19 de junio de 2026
Veinte años después del inicio de los juicios a los genocidas de la dictadura cívico-militar, Argentina sostiene una política de memoria, verdad y justicia que resiste incluso en tiempos de negacionismo oficial.
Etchecolatz. El excomisario bonaerense fue el primer acusado en el inicio de los procesos tras el fallo de la Corte contra las leyes de impunidad.
Foto: NA
20 de junio de 2006. Miguel Osvaldo Etchecolatz, comisario retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires, se presenta en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Ante él, que se aferra a un rosario de cuentas blancas, está el tribunal que lo va a juzgar. Será el primer acusado en sentarse en el banquillo después de que la Corte Suprema sostuviera que eran inconstitucionales las leyes que impedían el juzgamiento. Veinte años después de aquel día, son 1.245 los condenados en un proceso que, a pesar de la política de desmemoria oficial y la prescindencia de la cima del Poder Judicial, se mantiene en pie.
Durante muchos años, en la Argentina hubo impunidad. Las revistas retrataban a algunos de los represores más conocidos, como Alfredo Astiz, bailando en discotecas de moda. Otros, como Julio Simón –alias Turco Julián–, contaban sus crímenes en la televisión.
Aquellos años fueron para los sobrevivientes y los familiares como atravesar el desierto, pero algo empezó a romperse en 1995, cuando el marino Adolfo Scilingo confesó sus crímenes ante el periodista Horacio Verbitsky, a quien le contó que había contribuido a arrojar personas vivas al agua en los llamados vuelos de la muerte. La confesión de Scilingo fue una onda expansiva, que hizo que las propias Fuerzas Armadas no pudieran eludir tibias autocríticas por su rol durante la última dictadura y que se cimentara el camino hacia los juicios por la verdad. Si no podía juzgarse a los represores que habían sido capaces de semejantes delitos, por lo menos que se sentaran en los tribunales y que contaran lo que sabían.
La emergencia de H.I.J.O.S exteriorizó lo que era vivir con esa impunidad: en cualquier barrio se podía ser vecino de un asesino. Se invocó también el principio de la justicia universal, que permitía juzgar en cualquier lugar del mundo a quienes cometieron crímenes contra la humanidad si no lo hacía su país de origen. Así, Scilingo terminó detenido en España bajo jurisdicción del juez Baltasar Garzón.
Discusión latente
El robo de bebés –que no fue disculpado en la Ley de Punto Final o Obediencia Debida– llevó nuevamente a la cárcel a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, máximos responsables del plan criminal de la última dictadura. De esa forma, se llegó en 2001 al fallo del juez Gabriel Cavallo que reconocía que esas normas eran inconstitucionales. Esa resolución fue confirmada ese mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py.
Cuando Néstor Kirchner llegó al Gobierno, la discusión sobre qué hacer con los crímenes de la dictadura estaba latente. El Poder Ejecutivo entendió que había que apoyar el reclamo del movimiento de derechos humanos. La reforma de la Corte Suprema fue clave para que un tribunal renovado dijera que los crímenes de lesa humanidad no prescribían y que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales.
Etchecolatz fue el primer represor en sentarse en el banquillo, pero no fue el primero en ser condenado. El 28 de junio, comenzó en los tribunales de Retiro el juicio al Turco Julián, integrante de la Policía Federal Argentina (PFA). El 4 de agosto de ese año, recibió la pena de 25 años de prisión por su rol en la desaparición del matrimonio compuesto por José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik. Ambos fueron llevados al centro clandestino conocido como el Olimpo con su hijita Claudia Victoria, que después fue apropiada por un oficial de inteligencia del Ejército. Fue el caso de Claudia Victoria el que sirvió para demostrar la irrazonabilidad de las leyes que permitían juzgar a quienes tomaron parte de su apropiación, pero no a quienes posibilitaron que ello sucediera con el secuestro de sus padres.
Etchecolatz fue condenado el 19 de septiembre de 2006 a prisión perpetua. La noticia se recibió en un clima de profunda preocupación porque 24 horas antes había desaparecido Jorge Julio López, uno de los testigos que lo había situado actuando en los campos de concentración de la dictadura. Casi veinte años después, el Poder Judicial no logró determinar qué pasó con López, aunque está claro que su desaparición persiguió el objetivo de poner freno al proceso de justicia.
