26 de agosto de 2015
Familiares de las víctimas y organismos internacionales cuestionan aspectos clave de la investigación, en un contexto de creciente violencia. El negocio narco y la complicidad del poder político.
Movilizados. El reclamo de aparición con vida y castigo a los responsables se extendió desde México DF a otras ciudades del mundo. (Schemidt/AFP/Dachary)
Un año sin respuestas. Un año de dolor, incertidumbre y angustia. De mentiras y represión. De indiferencia por parte de los grandes medios y abandono de la dirigencia política. Así vivieron los últimos 12 meses los familiares y amigos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en México el 26 de setiembre del año pasado. Los jóvenes fueron víctimas de la siniestra red de complicidades que se teje entre poder político, policía y narcotraficantes. Una red que en los últimos 8 años dejó más de 30.000 desaparecidos, la misma cantidad que la dictadura encabezada por el genocida Jorge Rafael Videla en la Argentina. Pero en el caso mexicano, el drama ocurre en tiempos de democracia y bajo gobiernos constitucionales.
Todo comenzó aquella madrugada fatídica del 26 de setiembre, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llegó a Iguala, estado de Guerrero, para recaudar fondos destinados a su lucha contra la represión policial y la reforma educativa. A pocos metros, el alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, participaba de una fiesta con las autoridades locales. Alertado por la llegada de los jóvenes –de conocido activismo político–, ordenó la realización de un operativo para impedir su paso. La policía los interceptó y los reprimió. Disparó con plomo. Hubo seis muertos y 27 heridos.
En el raid quedaron detenidos 43 estudiantes, cuyo paradero es desconocido desde aquel momento. Todo lo que se sabe es que fueron entregados por la policía a un poderoso cartel local, Guerreros Unidos, en una operación fríamente digitada por el alcalde Abarca. Los nexos entre los tres actores del operativo –policía, narcotraficantes y autoridades políticas– fueron confirmados poco después del hecho. Desde la cárcel, el capo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, reconoció que el cartel pagaba la totalidad de los salarios de los policías de Iguala. Abarca, por su parte, había cosechado estrechos vínculos con el grupo criminal gracias a los contactos de su esposa, María de los Ángeles Pineda, hermana de tres miembros de Guerreros Unidos.
Después de investigaciones severamente cuestionadas por organismos internacionales, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llegó a una conclusión: los 43 habían sido asesinados. Pero las pruebas halladas hasta el momento confirmaron una sola muerte, la de un chico al que los narcotraficantes le arrancaron la piel de la cara y le sacaron los ojos. Nada se sabe de los otros 42.
Palos en la rueda
Desde aquel 26 de setiembre, los familiares solo encontraron palos en la rueda, intimidaciones y amenazas. También inentos de soborno para cerrar la boca. Así lo denunció uno de sus voceros, Felipe de la Cruz, quien sostuvo que el Gobierno les ofreció dinero, casas y autos a cambio de silencio. «Les hemos dicho que es preferible dar la vida a vender a nuestros jóvenes», aseguró Cruz en agosto pasado. A su lado, Hilda Legideño Vargas, una de las madres de los 43, hervía de indignación. «¿Cómo tienen el descaro de ofrecer dinero por un ser humano? Nuestros hijos no tienen precio», dijo la mujer, quien también denunció al Gobierno por reprimir las marchas en las que los familiares piden justicia.
Los padres de los jóvenes y distintos organismos internacionales criticaron desde un primer momento la investigación comandada por la Procuraduría General de la República (PGR) y seguida muy de cerca por Peña Nieto. El mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la destrucción de una serie de videos clave para la pesquisa, en los que había imágenes de la represión policial que dio lugar a la posterior desaparición de los estudiantes.
La CIDH también sostuvo que, un día después de la masacre de los estudiantes en Iguala, el 27 de setiembre de 2014, los investigadores de la Procuraduría encontraron ropa y objetos de los jóvenes normalistas en dos micros, pero nunca lo informaron. «Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. Este hecho es grave», sostuvo Claudia Paz, integrante de la CIDH. Las 19 prendas halladas permanecían «guardadas en malas condiciones, revueltas, con humedad, contaminadas». Recién después de un año del ataque comenzarán a ser analizadas por los peritos.
