21 de junio de 2026
La modificación del sistema de selección de jueces dispuesta por Milei y Mahiques reduce la participación ciudadana en las designaciones. El Gobierno avanzaría en la cobertura de plazas en Tribunales, la Corte y la Procuración.
Mahiques. El ministro articula la estrategia del Gobierno para completar el 30% de las vacantes disponibles en el Poder Judicial.
Foto: NA
El presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron el decreto 467/2026 con el que modificaron el método de selección de jueces, fiscales y defensores públicos, incluidos los de la Corte Suprema de Justicia y el de Procurador General de la Nación. La decisión, que según denunciaron distintas organizaciones civiles y abogados constitucionalistas implicó un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, provocó todo tipo de suspicacias y abrió un interrogante central: ¿El Gobierno allana el camino para avanzar con la cobertura de cargos en la cúpula del Poder Judicial?
Un acontecimiento provocó mucho entusiasmo en el Poder Ejecutivo en los últimos días y habilitó la idea de impulsar la cobertura de las dos vacantes que hay en la Corte y la que hay en la Procuración General de la Nación: se trata de los votos que cosechó en la Cámara Alta el padre del titular de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques, cuando logró que se extendiera su estadía en la Cámara Federal de Casación Penal por 5 años más luego de que cumpla la edad límite de los jueces para jubilarse (75 años). El 14 de mayo pasado, «Coco» Mahiques obtuvo en el Senado 58 votos a favor y tan solo 11 rechazos, que provinieron de un bloque peronista partido. Hubo respaldo de todas las bancadas, lo que generó que Mahiques padre superara holgadamente los dos tercios de los votos, que son los que se necesitan para designar jueces en la Corte o al Procurador General –que es el jefe de los fiscales–.
A sola firma
Con ese telón de fondo, este 16 de junio Milei y Mahiques hijo firmaron el decreto 467 que modificó dos decretos que había emitido el entonces presidente Néstor Kirchner, en 2003. Se trata de los decretos 222/03 y 588/03. El primero regula el procedimiento relativo a los miembros de la Corte y el segundo para el Procurador, el Defensor General –que también está vacante– y los jueces de tribunales inferiores. ¿Qué hizo el Gobierno? Centralmente, limitó la participación ciudadana en estos procesos y barrió con las referencias a la igualdad de género a la hora de estas designaciones.
El Gobierno respaldó su decisión en la necesidad de acelerar los procesos de nombramientos en el Poder Judicial, donde hay alrededor de un 30% de vacantes, y adujo que simplemente quitó procedimientos administrativos que estaban duplicados porque la representación ciudadana ya está presente en el tratamiento de pliegos en el Senado. Así lo dejó escrito en los considerandos del cuestionado decreto 467.
La reacción ante estas modificaciones no se hizo esperar. Un grupo de organizaciones civiles (Poder Ciudadano, ACIJ, Amnistía Internacional, ELA, Democracia en Red, CELS, INECIP, CEJIL y Campaña GQUAL) se nuclearon para emitir un comunicado en el que criticaron: «Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional».
En el documento se explicó que la designación de cargos judiciales implica «un proceso complejo en el que intervienen distintos poderes del Estado» en el que «el Poder Ejecutivo debe formular una propuesta, la que luego debe ser aceptada o rechazada por el Senado». Con los Decretos 222/03 y 588/03 se había robustecido «la participación ciudadana en esos nombramientos, al habilitar la presentación de apoyos o impugnaciones a las personas propuestas por el Poder Ejecutivo entre el momento en el que dichas propuestas eran formuladas y el de su envío al Senado», destacaron los firmantes. «Estas normas significaron un avance institucional de gran trascendencia, al incorporar estándares de transparencia y participación social en los asuntos públicos», señalaron. Por eso cuestionaron que ahora, con el decreto 467, el Gobierno «eliminó la posibilidad de que la ciudadanía presente observaciones en el período referido, lo que afectará las designaciones de jueces/zas de la Corte Suprema y de tribunales inferiores, del Procurador/a y Defensor/a General de la Nación, y de fiscales/as y defensores/as».
Las entidades también indicaron que, además de limitar el escrutinio público, el mentado decreto «también elimina la necesidad de velar por la igualdad de género y por la diversidad de especialidad y procedencia al momento de proponer candidaturas para la Corte Suprema». «Ello obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos», precisaron.
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional para que se declare la invalidez del artículo 11 del Decreto 467. Criticó la normativa «por conculcar regresivamente el derecho de participación, petición y deliberación democrática», «el derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género respecto del acceso a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» y «el principio de progresividad y no regresividad», entre otros aspectos.
¿Cambios en la Corte?
El decreto, que invita a pensar que el Gobierno busca allanar camino para designar jueces de la Corte, coincide con la filtración de un encuentro entre Milei y el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Según trascendió, el ministro cortesano habría propuesto a dos candidatos para cubrir el Alto Tribunal: el juez de Casación Mariano Borinsky y la jueza Karina Perilli.
A Lorenzetti se le atribuye haber sugerido en su momento el nombre del juez Ariel Lijo para la Corte. El Senado rechazó el pliego de ese magistrado que hoy integra los tribunales de Comodoro Py y que no baja los brazos por escalar posiciones en la jerarquía judicial. Su nombre es uno de los que se menciona para llegar a la Procuración General. Resulta difícil pensar que su pliego, que ya fue rechazado, logre pasar el filtro de la Cámara Alta. El otro nombre que también se baraja para el mismo cargo es el del propio ministro de Justicia, quien llegó a la cartera de Justicia de la Nación proveniente de la Fiscalía General porteña, es decir, de ser el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires.
Azares de la política, el juez Ariel Lijo comparte por estos días con Juan Bautista Mahiques un evento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. La participación del magistrado en el encuentro de la organización internacional antilavado –del que también son parte otros dos colegas de Lijo– fue impulsado por el propio Poder Ejecutivo, lo que abona las suspicacias que recorren los tribunales. Lijo, entre otras cosas, está a cargo del caso ANDIS y el Adornigate.
No es la única coincidencia político-judicial. La reciente decisión del Gobierno de aligerar los controles de la ciudadanía en la designación de jueces se da justo en un momento en que se espera el envío al Senado de más pliegos de candidatos para la magistratura propuestos por el Ejecutivo y avanzan las causas judiciales que comprometen al presidente y su entorno.
