4 de julio de 2026

La media sanción en Diputados del Súper RIGI, con una clara orientación de otorgar grandes beneficios a corporaciones extranjeras y a algunas del gran capital concentrado de carácter relativamente nacional, le agrega, de forma inédita, otros absurdos a lo que ya se les había concedido a ciertas megaempresas con la aprobación del RIGI original, como el bloqueo por 30 años de cualquier posibilidad de acciones judiciales del Estado o de particulares por incumplimientos de la legislación local en materia tributaria o comercial o la seguridad de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por el mismo período.

Como si aquello fuera poco, les concede a estas grandes corporaciones –especialmente a las vinculadas con las nuevas tecnologías– una reducción del tributo a las ganancias del 35% al 15%, una amplia reducción en el impuesto a los dividendos en un 50%, una exención en derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la disponibilidad progresiva de los dólares de exportación en un 100% a partir del tercer año. Y como frutilla del postre, le incorpora las bajas de aportes patronales al 10% y de ingresos brutos al 0,5%.

Estas concesiones se establecen cuando el Gobierno, en su acelerado proceso de cesión de soberanía, avanza en la aplicación del mal designado «acuerdo» comercial con los Estados Unidos, que en la práctica resulta un vil contrato de adhesión y entrega que abre absolutamente las puertas a los negocios y recursos estratégicos más apetecidos por el Gobierno norteamericano y sus principales corporaciones.

El corolario de estas políticas de entrega podría ser la probable sanción del proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que ha ingresado al Senado de la Nación y que, en resumidas cuentas, significa la apertura lisa y llana a la extranjerización de las tierras estratégicas, un proyecto tan gravoso para nuestra soberanía alimentaria que hasta la Iglesia Católica, a través del obispo de Chascomús –representando a la Pastoral social en su intervención en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado– manifestó su posición contraria a los argumentos oficiales y señaló que «la ley atenta abiertamente contra la soberanía». En la misma línea, ya el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas se pronunció contra una ley que, según él, «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y del derecho de los pueblos a la autodeterminación».

Todo esto ocurre en las mismas semanas en las que se obstaculiza el debate y el imprescindible tratamiento en las Cámaras del Congreso de una ley de emergencia para las mipymes y emprendedores, fundamental para que sobrevivan la crisis creciente del consumo y caída del mercado interno, lo que provocó un récord de cierre de empresas, fundamentalmente del sector industrial, con el consiguiente desempleo.

Sin protección
Es central profundizar este debate para la defensa del trabajo argentino y de la producción nacional, que es lo que hoy está claramente atacado y sin ningún programa de Gobierno o política de Estado que lo contemple o proteja.

Así como es catastrófico el dato de que cerca de 26.000 empresas nacionales han cerrado en lo que va del mandato de Milei, también es nefasta la perspectiva de que alrededor de 25.000 empresas de distinto tamaño hoy se encuentran en situación 4 o 5 en la Central de Deudores del BCRA, lo que indica que han alcanzado una situación de insolvencia y mora irrecuperable.

Ante ese escenario tan complejo, y teniendo en cuenta que una gran proporción de estas empresas que han cerrado –o han solicitado procesos preventivos de crisis o la apertura de concursos de acreedores– impactan sensiblemente en las provincias más industrializadas, es paradójico que algunos de esos Gobiernos provinciales continúen otorgando aval a través de sus representantes legislativos para la aprobación de leyes que terminan afectando la soberanía económica y el destino del trabajo y de la producción de sus ciudadanos.

Se trata de un momento crucial para el destino de nuestra nación, por la gravedad del impacto del ajuste perpetuo sobre las grandes mayorías de nuestro pueblo que lleva adelante el Gobierno neoliberal de Milei, por lo que resulta menester que el amplio abanico del empresariado nacional tome partido a través de sus cámaras, de sus federaciones y centrales empresarias, reclamando marchar juntos con un programa de salvataje de la industria, el comercio y el mercado interno, sin discriminar rubros ni tamaños de empresas, para incidir decisivamente en la defensa de nuestros trabajadores, de nuestros científicos, de la educación pública y de la salud de nuestro pueblo, porque de lo contrario esta avanzada neoliberal acabará con el siempre reconocido, experimentado y rico capital humano de nuestro país.

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