4 de abril de 2026

El escudo de las big tech que las eximía de responsabilidad legal por lo que ocurría en las redes digitales está siendo taladrado por decisiones judiciales en Estados Unidos. Meta y Google fueron sancionadas por la configuración de sus plataformas, que perjudica a sus miles de millones de usuarios. Los fallos coinciden en que el diseño de las redes apunta a enganchar adictivamente a las personas –sobre todo menores de edad– y vulneran su seguridad.

Los dos veredictos adversos para Meta (uno incluye a YouTube, de Google) de la semana pasada en tribunales de Nuevo México y Los Angeles (California) representan un giro copernicano en la regulación que garantizaba la inmunidad de los intermediarios de internet. Aunque en ambos casos impusieron multas cuyo monto no afecta seriamente la poderosa economía de los gigantes tecnológicos, las consecuencias de las resoluciones son trascendentes.

Al colocar la responsabilidad de lo que ocurre en las redes ya no en el usuario, sino en las plataformas y su configuración dañina, los fallos relacionan la salud y el bienestar social con la arquitectura definida por las empresas dueñas de las redes sociodigitales.

«La era en la que las grandes tecnológicas eran intocables ha terminado. Tras años de prácticas cuestionables por parte de empresas como Google y Meta, nuevas pruebas y testimonios han sacado a la luz los daños que jóvenes y familias han denunciado durante mucho tiempo», sostuvo Sacha Haworth, directora ejecutiva de la organización The Tech Oversight Project.

Meta (dueña de Facebook e Instagram), Google (YouTube), TikTok y Snapchat enfrentan cientos de demandas similares en tribunales de distintas jurisdicciones estadounidenses. Los antecedentes de Nuevo México y Los Angeles pueden provocar un efecto cascada.

El fin de la inmunidad
Las big tech han exprimido hasta la última gota de la regulación legal que ampara la inmunidad de los intermediarios respecto del contenido que los usuarios suben a internet. Se trata de la famosa Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, de 1996, es decir, previa a la creación de Google, de Facebook o de TikTok.

La idea de esa norma era estimular la difusión de contenidos sin responsabilizar a los sitios web que los alojaban, a los que facultaban, además, a moderar material «ofensivo» (según criterios morales siempre controvertidos) sin perder la inmunidad. Claro que esos intermediarios mutaron, en una evolución aluvional, en gigantescas plataformas globales cada vez más concentradas en un puñado de megamillonarios.

La configuración de las plataformas con su diseño de «scroll infinito», su reproducción automática de videos (autoplay) y sus recomendaciones y notificaciones constantes para el uso compulsivo, la explotación de perfiles por la captura de datos personales no consentido por los usuarios y la promoción de material nocivo para la población vulnerable son los rasgos constitutivos de las redes sociodigitales más cuestionados casi tres décadas después de adoptada la Sección 230.

Las demandas que están perdiendo Meta y Google, además, no se centran en su responsabilidad por los contenidos, sino en las fallas en la arquitectura, en la seguridad y en los efectos inherentes a sus productos.

Los casos
Después de dos años, un jurado civil en Nuevo México determinó el 24 de marzo pasado que Meta engañó a los usuarios sobre la seguridad de Facebook e Instagram, exponiendo a menores al acoso de pedófilos. Asimismo, como planteó el Departamento de Justicia de Nuevo México, concluyó que Meta «estructura intencionalmente sus plataformas para generar dependencia en los usuarios jóvenes y exponerlos a contenidos dañinos vinculados con trastornos alimenticios y autolesiones». En consecuencia, le impuso una multa de 375 millones de dólares.

Un día más tarde, un jurado en Los Angeles resolvió que Meta y Google debían indemnizar con 6 millones de dólares a una joven que las demandó por su diseño adictivo que derivó en ansiedad y depresión a lo largo de más de 10 años. La falta de advertencias sobre los peligros potenciales de las redes fue calificada como «negligente» por el jurado, que sesionó durante seis semanas en el Tribunal Superior de Los Angeles. TikTok y Snapchat llegaron a un acuerdo privado con la demandante y evitaron así el mal trago de la exposición pública.

Las demandas que se acumulan contra las big tech se asemejan a las que enfrentaron las grandes tabacaleras a partir de la década de 1990, e incluso hay términos idénticos (adicción, diseño de productos que subestiman daños a la salud, falta de transparencia y de advertencia a los usuarios/consumidores) que inspiran a quienes comparan el daño público de ambas industrias.

Tanto Meta como Google adelantaron que van a apelar los fallos. «Discrepamos respetuosamente con el veredicto. La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación», afirmó un vocero de Meta.

Los fallos de la semana pasada se suman a la ola de regulaciones legales que se registra en distintas latitudes para atenuar el poder de los gigantes tecnológicos. En Brasil la Ley Digital de Protección de la Infancia y la Adolescencia (ECA Digital), promulgada por el presidente Lula da Silva en marzo, prohíbe la personalización de publicidad digital a menores (práctica habitual de las big tech), en Australia la prohibición de que las empresas dueñas de redes sociodigitales habiliten cuentas a menores de 16 años está en vigor y es una medida que siguen con mucho interés varios países europeos, como Dinamarca, España y Francia. En los últimos años, la Unión Europea (UE) sancionó leyes reformistas de protección de datos y de servicios y mercados digitales que molestaron a las tecnológicas estadounidenses. Por ello, el presidente Donald Trump amenazó con mayores barreras arancelarias a Europa, que terminó relajando algunas de sus disposiciones. Pero ahora el frente de tormenta está localizado no solo en terceros países, sino en el propio sistema judicial estadounidense que perfora el viejo escudo legal de las big tech.

Compartir