7 de junio de 2017

Casi 4.800 gitanos serán indemnizados por el Estado sueco. Los mismos habían sido incluidos en un registro ilegal elaborado por la policía de Skåne, distrito ubicado al sur del país nórdico. Once de las víctimas se habían presentado en la Justicia por daños y perjuicios y el Tribunal Supremo falló a su favor: además de considerar que la base de datos era discriminatoria, les otorgó una indemnización de 3.300 euros. En lugar de apelar, la procuraduría decidió extender la reparación al resto de los romaníes afectados, entre ellos cientos de menores, y los fondos, estimados en 17 millones de euros, serán descontados de las asignaciones estatales a la policía. «Fueron sometidos a una violación muy grave», declaró Robert Hårdh, titular de Civil Right Defenders, organización que acompañó la causa desde el comienzo.