27 de octubre de 2026
A cargo de la investigación sobre cómo los grupos de tareas despojaban de sus propiedades a las víctimas, el fiscal Félix Crous asegura que los represores de la ESMA eran «vulgares ladrones». Además, advierte sobre una Justicia aliada a los intereses económicos y una democracia «dañada».
Félix Crous es el fiscal a cargo de la investigación sobre cómo los grupos de tareas de la ESMA ejecutaban un plan sistemático para despojar de sus bienes y propiedades a personas secuestradas entre 1977 y 1981. Sobre este caso, que agrupa las causas conocidas como «Bienes de Basterra» y «Chacras de Coria», asegura que también sirve para demostrar que «la represión estaba hecha de la codicia de personajes que se disfrazaban de cruzados anticomunistas, pero que en el fondo eran unos vulgares ladrones».
En dicho proceso, además de ser juzgados represores conocidos como El Tigre Acosta o Ricardo Cavallo, alias «Sérpico», se incluye al hijo del almirante Massera, Eduardo Enrique. Sobre este dato Crous asegura que «esto prueba que aquí había un entramado que excedía el argüido fin de la guerra santa contra el terrorismo y la subversión marxista», calificando el accionar como un sofisticado entramado de «pillaje».
«A las personas cautivas se les obligaba a firmar un poder a nombre de personas inexistentes, con documentos falsos, que adquirían esas propiedades, con escribanos cómplices de la operación.»
Además, el fiscal –quien en el pasado también participó en causas como la que investigó el Operativo Independencia en Tucumán o el Centro Clandestino Mansión Seré– evalúa que en el contexto actual la reactivación de estas causas adquiere un significado especial: «Es muy importante, porque claramente hay un clima adverso desde lo institucional». Y respecto a la crisis del Poder Judicial, asegura que es un problema «profundamente político», ya que los jueces, federales en especial, se han aliado con una «burguesía rapaz y prebendaria, que tiene características permanentes, igual que los intereses económicos».
–¿Cómo era el accionar del robo de bienes y propiedades en la ESMA?
–Básicamente a las personas cautivas se les obligaba a firmar un poder a nombre de personas inexistentes, con documentos falsos, que adquirían esas propiedades, con escribanos que eran cómplices de la operación. Por la capacidad que tenía la ESMA, resultaba sencillo producir documentación falsa, material muy moderno para la época: generaban pasaportes, credenciales y documentos de identidad, con obreros gráficos muy calificados, entre ellos Basterra, a los que sometían a trabajo esclavo. Y en el caso de las Chacras de Coria, allí estaba Conrado Gómez, un empresario mendocino, la familia Carmona, Cerruti y Piccolini, que era su contador. Es decir, eran tres familias y sus colaboradores. Eran los dueños de terrenos bodegueros de la burguesía mendocina. Fueron detenidos con el pretexto de asignarles alguna vinculación con la estructura de financiación de Montoneros, pero creo que allí estaba la información de que había bienes de los cuales apropiarse. La verdad, el móvil económico en este caso tiene preeminencia. Constituyeron una empresa de loteos con una oficina en Mendoza.
–Son varios casos diferentes en distintos lugares, ¿es eso lo que hace al «plan sistemático» y no a casos aislados?
–Muestra la asociación ilícita; pero, además, fue un montaje sofisticado, mediante el que se creó una inmobiliaria para vender los inmuebles apropiados por extorsión, se constituyó una sociedad de servicios para reparar los lugares que necesitaban algún arreglo, e incluso hasta una productora de televisión, con lo que había sido el archivo de algunos diarios que habían sido incautados, intervenidos o saqueados. O sea, es verdaderamente mucho más que una estructura de pillaje, es más que un plan sistemático, es una organización de financiación de grupos de tareas y probablemente también de financiamiento del proyecto político de Massera y una forma de retribuir a los muchachos de la patota por su tarea.
–Hay un dato extra, que de estos delitos también participó el hijo del almirante Massera. ¿Esto aporta algo en particular?
–Lo que primero nos muestra es que era parte de la comunidad criminal de la ESMA, porque el hijo de Massera –que no está imputado por los crímenes de la ESMA en la estructura concentracional– se suma al aprovechamiento de ese sistema de violencia para obtener beneficios económicos. De modo que seguir sosteniendo las causales de la cruzada prooccidental, como justificación de aquel desquicio es un discurso hipócrita. Eso no existió nunca. Digamos, hay muchas formas de violencia a lo largo de la historia donde los subprotagonistas, luego de serenadas las pasiones, tienen una reflexión crítica. La historia de la guerra es un poco esto, pero en los genocidios o en las represiones masivas no pasa. Hay un plan de exterminio con motivaciones de distinto tipo, en el caso argentino, además económicas.
«Los jueces federales, en especial, se han aliado con una burguesía rapaz y prebendaria, que tiene características permanentes, igual que los intereses económicos.»
–Acercándonos a la actualidad, teniendo en cuenta la enorme cantidad de casos en los que la Justicia falla a favor del Gobierno o no se expide, como el caso de la Corte con respecto del mega-DNU, ¿se podría decir que hoy el problema no es político sino judicial?
