16 de diciembre de 2025

Iván Gajardo Millas

José Antonio Kast promete reducir el gasto público y aplicar mano dura contra la inseguridad y los inmigrantes. Derechos adquiridos en riesgo y alineamiento con Trump. Análisis de especialistas.

Luego de un sexenio que incluyó históricas movilizaciones contra la desigualdad, una pandemia y dos procesos constitucionales fallidos, la decepción ante el Gobierno de Gabriel Boric parece haberse impuesto en Chile y el candidato ultraderechista y fundador del Partido Republicano (PR), José Antonio Kast será el próximo presidente. De ese modo, se consolida la historia reciente de polarización y alternancias en el país.

Con un plus importante: esa rotación entre líderes progresistas y de derecha que marcó la lógica de los relevos presidenciales desde 1990, tomó ahora más impulso para conquistar los extremos.

Kast fue uno de los grandes detractores de la épica y consignas del estallido social de 2019 y eso le permitió crecer políticamente y ocupar el nicho de liderazgo en la derecha. 

Prometió encabezar un «gobierno de emergencia» que estaría centrado en tres grandes ejes: recuperar la economía, combatir la delincuencia y el crimen organizado y controlar la inmigración.

Durante la campaña Kast denunció la impotencia o falta de voluntad del Gobierno saliente frente a esos tres temas y prometió hacerse cargo de ellos cuando asuma la presidencia el 11 de marzo de 2026.

El economista chileno, investigador y docente universitario Jorge Gajardo señala ante Acción que la campaña del ultraconservador hizo permanente referencia «a una situación fiscal delicada y un mal manejo macroeconómico», pese a  que no hay indicadores macroeconómicos o financieros que respalden dicha opinión.

«En materia de inflación tanto como en crecimiento hubo logros mayores a las expectativas de los organismos técnicos como el Banco Central de Chile o internacionales como el Banco Mundial», explica, y agrega que «respecto a la situación fiscal hay que recordar primero que Chile tiene un estado pequeño considerando su PIB, de hecho el menor de los países de la OCDE  (27% del producto interno bruto). Si bien la deuda pública se ha ido incrementando, sigue siendo muy baja en términos comparativos (alrededor del 43% del PIB)».

Consultado por la promesa de Kast de bajar el gasto público en US$6.000 millones, y la viabilidad de esa iniciativa en términos de financiación, señaló: «La verdad es que no podemos aún descifrar esas medidas porque no han sido explicitadas. De lo poco que se conoce sabemos que esa pretendida reducción es considerada escandalosa por la mayoría de los actores políticos y casi la totalidad del mundo académico. Hay que entender que el gasto público total en Chile es alrededor de US$75.000 millones, es decir sería una caída tan brutal que probablemente generaría efectos recesivos a nivel macroeconómico y significaría cortar beneficios sociales y programas relevantes, como la Pensión Garantizada Universal (PGU, que es un aporte estatal a las jubilaciones), y la gratuidad de la educación superior».

Según el economista el futuro Gobierno de Kast constituirá un intento de «purificación» del modelo neoliberal vigente, con rumbo a una versión más extrema, intentando revertir algunos de los pocos avances logrados en materia social durante los años de la transición. «Sí es muy probable que se intenten limitar normativas ambientales dada la descripción doctrinaria del nuevo presidente respecto de los preceptos neoliberales. Esto implica que se profundice la orientación extractivista de la economía chilena, avanzando en desregulación en distintas materias».

Respecto de la resistencia popular frente a un retroceso en políticas sociales, señala Gajardo: «Chile es un poco imprevisible. Está por verse cómo se desarrollará la respuesta social cuando se afecten los intereses de trabajadores, pequeños empresarios, jubilados, y en general los sectores de la población más desfavorecidos y que utilizan servicios públicos en salud, educación y vivienda», concluye.

La otra agenda
La inmigración en Chile creció significativamente en los últimos años y alcanzó casi el 10% de la población total hacia 2023, con un aumento del 46,8% desde 2018. Hasta 2023, se estimaban 1.918.583 personas en total, una cifra compuesta principalmente por venezolanos (38%), peruanos (13,6%), colombianos (10,9%) y haitianos (9,8%). Casi 400.000 de ellos están en forma irregular.

Para Kast la inmigración irregular y el crimen organizado son parte del mismo problema, y por ello mezcló el tema en los discursos y sus numerosas promesas. Aseguró que implementará un «Escudo Fronterizo», que cerrará físicamente y tecnológicamente los pasos irregulares para retener y expulsar ingresantes ilegales y que financiará hasta 2.000 vuelos de deportación, y un «Plan Implacable» enfocado en erradicar la impunidad y restaurar el orden público, en línea con las fórmulas de este sector político.

El profesor de la Universidad de Guadalajara, México, e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México, Alejandro Canales, relativiza que sea factible implementar este tipo de promesas. 

«Lo que hay que entender es que la política antimigrante opera en un plano simbólico, en la construcción del otro. Y en ese plano se plasman la intolerancia, la xenofobia, el totalitarismo, el racismo, etcétera. Son la forma de cómo construimos al otro, y cómo le echamos todas las culpas, pero en la práctica es un fenómeno global que es muy difícil de neutralizar. El papel aguanta todo. Tú puedes colocar lo que quieras en un programa, pero en los hechos, la política tiene otra lógica. Tiene que ser negociada no solo con la oposición, sino negociada incluso en el mismo aparato del Estado».

Consultado sobre si esas promesas exigen, para un sector de la ciudadanía, respuestas concretas, señala: «Es que no se trata solo de un problema logístico, ni de costos, ni de tiempo. El problema de fondo es que Chile necesita de esos migrantes que no están en el vacío, no están parados en la esquina de la plaza, fumando y viendo pasar la vida. Son fuerza de trabajo que se realiza en condiciones de precariedad, de poco salario e inestabilidad», señala.

En este punto, Canales recuerda un estudio que él mismo realizó en República Dominicana en el que fueron las propias elites empresarias las que rechazaron una política migratoria expulsiva debido al impacto a la suba que esta podía tener en los salarios locales.

«Hoy día la migración es un elemento estructural de la sociedad, de la población, de la sociedad y de la economía; en resumen, del capitalismo, y no hay una respuesta a la vuelta de la esquina», insiste. 

Pese a todo, Canales no considera un error –al menos en términos de cálculo político– la gravitación que el tema tuvo en la campaña chilena y vislumbra que es un encuadre que permanecerá en la agenda de la ultraderecha mientras le permita lucrar electoralmente.

Tensar vínculos
Para el investigador, el presidente electo buscará fortalecer lazos con Donald Trump, sumándose al resto de los líderes latinoamericanos en esa línea (Milei, Bukele, Noboa) y retomará vínculos plenos con Israel, incluyendo compras militares, además de distanciarse de Lula (Brasil), Petro (Colombia) y Sheinbaum (México).​

Advierte  que ese giro podría tensionar el vínculo con China, principal socio comercial chileno y forzar decisiones sectoriales en minerales críticos, infraestructura y tecnología, con riesgos en mercados y financiamiento. 

En los debates de televisión le recordaron a Kast que Chile tiene desde hace décadas una política de integración muy grande con Asia, y los riesgos de una alineación automática con agendas injerencistas, belicistas y ultraconservadoras, que pueden traer la ruptura de tratados internacionales y la división regional, alejando a Chile de organismos multilaterales.​ Fiel a su estilo, Kast declinó responder.