24 de junio de 2025

Ricardo Gotta

El exmandatario niega su participación en el intento de golpe de Estado de 2023 y apuesta a reposicionarse políticamente. Impacto ante las presidenciales de 2026. El papel del poder real y la ofensiva del PT.

Jair Messias Bolsonaro transita por el juicio en el que se determinarán sus responsabilidades en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasil. Si lo hallan culpable, podrían caberle hasta 40 años de cárcel. Hace algunas horas se sentó en uno de los banquillos de la sede del Supremo Tribunal, uno de los sitios invadidos aquel día. Cuando advirtió la cercanía del fotógrafo, en su posición de reo, el excapitán del Ejército, expresidente, se verá si exgolpista, exhibió una sonrisa teatral y señaló con sus dedos índices al juez Alexandre de Moraes, quien segundos después lideraría la indagatoria.

Cuidó con extrema responsabilidad cada palabra, como en un escenario. «La hipótesis del golpe no fue siquiera considerada en mi Gobierno». Transitó otras aristas para deslindar culpas: «Sin líder, sin FFAA y sin apoyo financiero, no hay golpe». Sumergido en narrativas cruzadas, admitió: «Discutimos posibilidades, alternativas, sin salir de las cuatro líneas de la Constitución». Se mantuvo impertérrito, pero sorprendió al mencionar la derrota electoral: «Afrontamos el ocaso de nuestro Gobierno». Aunque reconoció: «Insultaba, decía palabrotas, pero hice lo que debía hacer».

Usa la retórica para correr el eje de una acusación para que no lo encuentren responsable del asalto a los Tres Poderes. Pero Bolsonaro, a los 70 años, tiene ardides. Por un lado, admite conocimiento sobre el advenimiento de la asonada, pero evade intencionalidad. Aduce haber estado lejos de liderarla. Incluso geográficamente: estaba en Florida, EE.UU., y no en Brasilia. 

Por el otro, negocia fuera de los tribunales con el poder real y las FFAA. ¿Le soltaron la mano? Todo apunta a que no del todo, aunque sus amigos no sigan tan leales, en especial los de la Marina, de los que tanto alardeó. Por caso, su ex comandante en jefe, el almirante Almir Garnier, quien lo implicó sin empachos en el golpe, pese a haber sido uno de los militares que más activó junto a Bolsonaro en acicatear el levantamiento.

¿Sería una contradicción flagrante que no lo mandasen a vivir tras las rejas, pero sí le mantuvieran la interdicción para ejercer candidaturas y/o cargos? Desde lo jurídico, seguro. Pero estos dictámenes tienen una fortísima carga política, dimensión donde todo se hace posible.

Sucesión
La sentencia se espera para antes de fin de año. El bolsonarismo parece ser un movimiento aún vivo y su líder pretende, aunque no pueda ser candidato en 2026, al menos gozar de la lapicera para designar la sucesión. Y sigue jugando fuerte, con riesgo. Por ejemplo, convocó: «Una vez más les invito para el domingo 29 (de junio), a las 14, en la (Avenida) Paulista. La lucha continúa por democracia, por libertad, por justicia. Comparezcan». De todos modos, crece con vigor la imagen del joven gobernador de San Pablo, Tarcisio Gomes da Freitas (49), para liderar a la derecha.

Mientras, la policía detuvo durante un fin de semana a Gilson Machado, su exministro de Turismo, acusado de «obstrucción al juicio», por ayudar al teniente coronel Mauro Cid: le «gestionó» un pasaporte en el consulado de Portugal en Recife para que se fugara. Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, coacusado en la trama golpista, ofició de «delator» y entregó sin pudor a su exjefe. Para sumar dolores de cabeza, hace unas horas, el expresidente recibió la imputación de espionaje ilegal, como parte de una detallada investigación sobre la Agencia Brasileña de Inteligencia, que involucra a otras 34 personas. Por caso, su hijo Carlos, y el exdirector de la ABIN, Alexandre Ramagem, quienes utilizaron ilegalmente un software adquirido en 2018 durante el gobierno de Michel Temer, en dos contratos fraudulentos por 8,1 millones de reales.

Otro de sus hijos, Eduardo, el diputado, en febrero se instaló en Washington, antes de que la Justicia le prohibiera salir de Brasil. Lanza permanentes ataques contra Lula y los magistrados, mientras hace lobby para que el Gobierno de Trump apoye a su padre: el propio Marco Rubio consideró posible que EE.UU. acusara a De Moraes por «censura» y «persecución política».

Lo que viene
El TSF trasmitió el interrogatorio de 130 minutos por YouTube desde Brasilia. Más de 25.000 siguieron en vivo a Bolsonaro ante de Moraes. El juez de 56 años tiene enemigos poderosos. Elon Musk lo trató de dictador. La trama lo ubica como a uno de los que intentarían asesinar en el golpe, junto a Lula y a su vice, Geraldo Alckmin. Él insiste que, si la asonada no cuajó, fue por la resistencia de algunos jefes del Ejército y la Fuerza Aérea. Nunca antes, generales del más alto rango, fueron juzgados por un tribunal civil. A de Moraes lo acompañan cuatro jueces: entre ellos, Flavio Dino, ministro de Justicia de Lula el día del asalto; o Cristiano Zanin, el abogado del actual presidente que logró la anulación de los procesos que llevaron a prisión al exlíder metalúrgico, y recuperar sus derechos políticos. Los quisieron recusar: no pudieron.

Bolsonaro, que desde Planalto acusó a de Moraes de «perseguidor político», esta vez lo trató con extrema mesura. Hasta se animó a pedir permiso, sonriente, para hacerle una broma. «Lo invito a ser mi vice en 2026», le dijo. «Declino», fue la sobria respuesta. 

Mientras, desde el Partido de los Trabajadores arrecian los dardos contra el expresidente. Su actual titular, Humberto Costa, trató a Bolsonaro del «cobarde de siempre» y de intentar «evadir pruebas irrefutables», aunque reconoció que el centro político brasileño y los sectores de derecha, con los que su Gobierno constantemente negocia gobernabilidad, no terminan de soltarle la mano al exmilitar. 

¿Cuánto peso tendrá esa cuestión para que ya se ponga en la palestra la postulación o no de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2026, el 4 de octubre, cuando esté a punto de cumplir los 81?