5 de mayo de 2024
Media sanción. El Gobierno logró la aprobación en Diputados de un proyecto que, si se aplica, puede configurar un cambio de fondo en materia económica y social.
Foto: Gentileza HCDN
La batalla que libra el Gobierno nacional en el Congreso con su proyecto de ley «Bases» se apoya en un conjunto de premisas falsas para impulsar un cambio de fondo en materia económica y social, con claras ventajas para unos pocos grandes grupos nacionales y extranjeros.
Tras su paso por Diputados, en caso de obtener luz verde en el Senado, la iniciativa daría pie a una reforma laboral regresiva para trabajadores y trabajadoras, aliviaría cargas fiscales a unos pocos y dejaría de lado el objetivo del autoabastecimiento energético, con la consiguiente pérdida de soberanía y de un factor estratégico de desarrollo.
Consagraría, además, la retirada del Estado (mediante la privatización o la limitación del rol de un conjunto de empresas públicas), así como daría importantes incentivos de todo tipo a grandes inversores en sectores primarios. Y habilitaría un amplio blanqueo en beneficio de aquellos que practican una permanente fuga de capitales.
Nuestro voto en la cámara de Diputados fue de rechazo a esas y otras propuestas del oficialismo, ya que apuntan a una redistribución negativa de la riqueza en beneficio de las más grandes fortunas y a una pérdida de derechos laborales, junto a una reducción del poder regulador del Estado.
Tarifazos postergados
Advertí, durante mi intervención en el debate, que el cambio de fondo que se promueve desde la Casa Rosada parte de la formulación de premisas falsas. Entre ellas, que el país estaba al borde de la hiperinflación. La realidad es que el actual salto en el ritmo de suba de los precios comenzó en diciembre con la devaluación del peso y la vía libre a la remarcación en productos y servicios de primera necesidad, cuyos efectos continúan. Apenas se dispuso una pausa este mes para los próximos tarifazos en los servicios de energía eléctrica y gas, mientras se busca moderar las alzas de las empresas de medicina prepaga.
Después del fuerte aumento del costo de vida (90% en el período enero-abril, un promedio del 17,6% mensual, más del doble del 8,6% registrado en enero-noviembre del 2023), se afirma ahora que la tendencia inflacionaria es bajista, como resultado del fuerte ajuste en el gasto estatal y en la emisión de moneda (aspecto este último donde nada indicaba un descontrol).
Como venimos señalando, es probable que la inflación baje, pero a costa del agotamiento de la capacidad de consumo de la población.
Para completar el panorama habría que agregar que mucho del recorte de partidas presupuestarias (a provincias, obras públicas, universidades) es insostenible. Y que la recesión inducida por el Gobierno refleja la caída del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, y en particular la pérdida dispuesta en los haberes de millones de jubilados y pensionados.
Precios. El aumento del costo de vida fue del 90% en el período enero-abril.
Foto: NA
Mientras el freno de la actividad económica es antesala de suspensiones de personal y despidos, se alienta una reforma presuntamente orientada a crear empleo, sobre la base de la pérdida de derechos laborales.
Hay que recordar que similar objetivo buscó el Gobierno de Mauricio Macri, en cuya gestión el crecimiento del empleo registrado alcanzó apenas los 2.000 puestos laborales. En tanto, con otras reglas y aún con el impacto de una pandemia, desde 2019 hasta 2023 se generaron 551.000 puestos registrados, sobre un total de más de 1.200.000 nuevos empleos.
Son muchos más los aspectos negativos del proyecto de ley «Bases», cuya eventual aprobación de la mano de libertarios y aliados conduciría a profundos cambios estructurales.
Tal es la amenaza que se deja ver en el caso de los amplios beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, previstos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI), cuya aplicación anticipa una intensificación del modelo extractivista. Entre los sectores a los que se busca beneficiar sobresalen, principalmente, la agroindustria, la infraestructura, la actividad forestal, la minería, el petróleo, el gas y la tecnología.
El avance de la iniciativa gubernamental significaría así una cesión irreparable de soberanía nacional, y un camino sin retorno hacia una reprimarización empobrecedora de la economía argentina.
