25 de enero de 2026
Cada día cierran 30 empresas y se pierden 400 empleos. Los alarmantes datos de la situación laboral en Argentina ponen en entredicho los pronósticos optimistas del Gobierno sobre la marcha de la economía.
Tortuguitas. Despidieron al menos a 20 empleados. El Ministerio bonaerense llamó a conciliación obligatoria y ordenó retrotraer los despidos al 9 de enero.
El nuevo año amanece en el mundo del trabajo como una postal desoladora de telegramas de despidos, persianas bajas y portones cerrados. Entre diciembre y los días que van de enero, 9 empresas anunciaron reducciones, que en algunos casos ya se hicieron efectivas e implican la pérdida de casi 2.300 puestos de trabajo. Son los casos de Mercado Libre, Lamb Weston, Georgalos, Lácteos Verónica, Lustramax, Vassalli Fabril, TN & Platex, Sealed Air y Dr. Ahorro.
En este contexto, Lustramax es la única firma cuyos trabajadores se encuentran en asamblea permanente en las instalaciones de la empresa, y lo que está sucediendo allí parece ser un experimento de reforma laboral de hecho.
Según los datos de un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), desde diciembre de 2023 han cerrado en menos de dos años 21.046 empresas con trabajadores registrados. El promedio diario es de 30 firmas que desaparecen del mercado, transporte, construcción e industria lideran las pérdidas, se destruyeron 272.607 empleos formales, cerca de 400 por día, y el mayor impacto laboral es en compañías con más de 500 empleados.
En plan de buscar respuestas al acelerado fenómeno, Acción consultó a Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), quien afirmó que «cierran las fábricas y cae el empleo como consecuencia de la política económica del Gobierno nacional». Según su criterio, «la apertura indiscriminada de las importaciones y la caída de los ingresos son la principal causa, lo que demuestra que no es la legislación laboral la culpable, como falazmente argumentan para fundamentar la supuesta necesidad de una reforma laboral regresiva».
Cremonte considera que otro efecto de esta política es el crecimiento de los monotributistas. Esto significa que «parte del empleo formal que se pierde es sustituido por empleo no registrado y precario, y revela otro de los verdaderos objetivos de la política laboral: “legalizar” el fraude laboral a través de la figura de los “trabajadores independientes”».
Negociaciones
A la hora de mirar las historias de vida, tampoco aparecen los recursos que en los años 90 dieron un respiro, aunque fuera fugaz, para poner una remisería o una cancha de paddle. «Me despidieron el 23 de diciembre, no nos pagaron el aguinaldo, nos deben las vacaciones y también la indemnización, exigimos que nos paguen lo que corresponde», dice Jorge, despedido de Dr. Ahorro, que cerró 11 de sus 40 sucursales y dejó entre 90 y 110 trabajadores sin empleo. Como las negociaciones están abiertas, prefirió no dar su apellido.
Lo mismo le pasa a Diana cuando Acción la consulta por su situación. «Tengo mucha antigüedad en una de estas empresas, que hacen tanta propaganda en televisión, y sin embargo prescinden de nosotros como si fuéramos un bulto más, si no nos pagan lo que nos corresponde probablemente hagamos propaganda nosotros también, en la calle», anticipa, sin ocultar esa mezcla de bronca y tristeza que trasunta su voz.
El panorama en algunas de estas grandes empresas es bastante similar: Mercado Libre despidió a 119 empleados que serían reemplazados por la Inteligencia Artificial que ellos mismos entrenaron. Granja Tres Arroyos les debe una quincena y medio aguinaldo a más de 700 trabajadores que paralizan por completo su planta de Concepción del Uruguay. Paro total e indefinido en Acindar por despidos a contratistas. Lácteos Verónica, en Santa Fe, paralizó la producción de sus tres plantas poniendo en jaque la estabilidad de 700 trabajadores. Acerías Berisso está en huelga por despidos. Sealed Air, una firma industrial y de packaging, despidió a 65 empleados en Quilmes por la caída de la demanda de empresas alimenticias.
Lustra menos
En la planta del parque industrial de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, se juega el laboratorio del proyecto que aún no es ley y que impulsa con vehemencia al unísono el oficialismo. Gonzalo Amarilla, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que representa a los trabajadores, se anticipa a aclarar que no se trata de una «toma» sino de una permanencia en asamblea. En diálogo con Acción explica que «el conflicto empezó hace varios meses porque la empresa viene incumpliendo el pago de la obra social, eso es urgente porque hay familias con tratamiento oncológico e hijos con CUD (Certificado Único de Discapacidad), con el agravante de que en los recibos de sueldo sí surge el descuento de la obra social». Amarilla sostuvo que «a ese incumplimiento se sumó el pago parcial del aguinaldo y un bono por empresa que estaba pactado».
La empresa presentó un preventivo de crisis en el Ministerio de Capital Humano con un plan para despedir 45 trabajadores, de un total de 150, y el Ministerio le exigió que acompañe los tres últimos balances. «Ellos no los presentaron todos y no han demostrado la invocada crisis, por eso se realizó un paro, pero la empresa siguió avanzando con prepotencia y despidió a dos delegados, sin tener en cuenta que tienen fueros gremiales».
Así, el Ministerio de Trabajo bonaerense llamó a una conciliación obligatoria, y ordenó a Lustramax retrotraer los despidos al 9 de enero. Esto sucedió mientras la empresa impedía el ingreso a la planta de los delegados. «Ante eso, y con la presencia de Gendarmería, es muy difícil negociar. Los despidos son persecutorios, antes no les respetaban las vacaciones ni las horas extras, como tampoco el convenio, el trato del dueño Ezequiel Sosa era humillante. Eso fue cambiando cuando se organizaron en 2021 y tuvieron su comisión interna, entonces es claro que pretende atacar a esa organización», detalla el abogado.
Para intentar sacar a los trabajadores de la planta, Sosa hizo una denuncia penal, asesorado por la senadora Florencia Arietto, que fue apelada y por eso se frenó el desalojo. «A eso le sumó una campaña en los medios diciendo que los trabajadores son parásitos. Los trabajadores la están peleando, tienen un fondo de lucha que es “lustramaxenlucha”, porque los despedidos no tienen ingresos, pero adentro hay otros no despedidos que acompañan las medidas y les descuentan el día».
En el inicio de la tercera semana de enero, la empresa sigue sin cumplir la conciliación obligatoria, y los trabajadores permanecen en asamblea. «Hay una orden de desalojo del juzgado de garantías 4 que apelamos porque esto es un conflicto laboral que se tiene que dirimir en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia laboral, no penal», enfatiza Amarilla. Y agrega: «Vemos como un peligro que las empresas sigan el camino penal, hay organizaciones de derechos humanos que ya se han pronunciado en apoyo a esta lucha, como la APDH, la CPM y el Serpaj con Adolfo Pérez Esquivel».
Por su parte, el exdiputado y referente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, fue uno de los dirigentes que se acercó a la planta y expresó que los trabajadores de Lustramax no están solos. «Hay luchas obreras en defensa del trabajo o por salario, en estos días paró Fate, y la UOM y otros gremios convocarían a un paro para el 10 de febrero cuando se trate el proyecto antiobrero del Gobierno llamado reforma laboral».
