El proyecto de ley para modificar la estructura tributaria contempla aumentos y la incorporación de nuevos gravámenes para bebidas alcohólicas y analcohólicas. Bodegueros lograron que se dé marcha atrás en el caso del vino pero no en espumantes.
28 de diciembre de 2017
La reforma tributaria impulsada por el oficialismo contempla un esquema de alivio fiscal para el sector empresario, pero un aumento de la presión tributaria para el bolsillo de los consumidores. Las economías regionales son las más afectadas por los cambios, principalmente los bodegueros y cerveceros, sobre quienes recayeron los mayores aumentos en las alícuotas de impuestos internos para compensar la reducción de aportes patronales a las grandes compañías. Bajo el argumento de cuidar la salud de la población, el proyecto contemplaba en un principio aumentos en los impuestos internos a bebidas alcohólicas y gaseosas con azúcar añadida, pero por acuerdos con gobernadores y la presión de Coca-Cola, se eliminaron.
El proyecto de ley del oficialismo prevé gravar con un 12% toda bebida que tenga 10 grados o más de alcohol en volumen, mientras que whisky, coñac, brandy, ginebra, pisco, tequila, gin, vodka y ron pagarán el 29%. En el caso de la cerveza, que en un principio el gobierno había propuesto elevar la alícuota de impuestos internos del 8% actual al 17%, tras su debate en Diputados se consensuó un tratamiento diferencial para las producidas industrialmente, que tributarán el 14%, de las elaboradas artesanalmente, que pagarán un 8%. Este contexto puso en alerta a los bodegueros porque se incluyó a vinos, sidras y espumantes, que hasta el momento se encontraban exentos de impuestos internos. Finalmente, el gobierno quitó a vinos y sidras del impuesto, pero la categoría espumantes se mantuvo en el proyecto. En la redacción final de la iniciativa, champán y espumantes no fueron eximidos e incluso la alícuota sería del 17% como se preveía en el borrador inicial, pese a que el Ejecutivo prometió que la exención quedaría incluida en la reforma fiscal. «Ahora no nos queda otra que discutir anualmente el decreto de exención sobre la base de los números de inversión de la actividad», explicó Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Los espumantes están exentos por decreto y ahora queda a discrecionalidad del gobierno si se renueva esa situación. Los bodegueros alertan por las inversiones atadas a la exención de ese impuesto, en un mercado en que la cantidad de vino espumante despachado al mercado interno pasó de 22 millones de litros anuales en 2005, a 46 millones en la actualidad.
El gigante rojo
La otra discusión involucró a las azucaradas, donde la voz disonante que más repercusión mediática tuvo fue la del gigante global Coca-Cola, que además amenazó con dejar de comprar derivados cítricos en el noroeste argentino y anunció que pensaba frenar una inversión ya anunciada de 1.000 millones de dólares si el Ejecutivo insistía con subir la alícuota. El gobierno aseguró que la eliminación del impuesto a las aguas minerales, que pasa de 4% a 0%, debería compensar el aumento en las gaseosas y aguas saborizadas, dado que se trata de las mismas empresas que monopolizan ese mercado (Coca-Cola, Pepsi y Nestlé). Sin embargo, finalmente se dio marcha atrás y el gobierno decidió mantener el actual impuesto de 4% para aquellas gaseosas que tienen jugo de limón y 8% para las analcohólicas, con o sin azúcar. De acuerdo con la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa), el caso del azúcar y de los jugos de frutas involucra al menos a 12 regiones y estima que se eliminarán 5.000 empleos en la cadena de valor relacionada con el sector. La industria de bebidas sin alcohol genera en el país más de 26.000 empleos directos y representa el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sus ventas superan en la actualidad 100.000 millones de pesos anuales, de acuerdo con datos de la cámara.
