La tensión entre las leyes de propiedad intelectual y el derecho a la salud genera conflictos en la Argentina y la región, con una nueva ofensiva de las multinacionales farmacéuticas para lograr la anulación de políticas que favorecen el acceso a los medicamentos.
30 de junio de 2016
Como era previsible, la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI) –lobby que agrupa a los estudios de abogados que atienden los intereses de los laboratorios multinacionales– presentó una carta al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, cuando hacía apenas 23 días que ocupaba su sillón, asegurando que el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) atravesaba una «grave crisis».
La ofensiva de la AAAPI consiguió su primer objetivo a mediados de junio, cuando Mario Aramburu –titular del INPI durante 15 años– fue reemplazado por uno de sus socios, Dámaso Pardo, integrante además del megaestudio Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (estudio PAGBAM). El hijo del exministro de Economía de la dictadura también fue designado como vicepresidente del instituto de marcas y patentes.
El segundo objetivo de las multinacionales es anular las Guías de Patentabilidad adoptadas a través de resoluciones conjuntas de los ministerios de Industria y Salud el 2 de mayo de 2012, que elevaron las exigencias para el patentamiento de nuevos productos en el país y en especial de medicamentos biotecnológicos.
Estas resoluciones señalaban que para «los ministros de Salud del Mercosur los criterios de patentabilidad en la región despiertan preocupación debido a la proliferación de solicitudes de patentes sobre materias que no constituyen propiamente una invención o son desarrollos marginales».
Las guías, que impusieron una barrera al patentamiento de cualquier droga carente de novedad terapéutica, resultan, para la AAAPI y los intereses de las multinacionales, un obstáculo contagioso en la región, y han reaparecido en Argentina y Paraguay las presiones para eliminarlas y para anular también la denominada «anuencia previa» prevista en las legislaciones de Brasil y Paraguay, según denunció recientemente la Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), que agrupa a los laboratorios de capital nacional.
El argentino Rubén Abete, secretario general de ALIFAR, explica a Acción que «existe una presión en varios países de la región, que en Argentina es impulsada por Monsanto y algunos grandes laboratorios». «Las multinacionales buscan instalar en el Mercosur un sistema de patentamiento común por el cual si un país concedió una patente, los demás también deberán aprobarla por un mecanismo abreviado. Esta presión será cada vez más intensa cuando Argentina inicie negociaciones por tratados de libre comercio o por su incorporación a la Alianza del Pacífico» advierte Abete.
A semejanza de Argentina, también en Brasil la gestión del Instituto Nacional da Propriedade Industrial ha sido bastardeada por la Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham), según consta en un documento difundido el 31 de mayo en San Pablo que dice representar a 150 empresas de origen estadounidense.
Una batalla abierta también se ha iniciado en Colombia, donde el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, declaró de «utilidad pública» la patente del medicamento Glivec (imatinib) de Novartis contra la leucemia, como paso previo para la concesión de una licencia obligatoria que rompa el monopolio de mercado.
La licencia obligatoria fue solicitada por entidades de la sociedad civil, encabezadas por Ifarma, una fundación integrada por médicos, farmacéuticos, académicos y profesores universitarios, fundada por el economista Francisco Rossi e inédita en América Latina.
Ifarma demostró que el imatinib, «según estudios internacionales publicados por Bristish Medical Journal, tiene un costo de producción equivalente a 128 pesos colombianos (0,0461 dólares) por miligramo incluyendo un margen de rentabilidad del 50%. Sin embargo, Novartis no aceptó la oferta del Ministerio de Salud de garantizarle un mínimo razonable de 140 pesos y quiere seguir facturando 300 pesos por miligramo. Y por eso Gaviria tuvo que avanzar con la licencia obligatoria», explica a Acción la colombiana Ángela Acosta, especialista en farmacoepidemiología.
Acosta comparó que un tratamiento con Glivec en Colombia tiene un costo anual promedio de 15.161 dólares, mientras que en India igual tratamiento con imatinib genérico demanda apenas 803 dólares. La diferencia sideral se explica por el monopolio de la patente, que ya en 2012 el gobierno colombiano quiso flexibilizar y fracasó, pues fue frenado por un fallo judicial a favor de Novartis.
El laboratorio suizo, en su pelea con el gobierno colombiano, recibió el apoyo del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, presidido por el republicano de Utah Orrin Hatch, que, según se supo después, había recibido 1.350.000 dólares de la industria farmacéutica durante su última campaña electoral. El senador presionó al gobierno de Colombia porque, admitió, «son muchos los que tienen miedo de que pueda convertirse en un ejemplo que se propague en toda la región». Su colega, el senador demócrata y precandidato presidencial Bernie Sanders, y quince representantes también demócratas denunciaron la presión de Hatch y recomendaron mirar la paja en el ojo propio antes que en el ajeno.
También en Colombia –cuyo gobierno no es precisamente de los denostados por «populistas»–, la cámara que agrupa a los laboratorios multinacionales (AFIDRO) presentó una demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, conla excusa de que es «inconstitucional» el sistema de registro de nuevos productos medicinales.
El argumento de AFIDRO es que dicha cláusula atenta contra el «Derecho Fundamental a la salud», que, por otra parte, Estados Unidos y la UE bloquearon en las conclusiones del Panel de Alto Nivel para el Acceso a los Medicamentos de la ONU, convocado en noviembre pasado por Ban Ki-moon.
El panel realizó sendas reuniones abiertas en Londres y Johannesburgo en marzo pasado en las que recibió peticiones y propuestas de 178 grupos de la sociedad civil que, básicamente, expresaron las tensiones entre las leyes de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos.
Concretamente, los países desarrollados que poseen las patentes criticaron a Ban Ki-moon por convocar al Panel sin consultar previamente con la Organización Mundial de la Salud (OMs), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Propiedad intelectual (OMPI).
Con esa impugnación burocrática, Estados Unidos y la UE eludieron la cuestión de fondo: «Entre 1.000 y 2.000 millones de personas, según la OMS, no acceden a medicamentos básicos y la propiedad intelectual agrava este problema», fue una de las conclusiones de los paneles. Pero de eso no hablaron.
