8 de octubre de 2026
En épocas de alta volatilidad de la opinión pública, las tendencias cambian al ritmo de ilusiones y desencantos. El rol del Estado en el país imaginado y en el real.
AySA. Caso emblemático de mala praxis tras su privatización en la década del 90, el Gobierno insiste con vender el patrimonio de toda la sociedad.
Foto: @AySA Oficial
La volatilidad de la opinión pública es un fenómeno persistente. La falta de respuestas a las expectativas sociales genera ciclos de ilusión y desencanto. La crisis de los «grandes relatos» provoca marcados giros ideológicos en importantes sectores sociales. Lo que ayer era válido, hoy ya no lo es. En esa línea, un reciente trabajo sobre creencias sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que «después de varios años de preferencias económicas volcadas hacia lo privado, 2026 muestra un cambio de tendencias. Una mayoría prefiere un Estado más activo para reducir las diferencias económicas». «El privatismo, polo dominante en las mediciones anteriores, pierde terreno. Esto no implica un regreso lineal a un modelo estatista puro: el sector privado conserva un peso importante», agrega el informe Pulsar UBA.
Ante la pregunta «¿En qué tipo de país le gustaría vivir?», el 60% eligió «en un país donde el Estado tenga un rol activo para reducir las diferencias económicas entre las personas». El 40% restante se inclinó por «un país donde el Estado no intervenga y las diferencias económicas dependan del esfuerzo de cada uno».
Hace poco, la diputada nacional oficialista Karen Reichardt publicó un video donde festejaba (con bailecito incluido) el despido de «70.000 ñoquis». Esa medida se traduciría en «menos impuestos, menos gasto público y un Estado muchísimo más chico», argumentó la legisladora. En otras palabras, el despido de empleados públicos activaría un círculo virtuoso: achicamiento del gasto/menos impuestos/mayor bienestar general. Si eso fuera cierto, los países desarrollados deberían tener un reducido nivel de gasto público e impuestos. Los datos duros desmienten ese razonamiento facilista. La presión tributaria promedio de los países de la OCDE es del 34,1% del Producto Interno Bruto (PIB), versus el 27,6% de Argentina.
Eso no implica que una mayor recaudación (y gasto), en términos relativos, siempre sea sinónimo de progreso. El presupuesto se puede «engordar» sin que se traduzca en una mejora concreta en la provisión de bienes públicos. Lo que resulta claro es que no se puede tener servicios públicos europeos pagando impuestos africanos. La presión tributaria promedio de ese continente, según las estadísticas publicadas por la Unión Africana, ronda el 16% del Producto.
Otro ítem aparte son las debilidades que suelen imputarse al sistema tributario argentino, complejo, regresivo, donde la presión tributaria de los contribuyentes cumplidores es mucho más elevada que el valor promedio por la elevada informalidad. En ese terreno, las reformas propuestas dependerán del modelo de país proyectado. ¿Se quiere «uno con presión tributaria alta y una provisión amplia de bienes y servicios públicos, o uno con presión baja y menos Estado? ¿Uno en el que las familias de menores ingresos paguen proporcionalmente menos o uno en el que los que menos tienen paguen más que los que más ganan? ¿Uno en el que la familia y la provincia en la que naciste condicionen tus posibilidades por el resto de tu vida o uno en el que cualquier persona que nazca en Argentina tenga más o menos las mismas oportunidades?», se pregunta el economista Guido Zack en su newsletter de Cenital. Este debate de fondo está bastante invisibilizado en la arena pública.
