.
El verdadero costo
Pero como no es fácil avanzar sin generar el rechazo generalizado de grandes capas de la población, insisten en usar los medios a su alcance para diseminar el ambiente de noticias e interpretaciones falsas de lo que el oficialismo plantea. Eso y decir que la marcha era política –claro que lo fue– tampoco es nuevo. Uno de los más activos en ese metier fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien pretendió desmerecer la tarea de una de las casas de estudios, la Universidad Nacional de las Artes (UNA), afirmando que cada alumno que egresa cuesta unos 400 millones de pesos. Quizás el encono con la UNA sea a causa del video que armaron con los actores más reconocidos del país convocando a la marcha.
Quien puso los puntos sobre las íes en ese aspecto, en especial del «costo de la educación», fue el doctor en Ciencias Químicas, profesor de Bioinformática en la UNC e Investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga. Como para aclarar las afirmaciones de Álvarez de que «el promedio nacional de costo por graduado de todas las universidades es de 57 millones de pesos», Quiroga afirma que aunque el cálculo fuese correcto «son 40.000 dólares, a un promedio de graduación en 8 años, eso significa unos 5.000 dólares por año de estudio». Despejando los datos resultaría que «la Universidad argentina es sumamente eficiente y “barata” en comparación» a los países de la OCDE, donde el promedio es de 20.000 dólares de costo total anual.
El subsecretario deslizó datos igualmente manipulados sobre la cantidad de estudiantes extranjeros que forman parte del alumnado. Otro indicador del prestigio de la educación universitaria argentina. Donde también trastabilla la verborragia del subsecretario es en otro clásico como es acusar de corruptelas varias en la educación pública. El corte que circuló en las redes es ilustrativo al respecto.
«–¿Así que han detectado curros?», preguntan los conductores de un programa en el canal Neura, pro-oficialista. «¿Y cuáles son los curros que han detectado?»
«–Si yo detecto un curro, lo denuncio», responde incómodo Álvarez.
«–Pero han detectado….».
«–No, ninguno. Curro, curro no».
Todo esto para no hablar de una inexorable verdad: que el Gobierno decidió no respetar la ley que tuvo un tránsito pedregoso por el Congreso. Aprobada por ambas Cámaras el 21 de agosto del año pasado, el Ejecutivo la vetó –como había prometido Milei– el 10 de septiembre. El 2 de octubre las dos Cámaras, con más de las dos terceras partes de los legisladores, insistieron con la normativa. Veinte días mas tarde, no le quedó más opción al Gobierno que promulgarla. Lo hizo, pero con trampa: suspendió su aplicación con el argumento de que no dice de dónde saldría el presupuesto para sostener los incrementos que presupone.
Los funcionarios beneficiados con créditos del Banco Nación, los responsables de los supuestos «curros» que se investigan en la Andis, los de la empresa Nucleoeléctrica, el propio jefe de Gabinete, y quienes aumentaron el presupuesto de la agencia de espionaje algo podrían decir al respecto.
