22 de mayo de 2026
Disputa. El Tribunal de Justicia de la UE falló a favor del pago de una «remuneración equitativa» a los medios por el uso de sus contenidos en las plataformas.
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La presión de medios de comunicación para que Google y Meta compartan con ellos parte de los beneficios que capturan por el dominio de la publicidad digital va recogiendo frutos, algunos agridulces. Australia, la Unión Europea (UE), Canadá, Brasil y Sudáfrica están ensayando políticas con resultados dispares.
El reclamo de medios en distintas regiones del mundo se tradujo en regulaciones legales que buscan limitar el poder de las big tech. Australia, Canadá y Francia sancionaron normas que establecieron la obligación de negociar la renta digital entre plataformas e industrias creadoras de contenidos. Sudáfrica obtuvo de Google, Meta, TikTok y Microsoft un monto modesto (40 millones de dólares) para medios locales en cinco años. California y Brasil idearon nuevas leyes, pero el potente lobby tecnológico frenó esos proyectos cuando tenían media aprobación parlamentaria.
La semana pasada, el Tribunal de Justicia de la UE falló a favor del derecho de empresas periodísticas a una «remuneración equitativa» por el uso de sus contenidos en las plataformas. Tras un recurso que Meta elevó contra una decisión de la italiana Autoridad de las Comunicaciones, el tribunal europeo sentenció que la «remuneración equitativa» debe pensarse como «la contrapartida económica de la autorización para utilizar en línea sus publicaciones» y que «no puede exigirse ningún pago a los prestadores que no utilicen estas publicaciones».
Sin transparencia
No obstante, la pretensión de zanjar el desequilibrio con las plataformas digitales apelando al derecho de autor de los generadores de contenido podría tener un efecto búmeran para los medios. Meta podría negarse a publicar enlaces periodísticos en sus redes Instagram y Facebook, las más masivas en el mundo. Ya aplicó esa receta en Canadá en 2023: el Parlamento había votado una ley que forzaba a Meta y Google a compartir los beneficios por la circulación del material de los medios en sus redes. Contrariada por la norma, Meta bloqueó el acceso de los canadienses a noticias en Instagram y Facebook, causándoles a los medios un desplome de visitas y tráfico derivado. El negocio de las big tech existe sin los medios. Los medios no pueden existir sin que sus contenidos circulen en las principales plataformas digitales.
Canadá no había sido original. Su ley fue inspirada en una previa de Australia, de 2021, adoptada tras un largo trámite parlamentario y negociaciones entre emporios mediáticos como News Corp de Rupert Murdoch (dueño también de la cadena Fox, The Wall Street Journal o The Sun, entre cientos de empresas en todo el mundo) y las big tech. El llamado «Código de Negociación de Medios de Comunicación» ordenó entonces a Meta y a Google a acordar pagos individualmente con las empresas de medios. Como era previsible, la aplicación de la ley creó nuevos problemas.
La falta de transparencia y la selectividad con la que negociaron Meta y Google con algunos grandes grupos –como News Corp– en detrimento del resto relegó de la distribución de ingresos a medios comerciales pequeños y medianos, a medios públicos y a medios comunitarios. Pocos quedaron conformes y muchos fueron excluidos de los acuerdos.
Además, en 2024 Meta dejó de pagar, directamente. La decisión de Meta hirió de muerte el plan y desde entonces hasta los grandes grupos mediáticos piden al gobierno nueva intervención.
Por eso el actual primer ministro laborista Anthony Albanese anunció el reemplazo de la fallida norma por otra bautizada «Iniciativa de Negociación de Noticias». La innovación es triple: amplía la lista de sujetos obligados por la ley a TikTok (se añade a Meta y Google); fija un número mínimo de empresas de medios con las que las big tech deben acordar para moderar su discrecionalidad; y establece que, si las grandes plataformas deciden no hacerlo, deberán pagar entonces un impuesto del 2,25% sobre sus ingresos brutos en el país. Los acuerdos con medios pueden reducir el cargo del impuesto potencialmente a cero, con créditos equivalentes al 150% de los acuerdos elegibles, o al 170% si acuerdan con medios pequeños. Es una estrategia de discriminación positiva a los medios con menores ingresos, incentiva la pluralidad mediática y resuelve parte de los obstáculos de la ley original.
Zonas erróneas
La falta de transparencia afecta las leyes que buscan recompensar a los medios con ingresos de la publicidad digital, ya que la posición dominante de Google y Meta obtura el acceso a datos esenciales para establecer indicadores objetivos que eviten engaños, abusos y discriminación.
Lo mismo ocurre con los programas de mecenazgo a medios, productores y periodistas que Google y Meta tienen desplegados en muchos países –la Argentina entre ellos–, y cuyas cláusulas de confidencialidad refuerzan la opacidad del mercado de noticias digital.
Pero no es ese el único problema: a juicio del investigador Joshua Benton, las acusaciones de robo de propiedad intelectual en las que se basan los reclamos de las empresas de medios de comunicación «siempre han servido para encubrir la verdadera queja de los editores, que es de lo que se trata todo esto: Google y Meta tienen prácticamente el monopolio de los ingresos por publicidad digital».
Antes que invocar el derecho de autor ante gigantes tecnológicos que no vacilan en censurar las noticias producidas por medios de comunicación en sus redes, como sucedió en Canadá, para Benton la discusión debería centrarse en la imposición de cargos por su posición dominante en el mercado publicitario, para destinarlos a medios que cumplan con los requisitos de sostener trabajo formal (no precario), producir noticias locales de interés público y contrastar sus contenidos con fuentes diversas.
La reforma actual en Australia es interesante porque aunque las big tech resolvieran bloquear la publicación de noticias en sus redes, igualmente deberán aportar el 2,25% de sus ingresos brutos para medios de comunicación. La próxima discusión involucrará el tipo de producciones que realizarán las empresas periodísticas con esos fondos. ¿Serán contenidos de interés público que ameritan ser subsidiados con impuestos gestionados por el Estado? No hay salidas fáciles a los retos de la economía digital.
