21 de mayo de 2026

Manuel Barrientos

A 30 años de la primera Marcha del Silencio, las calles de Montevideo se llenaron contra la impunidad. Un reclamo que trasciende fronteras y enciende alarmas por los retrocesos en la región. Testimonio de Macarena Gelman.

Decenas de miles de uruguayas y uruguayos desbordaron las calles para mantener vigente el reclamo de verdad y justicia en la búsqueda de los detenidos desaparecidos por la última dictadura. Padres con niños en sus hombros, cubiertos con camperas y gorros ante una temperatura que indicaba cuatro grados, el sonido de las pisadas contra el asfalto, manos sosteniendo esa margarita deshojada que hace presente las ausencias. «30 años marchando juntos contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas: ¿Dónde están?», señalaban las banderas que encabezaban la 31° Marcha del Silencio por la 18 de Julio, la avenida más importante de Montevideo. Las movilizaciones también se replicaron en las principales ciudades de Uruguay.

«Fue una marcha muy masiva, que ayuda a dimensionar la magnitud de lo ocurrido y que marca que es una necesidad de toda la sociedad que se sepa la verdad», sostiene Macarena Gelman, militante por los derechos humanos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en el año 2000.

En el Cono Sur, las coordenadas del horror dictatorial tejieron una trama de dolor transnacional ante la desaparición forzada; pero las respuestas sociales e institucionales adoptaron caminos diversos a ambos lados del Río de la Plata. En Uruguay, la Marcha del Silencio cumplió tres décadas y se consolidó como un hito movilizador potente, mientras se reabren interrogantes sobre las persistentes deudas del Estado. Hace pocos días, la Institución Nacional de Derechos Humanos agregó ocho casos. Ahora son 205 las desapariciones investigadas.

Gelman analiza la vigencia de una marcha que cobró autonomía y amplitud. La fecha elegida recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, senador del Frente Amplio; Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional; y de Rosario Barredo y William Whitelaw en 1976 en Buenos Aires. No fueron hechos aislados: el 70% de los uruguayos desaparecidos fueron secuestrados en territorio argentino. «La marcha hoy prácticamente se convoca por sí misma, y la participación va en aumento. Lo interpreto como un acuerdo donde está puesto en el centro que cada desaparecido nos falta a todos. Aunque a la vez me pregunto si en este momento histórico lo mejor sigue siendo una marcha en silencio», sostiene Gelman ante Acción.

Avances judiciales y la dispersión institucional
El itinerario institucional del Uruguay posdictatorial estuvo marcado por la vigencia de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, un cerrojo normativo que impidió durante décadas el juzgamiento de los criminales de lesa humanidad. El punto de inflexión se produjo con el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, en 2011, que obligó al Estado uruguayo a remover los obstáculos para investigar y sancionar estos crímenes.

Dentro de los avances más importantes, Macarena Gelman destaca la creación en 2017 de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. «Fue un cambio significativo, las causas fueron logrando abrirse paso en un escenario donde todo eran obstáculos», puntualiza. Al indagar en las asignaturas pendientes, señala que la estructura estatal revela una preocupante fragmentación que debilita la acumulación de saberes y la efectividad de las búsquedas. «Uruguay tiene una institucionalidad en derechos humanos muy dispersa, que atenta contra la posibilidad de la acumulación del trabajo en esa área. Y la dificultad para tener un plan de trabajo en este tema que trascienda a los Gobiernos ha sido importante», remarca la exdiputada por el Frente Amplio.

Uno de los puntos más críticos reside en la metodología de la búsqueda de restos de los detenidos desaparecidos. A diferencia de la experiencia argentina, donde las investigaciones documentales previas suelen guiar los trabajos arqueológicos, en Uruguay las tareas de excavación en predios militares han tenido que realizarse a gran escala ante la opacidad y el ocultamiento de información. «Si hubiera una investigación adecuada, se podrían optimizar esos recursos», analiza Gelman. A pesar de esto, resalta la maduración técnica local: «El Equipo Uruguayo de Antropología Forense se ha consolidado y es uno de los grandes logros que hemos tenido. Es un equipo confiable y que trabaja muy bien».

La ausencia de un diseño estratégico por parte de las autoridades competentes constituye, según Macarena, otra falencia central. «La Corte establece que las búsquedas se tienen que hacer con la participación de los familiares; pero no se ha logrado y eso hace que se pierda tiempo en buscar información que de repente los familiares ya la tienen». 

A pesar de los nudos institucionales, las últimas décadas evidencian la consolidación de un consenso social amplio. «Se ha ido logrando que se comprenda que es una cuestión humanitaria y que esa búsqueda no debe cesar, independientemente de cómo es el Gobierno», evalúa Gelman, que sigue buscando los restos de su madre, María Claudia García Irureta Goyena.

Bajo este acuerdo social, un hito reciente fue el lanzamiento del nodo uruguayo de la Red por el Derecho a la Identidad, una iniciativa destinada a nacionalizar y sistematizar la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado. Dada la coordinación represiva a través del Plan Cóndor, la sospecha de que ciudadanos con identidades fraguadas residan en territorio uruguayo constituye una certeza fáctica. «Si hablamos de que los nietos pueden estar en cualquier parte del mundo, cuánto más en Uruguay, por la cercanía y por la coordinación estrecha que hubo», explica.

Para potenciar la búsqueda y dotarla de visibilidad pública, el nodo proyecta instancias de formación técnica, seminarios académicos y eventos culturales. El próximo 27 de mayo se realizará un concierto solidario en el emblemático Teatro Solís de Montevideo, que contará con la participación de figuras como Ruben Rada, Agarrate Catalina, Falta y Resto, Martín Buscaglia, Samantha Navarro y la Dulce, Diane Denoir, y Luciano Supervielle, entre otros. El invitado especial será León Gieco.

Pero todo este entramado de restitución identitaria posee una dependencia técnica ineludible con los dispositivos científicos desarrollados en la otra orilla rioplatense, particularmente con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de Argentina. Ante las señales de alerta por el desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei, Gelman advierte sobre las consecuencias transnacionales: «Atentar contra el Banco Nacional de Datos Genéticos significa atentar contra esta política de búsqueda, que logró mucho consenso social. Además, se comprobó judicialmente que hubo un plan sistemático de sustracción de niños y niñas durante la dictadura. Tenemos que oponernos con toda nuestra fuerza, y no solo desde la Argentina, sino también en la región».

La advertencia final de Gelman es un recordatorio indispensable de la indivisibilidad de los derechos humanos en el plano regional: «Muchos hijos de uruguayos fueron identificados gracias a ese Banco y el trabajo de búsqueda y la política de búsqueda que existe en Argentina. Todavía restan casos por identificar. Es lamentable que esté pasando esto, porque se está atentando contra un derecho esencial de las personas».