4 de junio de 2026
Desde hace casi cuatro décadas, el Banco Nacional de Datos Genéticos es una herramienta clave de reparación para las víctimas de la dictadura genocida. Hoy está en riesgo por la acción negacionista del Gobierno.
Trabajo científico. En el BNDG se almacenan alrededor de 32.000 muestras.
Foto: cultura.gob.ar
Daniel llevaba décadas cargando con la duda sobre sus hombros. Sospechaba que podía ser hijo de desaparecidos. La pandemia y los últimos tiempos habían acentuado la incertidumbre. Ya no tenía alternativa: tenía que animarse a resolver sus dudas por él y por sus hijas. Primero se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo y fue aportando la información que pensaba que podría servir. Había, sobre todo, dos datos que lo inquietaban: lo habían anotado el 24 de marzo de 1977 y quien decía ser su padre era un retirado de la Bonaerense. El 28 de abril de 2023 enfiló por la puerta del edificio de avenida Córdoba al 831 con mucha ansiedad, pero con una convicción: en ese lugar se podía concretar su ilusión de saber la verdad. Estaba entrando al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el laboratorio donde se realizan los análisis para determinar si una persona es hijo/a de desaparecidos. Creado a instancias de las Abuelas, el BNDG se conformó el 1 de junio de 1987 y, en estos 39 años, ha contribuido a identificar 86 de los 140 nietos y nietas que las Abuelas localizaron. En los últimos meses, fue también víctima de la motosierra de Javier Milei.
Daniel salió temprano desde su casa ese día. Venía desde la zona sur del Conurbano bonaerense. Sabía que tenía que estar entre las 8 y las 10 de la mañana en ayunas para que le sacaran sangre. Esperó unos minutos en la sala hasta que una extraccionista lo invitó a acompañarla. La mujer advirtió enseguida su nerviosismo. Le preguntó cómo había llegado. Él le contó sobre sus dudas. Antes de despedirse, la experta le comentó que el resultado iba a demorar unos tres meses.
«Me sentí bien. Me sentí acompañado. Sentía que era algo muy serio. Fui con la ilusión de acercarme a la verdad. Afortunadamente, eso resultó así», recuerda Daniel sobre ese día. Tres meses después, en julio de 2023, supo, a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que el cotejo de ADN había resultado positivo. Era hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho. Su papá había sobrevivido a la persecución de la dictadura y lo estaba esperando junto con sus hermanos.
La historia
En 1979, las Abuelas leyeron un artículo del diario El Día de La Plata en el que se mencionaba que un análisis de sangre podría poner fin a una controversia con un hombre que negaba ser el padre de una criatura. Y se preguntaron si su sangre serviría para encontrar a los chicos y las chicas que estaban buscando.
En noviembre de 1982, Estela de Carlotto y María Isabel «Chicha» Mariani viajaron a Washington para participar de la asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí se encontraron con Isabel Mignone, hija de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien las puso en contacto con el médico Víctor Penchaszadeh, también exiliado en los Estados Unidos y que daba clases en distintas universidades sobre pediatría y genética. A través suyo, las Abuelas conocieron a Eric Stover, director del programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS por su sigla en inglés). Stover fue quien involucró a Mary-Claire King en la investigación que impulsaban las Abuelas: saber si su sangre servía para identificar a sus nietos.
En junio de 1984, mientras la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) investigaba lo sucedido durante la dictadura, llegó una comitiva de la AAAS a la Argentina. En esa oportunidad, Mary-Claire King fue a la sede de las Abuelas, por entonces en la calle Montevideo al 400, se sentó con ellas y dibujó un árbol genealógico compuesto por una familia con padres desaparecidos. Dijo que si se tenía la sangre de los abuelos y la del niño se podría calcular la probabilidad de parentesco. Las Abuelas se abocaron a hacer una prueba piloto. Rosa Roisinblit y su nieta, Mariana Pérez, se prestaron para hacer los testeos. De esa forma nació lo que se conoce como el «índice de abuelidad».
La primera nieta identificada mediante un análisis de sangre fue Paula Logares. Su abuela, Elsa Pavón, la había localizado después de una serie de proezas detectivescas y había judicializado el caso a las pocas horas de asumido el presidente Raúl Alfonsín.
«Las primeras identificaciones se hicieron sin que existiera un banco como tal. No existía una base de datos. Se hacían caso por caso. Cada uno de esos casos provenía de alguna querella judicial que hacía la gente que pensaba que había una determinada familia que tenía un niño robado. Era un método muy poco eficiente, porque, si daba negativo, no quería decir que ese niño no fuera hijo de desaparecidos, robado por el régimen», explica Penchaszadeh, quien en 1984 había vuelto a Buenos Aires en calidad de consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Ramos Padilla. El juez federal de La Plata ordenó al Gobierno asegurar el mantenimiento del organismo.