En 2007, solo hubo dos juicios. Uno terminó sin sentencia porque el único imputado, el prefecto Héctor Febres –que repartía los bebés robados en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)–, apareció muerto tras una ingesta de cianuro en una cárcel VIP. Recién en 2010 los juicios empezaron a tomar envión. En ese año, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), se sustanciaron 19 debates, una cifra que sería, en general, el promedio anual de los años siguientes. El pico se dio en 2017, cuando hubo 27 juicios. Fue curiosamente el año en que la Corte Suprema dio muestras de dar por cerrado el asunto con el dictado del fallo que habilitaba el beneficio del 2×1 para condenados por crímenes contra la humanidad.
A diferencia de la etapa de juzgamiento de los años 80, la actual no nació limitada. No son los jefes ni los que se «excedieron» en el cumplimiento de las órdenes los que deben sentarse en el banquillo. Son pasibles de ser juzgados todos aquellos que se vieron involucrados en la comisión de delitos. Según la PCCH, el universo de personas investigadas es de 3.902. Las condenadas son 1.245 y las absueltas, 250. Las absoluciones, aunque dolorosas para las víctimas, desarman el discurso de los grupos proimpunidad que sostienen que cualquiera es condenado por el mero hecho de portar uniforme. En la actualidad, hay trece juicios en marcha.
Los verdaderos límites del proceso de juzgamiento vienen dados por los tiempos que tardan las investigaciones o las resistencias judiciales para avanzar sobre algunos sectores, fundamentalmente el empresariado y los actores de inteligencia. Hay un movimiento creciente para que el Poder Judicial reconozca como víctimas a quienes eran niños en aquellos años, tan víctimas como los adultos de sus familias que padecieron los crímenes.
Rendir cuentas
A lo largo de 20 años, los juicios fueron construyendo una verdad que trasciende la esfera judicial para convertirse en un conocimiento socialmente aceptado. Sirvieron para saber que no fue una guerra sino un plan sistemático de exterminio en el marco del terrorismo de Estado o el genocidio, según entendiera cada tribunal. Sirvieron para decir que hubo un plan sistemático de robo de bebés, como denunciaban las Abuelas de Plaza de Mayo, o que la Argentina fue parte del Plan Cóndor, la asociación ilícita regional entre las distintas dictaduras de la región.
«Los juicios ayudaron también a entender que las mujeres sufrieron una violencia diferencial en los centros clandestinos; que los niños, niñas y adolescentes también fueron víctimas desde un lugar distinto al de quienes fueron apropiados; que las empresas fueron cómplices y permitieron que estos crímenes se cometieran, y que una de las metodología de exterminio fueron los vuelos de la muerte», explica Carolina Varsky, quien lideró el equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que logró la inconstitucionalidad de las leyes e intervino como querellante en el juicio a Simón, entre otros.
«La reapertura también interpeló al Poder Judicial. Estos juicios fueron punta de lanza para la realización de los grandes debates que vinieron después, como hoy son las megacausas. La estructura judicial no estaba preparada para eso ni para el registro y televisación de las audiencias o el abordaje de las víctimas», añade Varsky.
Margarita Cruz fue secuestrada en dos oportunidades en Tucumán. Los dos secuestros ocurrieron en 1975, en pleno Operativo Independencia. Su caso no fue considerado en el Juicio a las Juntas. La militante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) recién pudo declarar ante un tribunal argentino tras la reapertura de las causas.
–¿Usted diría que los juicios fueron reparadores? –le pregunta Acción.
–Sin duda. Luchamos por el juicio y castigo. Lo que daña generaciones es la impunidad –responde.
Los juicios por crímenes de lesa humanidad que este 20 de junio cumplen 20 años no solo fueron un mensaje hacia el pasado, fueron una apuesta hacia el futuro. No importan los obstáculos ni el tiempo que pase: hasta quienes se creyeron por encima de la ley deben rendir cuentas.
