11 de febrero de 2015

La justicia brasileña sigue impidiendo que se publique la lista de empresas que incurrieron en prácticas de trabajo esclavo. El gobierno de Dilma Rousseff, encargado de armar dicha nómina, presentó una demanda para que el Tribunal Supremo revierta la medida cautelar que favoreció a la poderosa Asociación Brasileña de Promotores Inmobiliarios de Bienes Raíces (ABRAINC). La patronal de la construcción se presentó en diciembre cuando se conoció que las autoridades habían rescatado a 1590 personas en condiciones laborales degradantes en 2014 y que la mayoría provenía del boom inmobiliario.
Desde entonces, la actualización de la «lista sucia» no puede ser difundida y su último registro es de junio, en la que figuraban 609 empleadores. Alexandre Lyra, el jefe de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo, señaló que el auge de la construcción obligó a aumentar las inspecciones.