Todos los cuestionamientos al proceso investigativo son acompañados por reiteradas denuncias contra el Gobierno por su connivencia con los grupos narcos. Esa red de complicidades entre el poder político y el crimen organizado es la que provocó que reconocidos analistas identifiquen al Estado mexicano como un «narcoestado». Es decir, un territorio en el que las principales instituciones están digitadas de manera cada vez más creciente por los carteles de la droga.
Consultado por Acción, el filósofo mexicano Fernando Buen Abad Domínguez explicó que en México se puede hablar de narcoestado «porque la economía del país, la vida política y la cultura se sumergieron en una situación de narco-coloniaje». En ese sentido, señaló que «la gran industria del crimen organizado tiene infiltradas todas las esferas de la banca nacional e internacional, y también a los poderes de la policía y el ejército, para poder desplazarse con impunidad por cielo, mar y tierra». A eso se suma el progresivo avance de una «narco-cultura» que permite que «en los televisores mexicanos miremos narco-novelas, escuchemos narco-canciones y reconozcamos a narco-artistas». Todo eso lleva a que «el Estado no solo no pueda combatir semejante monstruosidad, sino que se haya vuelto cómplice de ella».
Peña Nieto. Su Gobierno, en jaque.(AFP Photo/Mexican Presidency/Ho)
Norberto Emmerich, quien trabajó como profesor en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, no coincide con la idea de « narcoestado», porque eso «implicaría admitir que el narcotráfico mexicano es tan fuerte que ha tomado el Estado y lo maneja a su gusto y servicio», cuando en realidad «el proceso es al revés». «El Estado mexicano es el que utiliza al narcotráfico como operador para determinadas tareas, como en el caso de los 43 compañeros de Ayotzinapa», apuntó.
El investigador y docente se refirió puntualmente a la «guerra sucia» que el Gobierno de Peña Nieto «impulsa y que tiene aún alcances más amplios» que la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón durante su gestión (2006-2012). En cualquiera de los dos casos, el supuesto combate al crimen organizado dejó una cifra escalofriante: más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos en los últimos 8 años. Solo durante la gestión de Peña Nieto, hubo 8.334 desapariciones, según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Sin límites
A pesar de la detención de varios de sus jefes, los grupos criminales continúan operando con cada vez mayores poderes y libertades. Trabajan como verdaderas multinacionales, que trascienden fronteras y cuentan con profesionales de todo tipo: desde contadores y abogados hasta ingenieros y biólogos. El negocio genera 10.000 millones de dólares anuales. Tiene como principal mercado a Estados Unidos y no conoce frenos. Ni siquiera el que intentan poner los pocos periodistas que tienen el coraje de investigarlo: la ola de asesinatos registrada en agosto pasado es un claro ejemplo de ello. Esos crímenes se sumaron a los 103 ocurridos contra otros trabajadores de prensa en los últimos 15 años, según cifras oficiales.
La creciente violencia tiene como escenario a un país con enormes desigualdades sociales. Según los últimos datos de la CEPAL, México es la única nación de América Latina en la que aumentaron la pobreza y la indigencia, que afectan al 51% de la población. «Hay situaciones de hambrunas muy serias en algunos sectores del campo. Se ha multiplicado la situación de despojo y pobreza gracias al proceso de saqueo al que fue sometido el país», opinó Buen Abad Domínguez.
El profesor Emmerich tampoco vislumbra un horizonte positivo. «Veo un Gobierno –aseguró– que va a la deriva, que no puede ensayar caminos alternativos porque Estados Unidos los corta a toda velocidad y que además se encuentra en una seria crisis monetaria». Esa es la precaria situación social que vive México hoy, cuando todavía quedan por delante tres años y medio de mandato de Peña Nieto, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012.
La trágica desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa puso en jaque a su Gobierno. Y aunque fue solo una gota más dentro de un vaso demasiado lleno, la lucha por la aparición con vida de los jóvenes se convirtió en un símbolo para quienes denuncian a un Estado que, contaminado por el crimen y la violencia, se pudre por dentro. Inspirados en la titánica tarea de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo durante los años de plomo en la Argentina, los familiares de los estudiantes mexicanos adoptaron un lema que ya quedó inmortalizado: «Vivos los llevaron, vivos los queremos».
—Manuel Alfieri
