15 de mayo de 2026
El nuevo esquema amplía las ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias para proyectos de gran escala de grupos concentrados y extranjeros, pero deja afuera a pymes nacionales y crea escasos empleos.
Sectores ganadores. La minería, el petróleo o los complejos petroquímicos demandan inversiones multimillonarias, pero no necesariamente gran cantidad de puestos de trabajo directos.
Foto: Shutterstock
El Gobierno nacional presentó el Súper RIGI como una nueva etapa de incentivos para promover la industrialización de recursos naturales y atraer inversiones de gran escala, en una economía que todavía no muestra señales de recuperación industrial y que mantiene niveles de actividad por debajo de los registrados antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, fue anunciada como un régimen orientado a desarrollar nuevos sectores productivos vinculados con el litio, la minería, el petróleo, el gas y otros recursos estratégicos, aunque distintos economistas, gobernadores e industriales cuestionaron el anuncio y afirmaron que el esquema profundiza beneficios para grupos concentrados y empresas extranjeras sin garantizar generación de empleo, transferencia tecnológica ni integración con cadenas productivas locales.
El programa se inscribe sobre la estructura del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases, y amplía las ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias para proyectos de gran escala. El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá agregar valor a materias primas que hoy se exportan sin procesamiento industrial, pero las críticas apuntan a que el diseño del plan deja afuera a pequeñas y medianas empresas, concentra incentivos en pocos actores económicos y no establece condiciones vinculadas al desarrollo de proveedores nacionales o creación de empleo.
Durante la presentación oficial, Caputo afirmó que el objetivo es «industrializar los recursos naturales para exportar productos con mayor valor agregado», y sostuvo que el país necesita «dar previsibilidad de largo plazo para atraer inversiones». En la misma línea, funcionarios del área económica defendieron que el esquema permitirá instalar nuevas industrias ligadas a la energía y la minería, especialmente en sectores asociados a la transición energética global.
Sin embargo, detrás de esa narrativa industrialista aparecen cuestionamientos sobre el verdadero alcance productivo del programa. Distintos especialistas remarcaron que las condiciones de ingreso son inaccesibles para la enorme mayoría del entramado industrial argentino. Los montos mínimos de inversión requeridos ubican el régimen al alcance de conglomerados internacionales o grupos económicos de gran tamaño, mientras quedan excluidas las pymes manufactureras que concentran buena parte del empleo industrial. En off, muchos estiman que se basará en la creación de un ejército de data centers operando inteligencia artificial, con uso intensivo de energía, agua y minerales para componentes electrónicos.
El programa de (des)industrialización
En paralelo al anuncio del Súper RIGI, diferentes cámaras empresarias y corporaciones industriales alertaron sobre el deterioro de la actividad. La caída del consumo interno, la apertura importadora, el aumento de costos y la retracción del crédito configuran un escenario adverso para las pequeñas y medianas empresas. Desde sectores industriales sostienen que mientras el Gobierno diseña beneficios extraordinarios para grandes proyectos exportadores, no existe una política de sostenimiento para el entramado fabril que abastece al mercado interno y genera empleo de manera más intensiva.
Dirigentes pyme describieron la situación actual como un «cementerio de empresas» y reclamaron medidas urgentes para evitar cierres y despidos. Los industriales cuestionan que el Gobierno promueva incentivos fiscales para inversiones multimillonarias mientras reduce instrumentos de financiamiento productivo, paraliza políticas de desarrollo industrial y sostiene tasas de interés elevadas que dificultan el acceso al crédito.
Cambio de matriz. Tanto el RIGI como el Súper RIGI expresan una concepción del desarrollo centrada en grandes enclaves exportadores.
Foto: Shutterstock
La discusión también atraviesa el debate sobre el empleo. Economistas especializados en desarrollo productivo remarcan que los sectores promovidos por el Súper RIGI tienen una elevada intensidad de capital y baja capacidad de absorción de mano de obra. La minería, el petróleo o los complejos petroquímicos demandan inversiones multimillonarias, pero no necesariamente generan grandes volúmenes de empleo directo. A eso se suma que el régimen no obliga a integrar proveedores nacionales, ni fija metas de contenido local.
Esa ausencia de requisitos aparece como uno de los principales puntos cuestionados. En distintas experiencias internacionales, los programas de promoción industrial suelen incorporar condiciones vinculadas a transferencia tecnológica, compras locales o desarrollo de cadenas de valor. En el esquema impulsado por el Gobierno argentino, en cambio, los beneficios fiscales y cambiarios no están asociados a compromisos concretos sobre integración productiva.
Las críticas también apuntan al componente tributario del régimen. Especialistas señalaron que el Gobierno promociona el Súper RIGI como una política de desarrollo industrial sin avanzar simultáneamente en una reforma tributaria integral para el conjunto del aparato productivo. En ese sentido, remarcan que mientras los grandes proyectos reciben estabilidad fiscal y ventajas aduaneras por décadas, las pymes continúan afrontando una estructura impositiva regresiva y altos costos financieros. La asimetría se vuelve todavía más visible en un escenario donde numerosos sectores industriales operan con capacidad ociosa y caída de ventas. En ese marco, analistas económicos sostienen que el Súper RIGI expresa una concepción del desarrollo centrada en grandes enclaves exportadores más que en una política industrial integral. La apuesta oficial se concentra en atraer dólares mediante sectores ligados a recursos naturales, pero sin mecanismos claros para distribuir los efectos sobre el resto de la economía. El argumento oficial indica que la llegada de inversiones derramará actividad sobre otros sectores. Sin embargo, economistas heterodoxos remarcan que ese efecto no ocurre automáticamente y depende de políticas específicas de articulación productiva. Señalan además que muchas inversiones extractivas o energéticas funcionan con cadenas globales de proveedores y con alta importación de bienes de capital, lo que reduce el impacto multiplicador local.
En la práctica, se consolida un marco excepcional para determinados actores económicos mientras el resto de las empresas continúa sujeto a cambios permanentes en las condiciones macroeconómicas.
