22 de agosto de 2021

Diego Pietrafesa

En medio de la parálisis política tras el magnicidio de Jovenel Moïse, un sismo impacta de lleno en un país con altos índices de pobreza y asediado por la pandemia.

Todo siempre se sacude, cruje y se rompe en Haití. Cuando no es la tierra, son los precarios atisbos del orden institucional, las añoranzas de una investigación transparente y ágil del magnicidio del presidente Jovenel Moïse o los índices sociales de una desigualdad obscena. No queda piedra sobre piedra. Ahora es un sismo de magnitud 7,2 que dejó –hasta el cierre de esta edición– más de 1.400 muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños. Un golpe fuerte para un país que aún no se recuperó del terremoto de 2010 en el que murieron 316.000 personas.
Tampoco hay nada que resulte suficiente para paliar las dos pandemias: la de la miseria y la del COVID-19. El país registra –además de un 60% de pobreza y un 24% de indigencia– solo a uno de cada 575 habitantes vacunado con una dosis y apenas 400 personas –sobre 11 millones– cuentan con esquema completo. Las desgracias de la primera nación que declaró la independencia en Latinoamérica tienen raíces ancestrales en la rapiña colonial: desde entonces todo fue para peor y ya nadie parece asombrarse con cada nueva y mala noticia. El pillaje de los recursos naturales continúa y se traduce en una deforestación del 98% del territorio.
Tembló el suelo de la residencia presidencial el 7 de julio. Tembló de borceguíes, capuchas y tableteo de ametralladoras. En su propia casa, rodeado (¿rodeado?) por su custodia, moría asesinado el jefe de Estado mientras que su esposa Martine resultó malherida y ahora parece intentar hacer carrera política. Hay 44 detenidos, 12 de ellos son policías locales, 18 pertenecen a un grupo de tareas con integrantes colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Los motivos del crimen siguen sin esclarecerse, aunque las ramificaciones en servicios de inteligencia de Estados Unidos son innegables. Tampoco se sabe, fehacientemente, sobre sus autores materiales. Y menos se puede estimar el rumbo de la investigación porque Mathieu Chanlatte, juez designado para instruir la causa, abandonó sus tareas cinco días después de asumirlas. «Las autoridades que debían atender mi seguridad personal no respondieron nunca a mis peticiones», reveló el magistrado. Dos colegas suyos habían recibido sendas amenazas de muerte.
Las elecciones generales se postergaron para el 7 de noviembre y la segunda vuelta para el 22 de enero del próximo año. Los comicios también deberían dirimir una reforma constitucional impulsada por el malogrado mandatario, plebiscito rechazado casi unánimemente por la oposición, la Iglesia, los sindicatos, gran parte de la sociedad civil y la comunidad internacional.
El último decreto que firmó Moïse nombraba primer ministro a Ariel Henry, con el pesado encargo de organizar un Gabinete de consensos. Pero las balas escribieron otra historia, el jefe de Gobierno, Claude Joseph, intentó quedarse en el cargo pero tuvo que renunciar y el neurocirujano de 71 años, de perfil moderado y dialoguista, asumió la presidencia. Ya había sido ministro de Interior y luego de Trabajo (2015-2016) pero su cargo más trascendente fue como miembro del llamado «Consejo de Sabios», un grupo de líderes políticos y sociales que encabezó la transición posterior al derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide en 2004.

Panorama devastador
Apenas asumió, el jefe de Estado llamó a construir un Gobierno de unidad para «frenar esta carrera hacia el abismo». También utilizó la palabra unidad para hacer frente al sismo que agravará aún más la crisis. Los datos asustan: uno de cada dos compatriotas se va dormir sin haber probado bocado de comida en el día, la desocupación trepa al 75%, el salario mínimo es de poco más de 100 dólares (tres veces menos que el promedio de la región) y en la lista de países ordenados por su índice de desarrollo humano ocupa el puesto 170 sobre 189.
Henry refería también al explosivo panorama político, alimentado por protestas sociales que se desataron a principios de año contra la intención de Moïse de alargar un año más su mandato. Había sido elegido en 2015 y debía terminar en 2020. Pero esos comicios fueron impugnados y anulados. Volvió a ganar en 2016, pero solo con la participación del 30% del padrón por los desastres que había generado en la isla el huracán Matthew. Como tomó posesión recién en febrero de 2017, sus cálculos remitían a que en 2022 debían elegir su sucesor. La oposición rechazó la cuenta y defendió la elección original del 2015.
Hubo multitudinarias manifestaciones callejeras, en las que también se reflejó el malestar por las pésimas condiciones de vida de la mayoría de la población. Las marchas fueron reprimidas ferozmente por el Gobierno, que resolvió por decreto calificar a las movilizaciones como «actos de terrorismo» y penarlas con cárcel. Organismos de derechos humanos denunciaron el accionar de grupos paramilitares al servicio de Moïse.
En Haití la devastación es política, económica y social y, previsiblemente, sanitaria. A la fecha del magnicidio el país no había aplicado ni una vacuna entre su población de las escasas 500.000 que recibió, donadas por Estados Unidos. Se aplicaron unas 20.000 pero los operativos se suspendieron por la crisis y el nuevo sismo. Las dificultades estructurales se agravaron con creencias culturales que ya habían hecho estragos hace una década: se volvió a escuchar «Mikwòb pa touye Ayisyen», dicho que se traduce en la creencia de que un simple microbio no puede matar a los haitianos. Se equivocaron con el cólera (820.000 afectados y 10.000 muertos en 2010). No parecen tener razón ahora.