23 de enero de 2024

Daniel Víctor Sosa

Los cambios en la iniciativa oficialista mantienen recortes en las facultades del Congreso, avalan fuertes transferencias de ingresos y preparan la venta de gran parte del patrimonio estatal.

Empieza a tomar forma concreta la profundización del superajuste y el cambio estructural propiciados por el Gobierno nacional, a partir de un nuevo proyecto de ley ómnibus, retocado en muchos aspectos para asegurar su viabilidad en el Congreso. La iniciativa busca acelerar el drástico giro de políticas del Gobierno nacional, iniciada con el shock desregulatorio y de liberación de precios «reprimidos», y continuada con el polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU), que derogó leyes como las de alquileres, góndolas, compre nacional y abastecimiento, y pretendió borrar un sinfín de derechos laborales (punto hoy frenado por la Justicia).
Los cambios introducidos en el proyecto legislativo, supuestamente consensuados con la denominada «oposición dialoguista», insisten en afectar mecanismos democráticos, buscan consolidar la violenta transferencia de ingresos de estos días en favor de grupos minoritarios y promueven la liquidación de gran parte del patrimonio estatal.
El texto corregido, que se encamina a ser tratado en la Cámara de Diputados, redujo los 664 artículos originales a 523 y bajó el tono de muchas de las transformaciones propuestas inicialmente. Por ejemplo, las delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo se mantienen, aunque se reduce su plazo a la mitad: un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.

Facultades
Munido de esos superpoderes, el presidente Javier Milei podrá, entre otras medidas:

● Promover la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico «basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios». 
● Establecer «la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria; y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado».
● «Eliminar restricciones a la competencia, la creación de empleo y la equiparación de las estructuras tributarias, así como los privilegios de algunos sectores». 
● Reorganizar el sector público nacional «para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento».
● Regular y reordenar el sector energético «en función de la apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados, de forma ágil y segura», a fin de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, debiendo el Estado asegurar las condiciones de suministro para todos los usuarios.
● Adecuar y recomponer las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro, a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos.

YPF no se vende
En materia de reforma del Estado se eliminó a YPF del listado de privatizables. Mientras, para Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial y mantener el control de cada empresa. Además, se incorporó expresamente la participación de la comisión parlamentaria bicameral específica para seguir los trámites respectivos. 
Se contempla asimismo «privatizar total o parcialmente o liquidar» unas 40 empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas, incluidas Aerolíneas, AySA, Casa de Moneda, Correo, Fabricaciones Militares, Télam, Administración de Puertos, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Tandanor y Yacimientos Carboníferos.
De aprobarse la ley, el Ejecutivo podrá intervenir todos los entes, empresas y sociedades del sector público nacional (excepto las universidades) y disponer «el pase a disponibilidad o baja del personal», cualquiera sea su modalidad de contratación. 
A la vez, se da marcha atrás con la idea de cargar retenciones a la exportación de productos de las economías regionales, por demanda de los gobernadores. La suba del gravamen, en cambio, afectará, como contempló el proyecto original, a los envíos industriales, al trigo y el maíz (3 puntos más), el aceite y la harina de soja (dos puntos) y la carne (6 puntos).
Otros cambios relevantes implican restricciones para el ingreso al régimen de blanqueo de capitales (no declarados ante la AFIP), mientras se asignan múltiples ventajas a empresas petroleras.

Correcciones
El instrumento legal clave del avance libertario se presenta como más amigable, al modificar algunos aspectos que causaron de inmediato gran irritación, por ejemplo, el mecanismo de ajuste de los haberes previsionales. 
En vez de aumentos discrecionales (por decreto) se mantendrá hasta marzo la recomposición trimestral con la fórmula actual. Y a partir de abril la actualización será automática, de acuerdo con la inflación mensual. Pero según sea el mecanismo de empalme entre un método y otro podría convalidarse una fuerte licuación de jubilaciones y pensiones (con pérdidas promedio de hasta 30%).
Otro gesto «amistoso» apunta a la simpatía del mundo cultural:  se mantiene la asignación específica de recursos para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y se deja de propiciar el cierre del Fondo Nacional de las Artes. Sin embargo, se propone para este último «explorar mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística». Los directores deberán ser ad honorem y los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos.
Peor suerte sufrirían el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, cuyos gastos quedan limitados al 20% de sus ingresos.

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