Opinión

Carlos Heller

Dirigente cooperativista

Avances hacia un modelo insostenible

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Verdad y consecuencia. La crítica situación del comercio y las empresas que producen para el mercado interno desmiente los números oficiales.

Foto: Getty Images

Las perspectivas económicas y sociales que enfrenta el Gobierno libertario, a punto de iniciar su segundo bienio de mandato, están lejos de ser auspiciosas. Por lo menos para la mayor parte de la población y el grueso de las empresas, aunque se difundan estadísticas de tono optimista. 

Se pretende, por ejemplo, que la actividad económica alcanzó en el tercer trimestre su mayor nivel desde mediados de 2022, luego de registrar una mejora interanual del 5%. Para llegar a ese resultado el INDEC realizó una revisión al alza de los valores de julio y agosto, lo cual motivó algunas controversias luego respondidas en un comunicado aclaratorio.

Lo que de ninguna manera se explica es cómo la marcha de la economía muestra avances, en un marco de disminución en la cantidad de asalariados privados registrados, bajos salarios, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo de las familias.


Realidades
Más allá de los grandes números, una evaluación más acabada de lo que verdaderamente ocurre en la economía requiere una mirada sobre aspectos «micro». Por ejemplo, indagar por la situación de las empresas que producen básicamente para el mercado interno, los comercios de distintos rubros que dependen de la demanda local o la tendencia en los ingresos de las personas que tienen un empleo, así como de jubilados/as y pensionados/as. 

Lo concreto es que crece la proporción de la ciudadanía que sufre el deterioro de su calidad de vida. Así lo refleja el indicador de ventas en Supermercados y Autoservicios Mayoristas, que se encuentran en el nivel más bajo desde noviembre de 2023 y en términos reales, fueron en septiembre último 12,5% menores a las de aquel mes.

Por otra parte, la «demanda insuficiente» es actualmente el principal factor que limita la capacidad para aumentar la producción industrial, según el 50,2% de las respuestas recogidas en octubre por la Encuesta de Tendencia Manufacturera elaborada por el INDEC, frente al 43,5% registrado en enero. El 10,6% de los empresarios consultados señaló a su vez como limitante la competencia de productos importados, que como se sabe es creciente mes a mes.

En este contexto, el número de empleados descenderá en los próximos tres meses, según anticipó el 16,5% de los empresarios encuestados (en enero dieron esa respuesta el 12,6%). Quienes esperan aumentar su nómina laboral son ahora solo 3,4% de los industriales, cuando a comienzos de año eran el 7,4%.

El uso de la tarjeta de crédito para compras de productos básicos de la canasta familiar y la mayor dificultad para el repago de los préstamos son otros indicios del deterioro padecido por importantes franjas de capas medias.


Importaciones
Como ocurrió en otras experiencias aperturistas, muchas empresas ven más conveniente integrar su oferta con productos foráneos y reducir la dimensión de sus fábricas.

Dos casos recientes, entre muchos otros, ilustran al respecto. La multinacional Whirlpool deja de producir en el país, cierra su planta de la localidad de Pilar y concentra su operación en ventas y servicios, lo que impacta en sus 220 trabajadores. 

Cuesta abajo. El indicador de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas se encuentra en su peor nivel desde noviembre de 2023.

Foto: Getty Images

El establecimiento había sido montado en 2022 con una inversión de 52 millones de dólares, cuando las señales de política fabril apuntaban a un intento de fortalecer la demanda local y de resguardar a la industria del ingreso de importaciones.

También se supo que la empresa santafesina DBT (Cramaco) abandonará la producción local de alternadores y grupos electrógenos para reconvertirse en una distribuidora de equipos importados desde China, lo que implicó el despido de 37 trabajadores.

En definitiva, el rumbo que el Gobierno buscará consolidar con su plan de ultraajuste del gasto y de la inversión estatal, con las reformas estructurales y las disposiciones de desregulación, preanuncian un modelo excluyente de la mayor parte de la población.

Un esquema beneficioso solo para unas pocas empresas del sector agropecuario o extractivas, favorecidas estas últimas por regímenes de desgravación impositiva como el RIGI, pero insostenible para el resto de las pymes.

El camino a seguir para incentivar la producción y el empleo es otro: se precisa proteger el mercado interno y el ingreso de la población con políticas activas aplicadas por el Estado nacional. 

No sería más que aplicar en la Argentina los variados instrumentos de apoyo a la producción nacional, como lo hacen países desarrollados (Estados Unidos, la Unión Europea) y emergentes. 

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