–Es que el problema de la Justicia es el problema más político de todos. Yo invierto el razonamiento: cuando alguien piensa en los problemas judiciales bajo los parámetros de la lógica interna del sistema judicial –es decir, se discuten reformas, mecanismos de negociación, de nombramiento y remoción de jueces– se eclipsa el verdadero problema, que es que toda esa acción es en sí misma política. Además, el Poder Judicial hace ya bastante tiempo que en la República Argentina ha abandonado la prescindencia respecto de la política para involucrarse directamente en el juego de los intereses, no de la política partidaria, porque es subalterna a los grandes intereses. Se dice, por ejemplo, que la Justicia federal porteña es macrista, y hay buena parte de razón en eso, pero no porque Macri sea un líder del sistema judicial, sino por los intereses que representa.
–En una reciente entrevista usted aseguró que «los malos han hecho un buen diagnóstico sobre lo que sucede con la Justicia y los buenos no». ¿Cuál es ese diagnóstico?
–Yo digo que el kirchnerismo en todos sus Gobiernos, con Néstor, con Cristina y con el de Fernández-Fernández, no tuvo un diagnóstico y una acción lúcida, ni una estrategia, y si la tuvo fue equivocada, respecto del Poder Judicial. Subestimó la capacidad de daño, creyó que con el poder que tenía era suficiente, o no supo hacerlo. El último evento de la aprobación de los pliegos de muchos de estos jueces, apoyado por la bancada peronista, si es una decisión táctica, que alguien la explique. O fue una negociación ruinosa o una negociación que toda la militancia partidaria no esperaba.
–Y el buen diagnóstico de lo que usted llama «los malos», ¿cuál sería?
–Nombrar a los jueces. Mirá qué módico que es ese reclamo. Esto lo está haciendo Milei. Nadie puede decirle a Mahiques que no está haciendo bien su trabajo. Lo está haciendo excelentemente bien. En cambio, las gestiones anteriores fueron horribles. Insisto, incluyendo en esos equipos a gente con la que tengo amistad, pero la gestión fue espantosa. Habrá que desentrañar a qué obedeció por ejemplo la no designación del Procurador General de la Nación. ¿Por qué alguien que ejerce el poder siquiera formal, por lo menos, no se propone cubrir los cargos importantes de ese poder? Ya no digo disputarle la hegemonía a los sectores concentrados de la burguesía nacional; mirá lo que estoy diciendo, algo bastante más simple que esto, que es nombrar a los jueces civiles.
«Creo que la democracia está dañada, no en peligro. Hay un proceso de degradación en el cual se van destruyendo el sistema de reglas, ciertos principios y autolimitaciones.»
–Teniendo en cuenta las acciones del Gobierno, la complicidad de la Justicia y por otro lado no acatar las leyes del Congreso, ¿se podría decir que la democracia está en peligro?
–Yo creo que la democracia está dañada, no en peligro. Hay un proceso de degradación en el cual se van destruyendo el sistema de reglas, ciertos principios y autolimitaciones. Y creo que a una dictadura se llega. Así, un día te encontrarás, como pasó en Uruguay, con una «bordaberrización», un presidente electo legítimamente que se transforma en autócrata por su propia claudicación frente a los sectores de las Fuerzas Armadas. Pero también creo que hay que ponerle un marco más grande, que es el fin de un sistema mundial basado en reglas, que no terminó ayer, cuando Trump después de casi dar un golpe de Estado, gana las elecciones. Pasó cuando derrocaron a Muamar el Gadafi, cuando las fuerzas colonialistas de Europa decían que cuidaban el espacio aéreo y bombardeaban los países, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dejó de ser quien autoriza o no autoriza las operaciones militares. El mundo basado en reglas terminó hace mucho. Ahora lo que estamos viendo es una suerte de hiperrealismo de eso. Una psicopatía desembozada del ejercicio del poder.
Integridad territorial
Día a día surgen diferentes noticias sobre fallos judiciales o acciones represivas que generan gran impacto en la sociedad. Félix Crous, con paciencia, analiza uno de los más resonantes: la Ley de Tierras y las marchas y contramarchas de la Corte Suprema: «Respecto a esa cuestión hay dos preguntas para hacerse. La primera: ¿qué pasó en esa ventana de tiempo entre suspensión y suspensión? ¿Quién compró tierras y no las inscribió, para que no se note?, porque vos podés comprar un bien inmueble e inscribirlo dentro de dos años, para enfriarlo. La segunda cuestión es en los argumentos que se usaron. No se legitimó a los combatientes de Malvinas, es decir, se desechó el argumento de la soberanía, pero se habilitó el tema ambiental. Es como si la cuestión de la extranjerización de la tierra tuviera más riesgo ambiental que riesgo para la integridad territorial de Argentina».
Y sobre las acciones represivas cotidianas explica cómo las imágenes de fuerzas de seguridad deteniendo a un vendedor de paltas son utilizadas como su principal «marketing político», por el alcalde porteño, Jorge Macri. Sin embargo, en el análisis agrega un matiz: «Uno, por supuesto, desde su visión a favor de los más débiles, entiende que hay una supremacía del derecho al vendedor callejero, pero me parece que ahí hay una trampa. Es un dilema donde hay dos fuerzas subalternas que se pelean entre sí. Todo es producto de una crisis, en donde el propio sistema lleva a que mucha gente tenga que vender paltas para sobrevivir y donde un comerciante no tiene un margen de ventaja con todos los recursos que posee frente a un vendedor ambulante para que le dispute el mercado».
