6 de septiembre de 2022
Desde el pasado jueves estamos conmovidos, junto a toda la opinión pública, por el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Este hecho criminal, de concretarse en toda su magnitud, podría haber llevado a la sociedad argentina a una situación gravísima, quizás una de las más inciertas de nuestra historia.
Comparto la idea de una gran parte de los políticos, periodistas, ideólogos y referentes de la sociedad en cuanto a que estos episodios violentos suelen estar precedidos de un clima ideológico y emocional que posibilita su posterior materialización por parte de algún o algunos siempre dispuestos a sentirse convocados a cumplir ese mandato. En este caso, por lo que se sabe hasta al momento, se trató de un simpatizante nazi y se investiga si actuó solo o hubo otros participes de la agresión.
Una paradoja de esta grave situación es que generó una espontánea respuesta del pueblo en defensa de su lideresa, produciendo un acontecimiento de carácter social, cultural y político que seguramente marcará los tiempos por venir.
No hay duda de que es necesario transitar hacia un destino de libertad, democracia y paz, para lo cual resulta imprescindible que desde diversos núcleos del poder político y, fundamentalmente, mediático se reconstituya un clima convivencial, de respeto al otro, de capacidad de sostener la polémica con lo diferente y dejar atrás la descalificación odiosa del circunstancial adversario.
Medidas pendientes y en marcha
No resulta posible escindir estos acontecimientos del trasfondo económico y social que vive nuestro país. En ese sentido sigue omnipresente la deuda social, es decir, la deuda hacia millones de personas humildes y de clases medias en situación de pobreza y hasta de indigencia, que mantienen sus legítimas aspiraciones de una vida digna a las que se debe dar respuesta.
En otro sentido, se conoció la decisión del Ministerio de Economía de un reconocimiento de 200 pesos por dólar a los exportadores de soja, como fórmula de negociación con las grandes compañías del sector, a los efectos de que, tardíamente, liquiden las divisas imprescindibles para equilibrar las reservas del Banco Central. Según el propio ministro Sergio Massa, el costo fiscal de esta medida es de 600.000 millones de pesos. Vale destacar que el atraso en la liquidación de exportaciones generó, junto con la debilidad de las reservas, la imposibilidad de parte del sector importador de contar con los insumos para sostener su actividad productiva. Ese es un costo adicional del conflicto.
La situación es compleja en todos sus aspectos: social, político y económico. Nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se pronunció tras el atentado instando a «dejar atrás las conductas de odio», pero también, entendiendo el enorme desafío que afronta el país. En ese sentido, señalamos que la salida se sostiene en la participación comprometida de la sociedad. Tal como dice nuestro comunicado: «Desde nuestros principios solidarios y humanistas, convocamos a la ciudadanía a ser protagonistas en defensa del sistema democrático y sustentado en la más amplia participación del pueblo en la vida pública».
