3 de mayo de 2021
Los aumentos en los productos alimenticios ponen al Gobierno en el difícil papel de mediador de una puja distributiva que amenaza con deteriorar aún más el valor real del salario. Medidas de contención y poder de veto de grandes grupos económicos.
Para pocos. El acuerdo con los frigoríficos para retrotraer a diciembre el costo de la carne se circunscribe a 1.600 bocas de expendio. (Télam)
Más allá de los avatares que plantea la provisión de vacunas y los temores a un rebrote de la pandemia que azota al mundo, las mayores preocupaciones del Gobierno nacional son hoy la indomable inflación, que afectó especialmente a los precios de la canasta familiar –se estima que se elevaron por encima del 4% en enero– y el consecuente deterioro del salario. Uno de los productos que más incide en el índice es la carne vacuna, que en el último año aumentó un 70%. El reciente acuerdo con las empresas frigoríficas para retrotraer los valores de ocho cortes a diciembre último –cuando se verificó un alza superior al 15%– procura morigerar ese impacto, aunque se circunscribe a 1.600 bocas de expendio, rige para tres miércoles al mes y los fines de semana y excluye a las carnicerías de barrio. Otra medida oficial que apunta en el mismo sentido es la incorporación de dos cortes vacunos a Precios Cuidados.
Las razones de la disparada cárnea, según los expertos en el tema, radican en la mayor demanda china que generó el crecimiento de las exportaciones a ese país, con lo cual el precio local se iguala con el que pagan los importadores, circunstancia que responde a la ausencia de una regulación como la que existía antes de que la gestión de Mauricio Macri eliminara los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), que permitía reservar cupos para el mercado interno. Según los productores y comercializadores, también tienen un importante peso en los costos el aumento de los combustibles y el del valor internacional del maíz. Este último argumento resulta poco consistente, ya que los feedlots (predios sin pasturas donde se concentra el ganado) no están todavía generalizados. Pero el factor fundamental que los diferentes eslabones de la cadena se niegan a reconocer es el de la especulación, una constante que incluye a la gran mayoría de los productos alimenticios.
En el caso de las frutas y verduras, que se incrementaron un 64,4% y un 58% respectivamente en 2020, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, las negociaciones se dificultan aún más dada la dispersión de los productores y la inexistencia de organizaciones representativas con las cuales dialogar.
Para intentar sofrenar a este potro desbocado, el objetivo gubernamental planteado por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, es desenganchar los precios internacionales de los locales, lo que implica, dadas las escasas herramientas de las que se dispone, una suba de las retenciones si las mesas de diálogo con los productores de maíz, trigo y aceite no aportan soluciones eficientes, determinación que –de concretarse– generará violentas reacciones en las patronales campestres. Los representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ya han anticipado que sus miembros se movilizarán masivamente para impedirlo y una de sus organizaciones de base, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fijó duramente su posición: «Se vuelve a pensar en recetas fracasadas para sostener la inflación del 29% fijado en el Presupuesto nacional (…) Los precios de los alimentos no aumentan por el incremento de precios internacionales sino por el del costo argentino y la alta carga impositiva», se dijo.
Ni un paso atrás
Las grandes empresas monopólicas u oligopólicas han hecho saber a través de los medios de comunicación que controlan que no están dispuestas a ceder ni un palmo del terreno conquistado y para que no existan dudas encararon una agresiva campaña contra la extensión en la vigencia de la doble indemnización y los precios máximos, el congelamiento de los valores de la medicina privada y de la telefonía celular e internet, entre otras cuestiones objetadas. Recientemente, las firmas líderes de las «telco», en abierta rebeldía contra las disposiciones oficiales, han aplicado una suba del 20% y se niegan a retrotraer las tarifas, en tanto la cámara que las representa acaba de presentar un recurso administrativo «en defensa de los derechos de sus empresas asociadas».
Los funcionarios gubernamentales saben que si los salarios no suben es imposible la recuperación del consumo y, por tanto, del crecimiento, pero tropiezan con el poder de veto que aún conservan los grandes grupos económicos y agrícolas, industriales, y de servicios. La meta que estos se han fijado es imponer un techo del 30% anual en las paritarias, lo que redundaría en una nueva caída de los ingresos de los trabajadores, pero el ministro de Economía Martín Guzmán aseguró que no se impondrá límite alguno. Sin embargo, los gremios más importantes parecen haber acordado no sobrepasar ese porcentaje, siempre que se incluyan cláusulas de revisión trimestrales o semestrales y que esos reajustes se cumplan a rajatabla. Aquellos más pequeños y también los que soportan dirigentes que suelen aceptar negociar a la baja, tendrán más dificultades para recuperar lo que la inflación les ha expropiado a sus representados.
En este complicado contexto, habrá que observar detenidamente cómo se concreta la aplicación de la ley de góndolas, que alcanza a los supermercados con una superficie mínima de 800 metros cuadrados y dispone que esos establecimientos deberán exhibir en sus góndolas al menos cinco productos de distintas empresas o grupos económicos por categoría. Ninguno de ellos podrá ocupar un espacio mayor al 30% de la góndola. Se aspira a que quienes hoy concentran la oferta vean reducidas sus posibilidades y las pymes –que tendrán una participación del 25% en cada categoría– acrecienten su presencia y contribuyan a reducir los precios.
Del mismo modo, conviene seguir de cerca el derrotero del proyecto de ley de Defensa de la Competencia que tiene media sanción del Senado y propone evitar que las empresas, en lugar de competir, se pongan de acuerdo para aumentar los precios, distribuirse los mercados o amañar licitaciones. Claro está que los afectados no ahorrarán argucias para evitar perjuicios y recurrirán al auxilio de magistrados amigos siempre prestos a enarbolar cautelares para judicializar las medidas votadas en el Congreso.
Es que, como expresaba off the record un diputado oficialista: «Los dueños de los mercados las quieren todas para ellos. No aceptan que se les coarte la libertad de fijar los precios, ni que se controle su tasa de ganancia, reclaman crecimiento económico pero se niegan a favorecer la recuperación del salario, proclaman la necesidad de rebajar los impuestos pero exigen que el Estado los ayude a pagarles a sus empleados cuando se produce una emergencia, les otorgue créditos a tasas menores a la inflación y se haga cargo de sus deudas. Por eso hay que usar los elementos disponibles para que, además de sancionar las leyes que les ponen límites, se controle estrictamente su cumplimiento».
