26 de septiembre de 2023

Adriana Meyer

La Unesco declaró patrimonio mundial a la Escuela de Mecánica de la Armada. Un reconocimiento que ayudará al resguardo de la memoria, contra los discursos negacionistas o apologistas del terrorismo de Estado.

Nunca más oportuna la decisión de la Unesco de declarar como patrimonio de la humanidad al Museo Sitio de Memoria ESMA. Un eventual Gobierno de los libertarios de La Libertad Avanza podría demoler el edificio de avenida Libertador y Vedia para transformarlo, quién sabe, en un Italpak o algo similar. Ahora ya no podría o, al menos, le sería mucho más difícil. No es la primera vez que un organismo internacional acude en resguardo de aquellos logros institucionales que la dinámica de la democracia argentina pone en riesgo por carecer de una política pública de continuidad que trascienda las sucesivas administraciones. Es el duodécimo patrimonio de la humanidad que tiene Argentina, junto con las Misiones Jesuíticas Guaraníes, el Parque Nacional Iguazú y la obra del arquitecto Le Corbusier, entre otras.
Hay antecedentes: en su momento, el Gobierno menemista intentó tirarlo abajo, pero, como siempre, la férrea oposición de la militancia de derechos humanos, los sobrevivientes y sus familiares lo impidieron. En la década del 90, durante el Gobierno de Carlos Menem, la militante de derechos humanos Graciela Lois, cuyo marido desapareció en la ESMA, consiguió, junto con Laura Bonaparte, un amparo judicial para frenar la demolición del ex centro clandestino de detención: «Nadie entendía la necesidad de hacer algo inmediatamente y nosotras dijimos “vamos a hacerlo”», recordó tras el anuncio de la Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que llegó tras la reunión de su Comité en Arabia Saudita.
La denominada exESMA (a algunos no les gusta el prefijo «ex») es un predio de 17 hectáreas en plena Ciudad de Buenos Aires que pertenecía a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada –de ahí la sigla ESMA– en donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más activos del período dictatorial. Se calcula que por allí pasaron 5.000 detenidos-desaparecidos y sobrevivieron menos de 200. Fue convertida en Espacio de la Memoria en mayo de 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández. En el resto de las instalaciones que no fueron dedicadas al Museo, funciona el Centro Cultural Haroldo Conti, entre otras instituciones que gestionan algunos organismos de derechos humanos.
«Celebramos la resolución de la Unesco. Sin embargo, también decimos que tiene peros, porque siempre afirmamos que todo el predio junto al campo de deportes formó parte del centro clandestino», dijo a Acción Osvaldo Barros, sobreviviente de ese campo de exterminio. «Todo estaba en función de lo que sucedía en el casino de oficiales, también estaba la enfermería o el pabellón Coy; llevaban a los secuestrados con los ojos vendados por las calles interiores de la ESMA hasta el taller de automotores o a la imprenta a realizar trabajo esclavo», recordó. Barros es miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y está convencido de que «todos los veían y todos sabían». A su criterio, a excepción del casino, que fue preservado, «el resto del predio corre peligro de operaciones inmobiliarias o monumentos a las “víctimas de la subversión”», expresó frente al peligro de la asunción de un Gobierno que reivindique el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura cívico-militar, negacionista del genocidio.
Este miércoles 27, Barros volverá a declarar como testigo, como lo ha hecho decenas de veces antes, en el séptimo tramo del juicio por delitos cometidos en la ESMA que está en marcha en la Justicia federal. «A nadie se le ocurre hablar de “ex Auschwitz”, aprovecharé para exigir justicia y que se anule la cesión del campo de deportes donde cremaban a los compañeros y compañeras fallecidos en la tortura o que llegaban muertos a la ESMA», dijo en relación con la entrega por parte del Estado de esa parte del predio al club River Plate. En el mismo proceso, días atrás, el sobreviviente Carlos «Sueco» Lordkipanidse solicitó lo mismo, al pedir al Tribunal Oral una medida de no innovar, porque es allí donde fueron incinerados los cuerpos de las víctimas que los represores no llegaban a arrojar al mar desde los vuelos de la muerte, que se hacían los días miércoles. En la ESMA, centro del horror, no había morgue.
Ahora bien, ¿qué implica que ese lugar donde funcionó uno de los campos de exterminio más grandes se haya convertido en patrimonio de la humanidad? Esta categoría se refiere a aquellos lugares, monumentos o conjuntos a los que se les atribuye un valor universal excepcional y forman parte de la lista elaborada por la UNESCO, que comenzó a funcionar en la Carta de París. Es un documento elaborado tras la reunión 17 de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la parte de las Naciones Unidas que se dedica a la cultura, la educación y la ciencia, celebrada en París en 1972. Ahí se estableció que ciertos lugares de la Tierra tienen un «valor universal excepcional» y, por lo tanto, pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La misión de esta convención era la de nombrar para proteger aquellas localizaciones que estaban en inminente peligro de destrucción y, de paso, actuar de manera preventiva en otros casos. Claramente, en esta oportunidad, dieron en la tecla.
El Comité que aprobó la incorporación del Museo está conformado por 21 representaciones rotativas de los 194 países más 12 Estados asociados que integran la Unesco. En la actualidad, los miembros del Comité son Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Catar, Egipto, Etiopía, Grecia, India, Italia, Japón, Malí, Nigeria, Omán, Ruanda, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Tailandia y Zambia. Según lo anunciado durante la sesión, se estableció que el Museo Sitio de Memoria ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio «está asociado y es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en los años 1970 y 1980 sobre la base de la desaparición forzada de personas».
Tras el anuncio, el presidente Alberto Fernández opinó que «la memoria hay que mantenerla viva para que las malas experiencias no se repitan». Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, dijo desde Riad, adonde viajó con la comitiva argentina, que «este reconocimiento a nivel internacional constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-militar».
En su libro Recuerdo de la muerte, Miguel Bonasso escribió la historia del encarcelamiento y tortura de Jaime Dri, «El Pelado», y otros militantes: «El prisionero está atado a una mesa, estaqueado, el torturador se aproxima con un aparato desconocido, el más sádico de los psicópatas no podría imaginarse su utilidad, que es introducido por el ano, a partir de allí sentirá el prisionero que le desgarra las entrañas (…) inicia una agonía terriblemente dolorosa». En aquellas mazmorras, a las cinco de la tarde «comenzaba la tenebrosa lotería: los desaparecidos que iban a ser trasladados eran llamados por su número, en la enfermería les aplicaban una inyección de pentotal, de “pentonaval”, como decían los marinos». El Pelado vivía en el Sótano, el sitio destinado a los «interrogatorios». Y Capucha, una suerte de cuadra que servía de alojamiento, tanto para los que se quedaban en la ESMA como para los que eran trasladados (…), un eufemismo burocrático para designar el envío a la muerte».
La Unesco parece haber escuchado el canto del pueblo que por estas horas vuelve a rechazar la apología de la dictadura al decir que «como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar».

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