9 de junio de 2024

El espacio político que lidera Javier Milei llegó a la Casa Rosada prometiendo el ajuste más grande de la historia argentina. Probablemente haya cumplido. Entre las medidas implementadas durante los primeros días de gobierno, tanto por el ministro de Economía Luis Caputo como a través del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado el pasado 20 de diciembre, los efectos del shock ejecutado por la gestión de Milei resultaron inmediatos. La megadevaluación, la liberalización de precios y la desregulación económica provocaron una reconfiguración de precios relativos cuyas consecuencias sobre los bolsillos de la ciudadanía fueron contundentes. Los valores de alimentos, combustibles, medicamentos, medicina prepaga y alquileres, entre otros bienes y servicios, se incrementaron de forma casi instantánea, con repercusiones ineludibles sobre las condiciones de vida de las grandes mayorías sociales.

Los picos de inflación de diciembre (25%) y enero (20%), acompañados por un dramático rezago en el poder adquisitivo de los ingresos, se desplegaron a la par de un drástico proceso de ajuste fiscal. En este último aspecto, la principal promesa de campaña resultó, como era de esperar, demasiado engañosa: el ajuste no recayó sobre la «casta política». En definitiva, fueron los jubilados y pensionados quienes sufrieron un recorte sustantivo de sus haberes, lo que explica en gran medida el superávit fiscal en los primeros meses del Gobierno libertario. Las transferencias a las provincias también se vieron afectadas por el mismo motivo, generando situaciones de zozobra, entre las que se destacó la de Misiones, producto de las masivas protestas de policías y docentes. A esto se suma el desguace de la planta de trabajadores del Estado, por medio de mecanismos autoritarios y disciplinadores, como fue la presencia policial en varias agencias públicas, controlando el ingreso del personal.

Dos velocidades
Ahora bien, la velocidad del ajuste contrastó con la capacidad parlamentaria del oficialismo. Pese a contar con la amabilidad y buena voluntad de la oposición «amigable» (PRO, UCR y Coalición Cívica), la obstinación del Gobierno con su proyecto original de Ley Ómnibus lo hizo trastabillar en el mes de febrero, viéndose obligado a retirar del recinto su preciado instrumento legislativo. A su vez, en la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, el presidente convocó a los gobernadores a un «Pacto de Mayo», a celebrarse en Córdoba el día 25 de ese mes. Tampoco logró su cometido. De hecho, debió conformarse con la recepción del gobernador local y un acto de concurrencia bastante escueta. En contrapunto, la oposición ha logrado velozmente y sin mayores dificultades darle media sanción a un cambio en la fórmula jubilatoria.

Si bien, ciertamente, el proyecto de «Ley Bases» ya consiguió su media sanción en la Cámara Baja y espera su aprobación en el Senado, no es posible dejar de subrayar que, en estos seis meses, a la hora de lidiar con el sistema político, el Gobierno ha mostrado más torpeza y debilidades que ductilidad y fortalezas. La renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el escándalo por la entrega de alimentos que envuelve a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, son expresiones de tal ineficiencia. En ese marco, resulta fundamental señalar que, ante la magnitud del ajuste y la envergadura del proceso de redistribución regresiva del ingreso, el Gobierno no se ha encontrado con un pueblo sumiso. Vale aclarar: es innegable que una porción de la sociedad ha cedido ideológicamente ante la supuesta inevitabilidad del shock económico.

En la calle
También es clave resaltar que la contestación social en estos seis meses ha resultado inédita en términos históricos: los dos paros nacionales de la CGT y las CTA (24 de enero y 9 de mayo), el aluvión de la comunidad universitaria el 23 de abril, las movilizaciones masivas (feministas, de derechos humanos, de organizaciones sociales, entre otras), entre otros acontecimientos salientes, dan cuenta de que no existe una aceptación dócil y unánime del pueblo argentino ante la ofensiva del modelo libertario. Y esto recién empieza.

Por último, es preciso indicar que las resistencias recién apuntadas se produjeron aún en el momento de mayor holgura política del Gobierno, al contar con el brío de la recientemente conquistada legitimidad electoral. Pero el panorama empieza a cambiar. A seis meses de la asunción de Milei, comienzan a aflorar las inconsistencias en el plano económico: insostenibilidad del superávit fiscal, tarifas pisadas, atraso cambiario, escasez de divisas y una mega recesión que no solo impactará en los indicadores sociales, sino también en la capacidad decreciente de recaudación por parte del Estado. De ese modo, la hipótesis oficialista de un rebote en la economía tiene un gran signo de interrogación.

Ante ese escenario, el presidente elige resguardarse en su zona de confort. Por un lado, es aplaudido en sus frecuentes exposiciones en las tertulias empresariales. Por el otro, se regodea durante sus visitas al extranjero, donde es recibido con honores por los líderes de la ultraderecha internacional y los referentes de las principales compañías tecnológicas de orden global.

La gran pregunta que asalta la vida política argentina se cifra en el grado de tolerancia social: ¿hasta dónde soportará la sociedad este modelo de ajuste y crueldad? La historia nacional nos enseña que es imposible adivinar dónde se producirá el punto de fuga. Lo que a esta altura resulta evidente es que, a pasos acelerados, y apenas transcurridos sus primeros seis meses de gobierno, la agresividad de la política libertaria va convirtiendo a la sociedad argentina en una olla a presión. El Gobierno apuesta a consolidar el descenso de la inflación y cobrar fortaleza en las elecciones legislativas de 2025. El problema es que para eso falta más de un año y, como ya sabemos, en Argentina ese período de tiempo puede parecerse bastante a una eternidad. Esta historia continuará.

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