Foto: NA
En 1987, las Abuelas le llevaron al presidente Alfonsín la idea de conformar el BNDG para que los análisis dejaran de hacerse caso por caso. Se creó por ley y empezó a funcionar en el Servicio de Inmunología del Durand. Allí se empezaron a almacenar las muestras de las familias que buscaban y de quienes podían ser hijos de desaparecidos. Con el tiempo los análisis, que primero eran de histocompatibilidad, pasaron a ser de ADN.
Lorena Battistiol y su hermana Flavia todavía estaban en la escuela primaria cuando fueron a dejar su sangre en el BNDG. Su mamá –embarazada de seis meses– y su papá habían sido secuestrados en agosto de 1977. Hasta horas antes de ir al BNDG, no tenían tan claro cómo había sido la noche en la que la patota irrumpió en su casa: se lo contaron sus tíos en un paseo en auto en el que les dijeron que su sangre podría servir para identificar a ese hermano que estaban buscando.
Al día siguiente, Lorena y Flavia salieron con sus abuelos desde José León Suárez. Era tan temprano que todavía no había clareado. Se tomaron el colectivo 127 hasta el Durand, y allá se encontraron con un tío y tres tías que iban a dejar sus muestras. Lorena tiene el recuerdo de ese día: un póster de una gota y los tubos de sangre que se almacenaban. Con el tiempo, consiguieron encontrar a parte de la familia de su padre que vivía en Italia. En 2005, un tío italiano viajó a Buenos Aires y, a pesar de su terror por las agujas, dejó su sangre.
De esos nueve donantes, solo tres están vivos. «Si se pierden las muestras porque no hay conservación, yo no tendría posibilidad de reponerlas», dice Lorena, con amargura.
Las y los que faltan
En 2009, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se reformó la ley que ordena el funcionamiento del BNDG. Se decidió que el organismo ya no tuviera una doble dependencia del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad, sino que pasara a ser un organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia. Los cargos directivos serían concursados. El traspaso del Durand al edificio propio en avenida Córdoba se concretó en octubre de 2015. Para entonces, la genetista Mariana Herrera Piñero había ganado el concurso para dirigir la institución.
En el BNDG se almacenan alrededor de 32.000 muestras. La mayoría corresponde a familias que buscan y a personas que sospechan que pueden ser hijas de desaparecidos. Quienes dudan de su identidad pueden acceder a través de dos vías a un análisis en el BNDG: una orden judicial o un requerimiento de la Conadi. El BNDG incorpora alrededor de 1.000 muestras por año. Se calcula que un 20% de ellas proviene de casos judicializados.
Desde 2018, a partir de un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el BNDG empezó a intervenir también en casos de madres que denuncian el robo de sus hijos por fuera del contexto del terrorismo de Estado. La Conadi desarrolló también una línea de investigación para dar respuestas a quienes buscan su identidad, aunque no estén relacionados con los crímenes de la dictadura.
Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, la búsqueda de los nietos y de las nietas estuvo bajo asedio. El BNDG, en particular, se encontró en riesgo en tres oportunidades: con la Ley Bases –cuando integrantes de Abuelas debieron pedir que se lo retirara de los organismos que podían ser eliminados o modificados–, con el decreto 351/2025 –que le quitó autonomía y autarquía hasta que intervino el Congreso y rechazó la norma– y recientemente con el ahogo presupuestario.
El 8 de mayo pasado, Herrera Piñero envió una nota a jueces y fiscales advirtiendo que ya no podría seguir tomando muestras biológicas. La directora también alertó que se ponía en riesgo la preservación de las muestras e, incluso, la cadena de custodia. Esto motivó la intervención de dos fiscalías especializadas: la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), que dirige el fiscal Pablo Parenti, y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, que integran el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. El 14 de mayo, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina mediante la que ordenó al Gobierno asegurar el mantenimiento del BNDG.
A regañadientes, el Gobierno informó que destinaría una partida adicional de 590 millones de pesos. La decisión terminó desactivando la crisis. Fue un punto de quiebre en la lógica de «no hay plata» que la administración libertaria invoca ante cada reclamo social. Las Abuelas celebraron la rápida intervención judicial. Ramos Padilla dijo: «Encontrar a los nietos y nietas que faltan –hoy podríamos llamarlos primos, hermanos o tíos– es una deuda que no se puede dejar pendiente, porque es un derecho de todos ellos y también de cada una de las familias que continúan la búsqueda». Y eso es lo que hace el BNDG desde hace 39 años: aplicar la ciencia en favor de los derechos humanos, ser una herramienta de reparación para quienes fueron víctimas del accionar delictivo del Estado.
