7 de julio de 2026
Las prestatarias de servicios públicos forman parte de los sectores ganadores del modelo libertario. Capitales concentrados, beneficios por encima de la inflación y escasa o nula inversión.
Infraestructura. La mejora de la rentabilidad empresarial no se tradujo en un cambio sustancial en el patrón de acumulación, sino que registraron un aumento significativo de sus carteras financieras.
Foto: NA
En junio de 2026 el valor de la canasta de servicios públicos básicos llegó a representar el 15% del salario promedio registrado. De acuerdo con estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet, el gasto en servicios públicos en el sexto mes del año alcanzó los $282.758, un 10,1% por encima de mayo. A nivel interanual, un 54% más, 20% por encima de la inflación del período, que fue 34%. En ese lapso, la tarifa de agua se incrementó un 48% y la de energía eléctrica, 43%, mientras que la de gas natural lo hizo un 37%. Un salario promedio permite comprar 6,8 canastas de servicios públicos en junio de este año, contra las 8 de un año antes. Cuando se habla de salario promedio debe resaltarse que dicha reducción oculta realidades muy heterogéneas. En el universo de trabajadores informales y de la economía popular, el peso de las tarifas sobre el ingreso disponible llega a duplicar los valores del sector formal, sostiene el informe «Las privatizadas en el Gobierno de Milei. Tarifazos, ganancias extraordinarias y reticencia inversora», del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp).
El trabajo de Gustavo García Zanotti y Martín Schorr analiza específicamente la contracara del incremento de las tarifas de servicios públicos o, en otras palabras, quiénes son los beneficiarios de la transferencia de ingresos hacia los servicios públicos en detrimento del poder adquisitivo de los hogares y también del sector de la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes). «Entre 2023 y 2025, frente a una suba del 334% en el índice de precios implícitos del producto (indicador que refleja la evolución general de los precios de la economía), el rubro «electricidad, gas y agua» registró una expansión del 760%. Esta brecha, que se toma a modo de ejemplo, consolidó a los servicios públicos regulados como uno de los componentes de la economía real con mayor dinamismo relativo, en una carrera de precios solo aventajada por el sector financiero», señala el informe. El doble que el resto de la economía en 24 meses.
Sin embargo, el trabajo revela también que el Gobierno libertario no es innovador en beneficiar a los sectores prestadores de servicios públicos. En una perspectiva temporal más amplia, es un accionar propio de las gestiones neoliberales.
Canasta. Representó en junio el 15% del salario promedio registrado, un 10,1% por encima de mayo.
Foto: Jorge Aloy
Solo un puñado
Los beneficiarios no son más que un puñado de grupos económicos nacionales «con posiciones relevantes en distintos sectores estratégicos de la economía». Y tienen nombre y apellido: Marcelo Mindlin, Eduardo Eurnekian, familia Rocca, Grupo Vila-Manzano, familia Brito, familia Bemberg y familia Reca, grupo Clarín y familia Neuss, ligada a los Caputo (grupo estrella de la gestión Milei). «En conjunto, estos casos evidencian la conformación de un núcleo de grupos económicos nacionales con una marcada diversificación sectorial y una presencia destacada en actividades reguladas por el Estado», sostiene el trabajo del Ipypp. Resultado de un proceso de concentración iniciado en los 90, durante otro gobierno neoliberal, estos actores en casi cuatro décadas fueron adquiriendo una «elevada capacidad de influencia sobre las políticas públicas y los marcos regulatorios».
El trabajo, además, analiza cuál fue la ganancia del sector y sus políticas de inversión y reinversión. Respecto al primer tema, «en el período 2023-2025 los ingresos por ventas globales se incrementaron el 28%, frente a un aumento de apenas el 1% en el valor bruto de producción de toda la economía (en ambos casos, a valores constantes). Esto expresa que en lo que lleva de transcurrido el Gobierno de Milei se asistió a una creciente concentración económica de la que se benefició este segmento del capital más concentrado. De considerar la totalidad de las empresas de la muestra surge que, en términos reales, la masa agregada de beneficios creció más del 55% entre 2023 y 2025». Y revela además que, en su comparación con el conjunto de las corporaciones que cotizan en el mercado bursátil argentino, la rentabilidad de las empresas del sector es mayor, cuando la del resto empeora.
Así, las actualizaciones tarifarias, que incrementan mes a mes la canasta de servicios, incluso muy por encima de la inflación, no hacen más que poner en números la transferencia de recursos efectiva hacia las compañías prestatarias de servicios públicos. «Desde esta perspectiva, la recuperación de la rentabilidad observada en 2024 y 2025 puede interpretarse como parte de un proceso de redistribución del ingreso a favor de este segmento del poder económico local», sostiene el informe.
En cuanto a la inversión, el trabajo es contundente. «El aumento de la rentabilidad de las empresas de servicios públicos no estuvo acompañado por un incremento equivalente de las inversiones productivas». Y remarca que ese incremento de rentabilidad trajo consigo la expansión de sus tenencias de activos financieros, como fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones y otros activos financieros de corto y mediano plazo.
Quien haya vivido la década del 90 sabe que estos procesos de importantes transferencias de ingresos hacia sectores de poder que actúan en mercados regulados, sin competencia y con una clara «reticencia inversora», terminan mal. Porque en este sector nunca, pero nunca, el derrame tiene lugar. Ni la capacidad productiva de las empresas ni la calidad de los servicios, un derecho humano fundamental, se amplían en favor de las personas, los hogares y las empresas.
