17 de agosto de 2026

Tomás Forster

Mientras apuesta a consolidar a Turquía como potencia militar, el presidente busca perpetuarse en el poder a través de una reforma constitucional. La buena sintonía con Trump y el pacto con Arabia Saudita y Pakistán, aspectos centrales de su estrategia.

El 7 y 8 de julio pasado, Ankara fue la sede de la cumbre de líderes de la OTAN, la primera que se realiza en territorio turco desde que Estambul recibió al organismo en 2004. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, ejerció de anfitrión ante los líderes de los otros 31 países miembro –entre ellos el mandatario estadounidense, Donald Trump–, en un encuentro que le sirvió para exhibir el creciente peso geopolítico de Turquía y su buena sintonía con el presidente de Estados Unidos. Este último, en la previa a la cumbre, llegó a decir que «si no fuera porque la organiza el presidente Erdogan en Turquía, creo que no iría», mostrando de paso su malestar con los principales países europeos que integran la organización atlántica. Una nota de color que dejó aquel evento, y que muestra el estilo de Erdogan, se dio con el regalo que les dio a sus pares invitados: un revólver de la marca Sarsilmaz para promocionar a la industria armamentística local.

Luego de ese episodio, Erdogan protagonizó otro evento de singular importancia para Medio Oriente: el 7 de agosto pasado, en la ciudad de La Meca, el presidente turco firmó con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, un acuerdo de defensa mutua en el que se estipuló que un ataque armado contra cualquiera de los tres países se considerará un ataque contra todos ellos. El acuerdo, en el que también se planteó las «mejoras en todos los aspectos de cooperación en materia de defensa», se inserta en el marco de una región convulsionada por el conflicto que Estados Unidos e Israel mantienen con Irán, que ha respondido anteriormente con el lanzamiento de misiles que impactaron en el golfo pérsico. En el caso de Turquía, que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN, este pacto tripartito no solo intensifica su relevancia geopolítica actual, sino que además le puede suponer importantes beneficios económicos para su industria militar en expansión.

Este relevante rol ejercido en el plano internacional, en el cual el nacionalismo-islámico de signo conservador auspiciado por Erdogan confluye amigablemente con las corrientes de la ultraderecha trumpista, no exceptúa cierta autonomía de movimientos por parte del presidente turco evidenciada en la afinidad que mantiene con su par ruso, Vladímir Putin, y el marcado enfrentamiento con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el principal aliado de Trump en la región. En esa línea, el último martes 12 de agosto, Erdogan recibió al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, que recientemente convocó a unas elecciones legislativas que se celebrarán el 28 de noviembre próximo. Luego del encuentro, el líder turco publicó en su cuenta de X: «El Gobierno genocida de Netanyahu continúa sus acciones ilegales en Cisjordania y Jerusalén a la vista de todo el mundo». Y en cuanto a la situación en Gaza, afirmó que Israel «ha adoptado una política de rechazo a buscar una solución». La animosidad entre Ankara y Tel Aviv está a la orden del día y se cierne como otro inquietante factor de tensión en la región.

Por el mismo camino
Las apuestas geopolíticas de Erdogan conviven hacia adentro del país con la campaña de persecución y cercenamiento de derechos que sectores del poder judicial, controlados por el Gobierno turco, desataron contra la principal fuerza de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), mientras el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) avanza con una iniciativa de reforma constitucional con la que, y esto es un secreto a voces en el país del Bósforo, el veterano mandatario planea perpetuarse en el poder. 

El in crescendo autoritario tuvo un nuevo capítulo el 9 de marzo pasado, cuando comenzó en el complejo carcelario de Silivri uno de los juicios políticos más grandes de la historia reciente. El principal acusado: Ekrem Imamoglu, del CHP, fue suspendido de sus funciones como alcalde de Estambul y se encuentra en prisión provisional desde hace más de un año, imputado por estar involucrado en un supuesto caso de corrupción. El proceso judicial contra Imamoglu, que era visto como una figura opositora presidenciable, aparece plagado de un conjunto de irregularidades tales que organizaciones como Amnistía Internacional señalaron que no se cumplen las debidas garantías y que la acusación responde a motivos eminentemente políticos. 

Mientras tanto, Erdogan, con 23 años consecutivos en el poder, primero como primer ministro y luego como presidente, busca sostener su dominio de cara a las elecciones de 2028. La Constitución turca, reformada a iniciativa del propio Erdogan en 2017, le impide presentarse para un tercer mandato consecutivo. En mayo de 2025, Erdogan encomendó a un equipo de juristas la redacción de un nuevo texto con el argumento de que la actual Carta Magna está desfasada y presenta elementos de influencia militar, dado que fue elaborada inicialmente tras el golpe militar de 1980. Sin embargo, sus críticos leyeron la iniciativa oficial como una artimaña para asegurarse la permanencia en el poder.

El erdoganismo puede encontrar un límite: el AKP y su aliado ultranacionalista, el Partido de Acción Nacionalista (MHP), no tienen por sí solos los votos para una reforma constitucional. En este sentido, aparece un tema colindante, con una larga y trágica historia detrás: la cuestión kurda. En febrero de 2025, Abdullah Öcalan, el líder histórico del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), preso desde 1999, llamó desde su celda a deponer las armas, tras cuatro décadas de conflicto que dejaron más de 40.000 muertos. El PKK acató el pedido y declaró el fin de la lucha armada. Teniendo en cuenta ese hecho, Erdogan tiene un particular interés en la continuidad de las negociaciones de paz con la dirigencia kurda, especulando con un posible apoyo a su proyecto de reforma constitucional por parte del partido izquierdista y pro-kurdo, el Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), que aboga por una solución pacífica basada en un reconocimiento de la autonomía kurda de carácter regional, es decir en el interior del territorio turco. En ese marco, recientemente el oficialismo presentó un proyecto de ley para regular el desarme del PKK con la promesa de facilitar la integración social y ciudadana de militantes pertenecientes a esa organización.

Escenario pedregoso
En el plano económico, la sociedad turca viene de sufrir tres años seguidos de un severo ajuste. Como respuesta a la crisis inflacionaria que vivió el país entre 2022 y 2024, que desplomó la lira turca, el Banco Central –bajo la conducción de funcionarios ortodoxos– aplicó una fuerte suba de tasas, que rondaron el 50%. El costo social fue alto: aumentó el desempleo, principalmente en la industria textil y la construcción, y se deterioró el poder adquisitivo, en un cuadro que golpeó especialmente a las clases medias y que le significó cierto deterioro a Erdogan en su imagen pública. De acuerdo con el analista Cengiz Aktar, en un artículo que escribió para El Gran Continent, «la crisis económica solo afecta a la población en general, pero no a la dinastía de Erdogan. De hecho, el sistema económico clientelar del presidente –integrado por políticos vasallos, oligarcas cuyo número e influencia varían en función de su lealtad, así como una amplia red mafiosa cuyas conexiones se extienden al extranjero– queda al margen de todo ello».

Con un panorama interno incierto y tensionado, es en el frente externo donde Erdogan asienta su fortaleza. La cumbre de la OTAN, en Ankara, resultó una instancia significativa en términos de la proyección de la narrativa histórica con la que Erdogan busca entrelazar su gestión con el pasado Imperio otomano, en un ejercicio de posicionamiento que le permite presentar a Turquía como potencia regional mientras avanza sobre las instituciones democráticas.