13 de septiembre de 2026
En el contexto del giro «soberanista» de Milei por Malvinas y el cierre veloz de causas judiciales incómodas para el Gobierno, emerge un escenario político cada vez más incierto.
Reacomodamiento. Jura del juez Yadarola ante el Consejo de la Magistratura.
Foto: Consejo de la Magistratura
Tanto Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, habían prometido que los argentinos iban a transitar los mejores 18 meses de sus vidas y que en agosto la inflación comenzaría en «cero coma algo». Pero en el medio, como decía un expresidente, «pasaron cosas». Dado que los astros no se alinearon con el Gobierno, ante una seguidilla de traspiés parlamentarios y la caída de su imagen, el presidente intentó una «jugada maestra» manoteando el reclamo soberano por las Islas Malvinas de la caja de herramientas de las causas nacionales, montado –como debe recordarse– en la famosa sábana en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el 15 de julio pasado.
El INDEC, con su medición controvertida y todo, dio para el mes que pasó un 1,7% de índice inflacionario, lo que elevó la autoestima presidencial al punto de pedir confianza porque «ahora hay con qué». Pero no pudo ocultar que las canastas que miden pobreza e indigencia, la Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT), que afectan a los más perjudicados por el ajuste perpetuo y el cierre de empresas, treparon un 2,6%.
El mismo día que se conoció ese dato se confirmó que el presidente suspendió el viaje a Londres que había programado para fines de octubre. La intención de Milei era visitar Inglaterra para encabezar un encuentro con empresarios y ejecutivos en lo que se bautizó como «Londres Week». Era la ocasión para mostrar en uno de los centros financieros clave de occidente los beneficios de invertir en la Argentina libertaria. Pero las ínfulas nacionalistas descolocaron todo el escenario.
Para colmo, el anuncio de sanciones y el nuevo traje soberanista del primer mandatario no resultaron creíbles para la sociedad y el tema se fue esfumando muy pronto de los medios y las redes sociales. Por otro lado, se vio que las posibilidades de éxito en el reclamo dependían de Donald Trump y que en cuanto él arreglara las cuitas con el Gobierno británico cambiaría de tema.
Además, el apoyo explícito de controvertidos ministros del Gobierno israelí y del hijo de Benjamin Netanyahu tampoco es que ayuden mucho a la causa. Por si fuera poco, la amenaza de endurecer sanciones contra empresas que hagan negocios en las islas desnudó el entramado de firmas que, en algunos casos, ya habían sido sancionadas y de todas maneras fueron beneficiadas con el RIGI y, en otros casos, implicaban a capitales israelíes. Es decir, Malvinas es un nudo de intereses económicos y geopolíticos que poco y nada involucra a los argentinos de a pie, con lo que el discurso en cadena nacional del 3 de septiembre dejó en claro su impostura en menos de lo que canta un gallo.
Blindaje para todos
En paralelo con Malvinas, otras causas recibieron un espaldarazo en estos frenéticos días. Se trata de procesos judiciales que desnudan los intereses que se mueven detrás del sistema de justicia argentino. Vayamos a la cronología, que por su precisión dice mucho de este mecanismo indecoroso.
El 28 de agosto, con votos de la bancada peronista en el Senado nacional, fue aprobado el pliego para completar la Sala I de la Cámara Federal porteña de Pablo Yadarola, uno de los jueces de aquel viaje subrepticio a la residencia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, en octubre de 2022. En esa excursión, fueron de la partida, junto con gente de la antigua Agencia Federal de Investigaciones, funcionarios porteños y directivos del grupo Clarín, Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y el entonces jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, que ahora es ministro de Justicia del Gobierno nacional.
Ushuaia. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, visitaron Tierra del Fuego, donde se reunieron con el gobernador Gustavo Melella, y la vice, Mónica Urquiza.
Foto: @gustavomelella
En su último día como juez en lo penal económico, Yadarola archivó el 2 de septiembre la causa abierta por el ingreso sin controles aduaneros de diez bultos en un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, hombre ligado a los servicios y al trumpismo. Al otro día, juró el cargo junto con Pablo Bertuzzi, quien logró quedarse con el despacho al que había sido destinado «a dedo» durante la gestión de Mauricio Macri. Ese viernes, aunque sin la firma de Yadarola, el tribunal apartó de la investigación por la criptoestafa $Libra a los inversores afectados. Mucho trabajo tuvo ese día la Cámara, que confirmó el cierre del expediente por el préstamo irregular de 57.000 millones de dólares que otorgó el FMI a la Argentina en 2018. El dictamen tiene la firma de Bertuzzi y del otro magistrado, Mariano Llorens, este último un visitante frecuente de Macri en Olivos durante su presidencia. Con ese fallo salvaron su responsabilidad penal Luis Caputo y el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El lunes siguiente, Caputo zafaría de la causa por la emisión de un bono a 100 años y que en parte adquirió una firma con la que había tenido vínculos. El martes, la laboriosa Sala I sobreseyó a Mauricio Macri, al exjefe de la AFI Gustavo Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani, de una denuncia por espionaje ilegal a políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad en la previa a la cumbre del G20 de noviembre de 2018 en Buenos Aires.
¿Qué estará ocurriendo que la sociedad no percibe para que se cierren a las apuradas las causas que tienen entre sus imputados a personeros de las derechas más recalcitrantes?
Por otro lado, qué difícil resulta remar contra la corriente. Es lo que le ocurrió a la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de Lomas de Zamora. La mujer suspendió el lunes 7 la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil por 60 días. «No romantizo con los chicos que salen con un arma, lo que creo pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad», tuvo que salir a explicar Pascual ante el embate mediático que desató su decisión y las amenazas de juicio político. Lo que llama la atención es que entre las acusaciones contra la magistrada figuran que es una «jueza K». Delito imperdonable para algunos, que ella misma tuvo que salir a desmentir.
Hubo quienes, en sorna, señalaron que quizás el delito de Marta Pascual es no haber ido a jugar al fútbol a la quinta Los Abrojos o no haber viajado al paradisíaco lago del millonario empresario nacido en Londres hace 89 años y que, en 2024, se declaró culpable en Nueva York de haber utilizado información privilegiada para beneficiar a amigos en movimientos bursátiles y aceptó pagar 50 millones de dólares de multa.
Como sea, hasta podría argüirse que el apuro judicial puede tener relación con las perspectivas electorales que se avizoran para el modelo en curso en 2027, cuando es probable que ya no sea posible contar con la ayuda de Trump, si es derrotado en las elecciones de este año.
Por lo pronto, el peronismo dio una señal de unidad en un homenaje al fallecido líder cordobés José Manuel de la Sota en el que su hija Candelaria logró reunir a representantes de casi todos los espacios panperonistas en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema «Tomar la posta», incluidos los «cordobesistas» Martín Llaryora y Juan Schiaretti. ¿Será que todo tiene que ver con todo?
