Masivas protestas precipitaron el final del gobierno de Al Bashir y el desembarco del ejército con apoyo de Estados Unidos y otras potencias. Mientras tanto, subsisten demandas y desafíos en un país desangrado por guerras civiles. Incidencia del petróleo.
25 de abril de 2019
Una movilización popular, un golpe de Estado liderado por figuras del viejo gobierno y un porvenir oscuro en una de las naciones más castigadas del continente africano. Así podría resumirse el presente de Sudán luego del derrocamiento del presidente Omar al Bashir. Claro que existe una trama compleja detrás de la crisis política, no exenta de interrogantes. El poder cambió de nombres, pero nadie se atreve a descifrar en manos de quién quedará luego de ser dirigido durante tres décadas por una misma persona. El desenlace de la crisis tendrá que ver con factores de extrema combustión: la disputa por el petróleo, la cuestión religiosa, el fantasma del terrorismo y los amigos y enemigos en el mundo. Estados Unidos, que suele jugar con las cartas más fuertes, sonrió al ver cómo venía la mano debido a sus intereses políticos en la región.
Las protestas que se produjeron los primeros días de abril tienen un antecedente: diciembre de 2018. En ese entonces, el gobierno reprimió el masivo reclamo por el aumento en el precio del pan, que triplicó su valor. Con una inflación anual del 70% y el desabastecimiento de productos básicos, Al Bashir había dado de baja los subsidios al trigo y a los combustibles. Las movilizaciones terminaron con más de 40 muertos por balas oficiales. En febrero se decretó el estado de emergencia, que prohibió reuniones masivas. Se renovó también la mayoría del Gabinete y asumió un nuevo primer ministro. Nada pudo detener el malhumor social en las calles, sobre todo en los sectores medios, que perdían el escaso bienestar que todavía conservaban desde que en 1999 se había descubierto petróleo: habían crecido la obra pública, la infraestructura en rutas y servicios de luz y agua y las inversiones privadas.
«Las manifestaciones tienen reivindicaciones económicas legítimas», reconoció Al Bashir el 4 de abril. Ya era tarde para él. Dos días después la protesta rodeó el cuartel general del Ejército en Jartum, capital del país, lo que precipitó su final. «¡Cayó el régimen, cayó el régimen!» gritaban los manifestantes tras escuchar por la cadena estatal de radio y televisión que un grupo de oficiales anunciaba la destitución y detención del presidente. Las Fuerzas Armadas comunicaron la conformación de un Consejo Interino al mando del vicepresidente, Ahmed Awad Ibn Auf, quien prometió una administración militar de transición que duraría 2 años. La noticia congeló el júbilo que había despertado la remoción de Al Bahir. «Los generales que tomaron el poder son los nuevos golpistas del antiguo régimen», sentenció un comunicado de la Asociación de Profesionales Sudaneses, virtual aglutinante de la oposición. Pese a que los uniformados juraron no querer aferrarse a sus cargos y entregar el mando a civiles en 2021, la protesta se redirigió contra ellos. La Junta Transitoria entregó las cabezas de los líderes del golpe, el propio Ibn Auf y Kamal Abdel Maaruf, señalados como activos participantes de la administración depuesta.
Historia abierta
El exhombre fuerte de Sudán, que asumió de facto en 1989, respiró aliviado tras conocer que sus antiguos camaradas decidieron no extraditarlo. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Desde marzo de 2009 es requerido por la Corte Penal Internacional (CPI), acusado por crímenes de lesa humanidad (asesinatos, violaciones, genocidio). Durante sus primeros 20 años de mandato, mantuvo un feroz combate contra insurgentes en el sur del país pugnaban por la independencia. El gobierno castigó a los rebeldes con bombardeos y milicias parapoliciales. Hubo una fugaz tregua en 2005, pero surgió otro foco disidente en Darfur occidental. Con respaldo oficial, grupos armados sofocaron allí el levantamiento a sangre y fuego: hubo 300.000 víctimas. Debilitado por las guerras civiles, Al Bashir cedió la independencia de Sudán del Sur en 2011: no solo se dividió en dos el país más grande del continente; con el nuevo mapa, Sudán perdió el 75% de sus pozos de crudo. La economía no resistió el mazazo, que terminó con un golpe de Estado.
En ese escenario, Estados Unidos jugó y juega un papel clave. Fue el presidente Bill Clinton el que impuso sanciones a Sudán en 1997, argumentando que el país era un Estado promotor del terrorismo donde se escondían los –a criterio de la Casa Blanca– «peligrosos criminales» más buscados de la época, entre ellos, Osama Bin Laden. Luego, a lo largo de la masacre de Darfur, estas sanciones se incrementaron. Desde entonces, Al Bashir justificó la crisis a causa del bloqueo. Si bien Donald Trump alivió en parte el castigo, Washington aprobó la salida del mandatario. «El pueblo sudanés debe elegir sus dirigentes, el pueblo dijo claramente que quería una transición dirigida por civiles y esto debe hacerse antes de los 2 años», expresó Robert Palladino, vocero de la diplomacia estadounidense. Por su parte Rusia, Gran Bretaña, España y Arabia Saudita fueron –entre otros– los países que también dieron el visto bueno a lo ocurrido en Jartum.
De cara al futuro, no existen certezas. Al contrario, prevalecen análisis disímiles en torno del «final de régimen». Están los que vislumbran el inicio de otra «Primavera Árabe» como la que sacudió a la región hace 8 años. Y no son pocos los que temen que, en realidad, la convulsión política se extienda por largo tiempo sin que haya cambios de fondo.
