La construcción de un megaemprendimiento inmobiliario de 18 hectáreas despertó la resistencia de los habitantes de un partido que viene llevando adelante un modelo de urbanismo exclusivo y excluyente. El peligro de lucrar con tierras inundables.
14 de julio de 2016
Perjudicados. La urbanización de áreas inundables de Tigre aumentó el riesgo hídrico de la cuenca del río Luján. (Télam)
El municipio de Tigre es el vademécum de lo que no debe ser una gestión urbanística realmente inclusiva e integradora del conjunto de la sociedad». Así comenzaba su alocución en la Audiencia Pública Ambiental para el proyecto urbanístico Remeros Beach la geógrafa Patricia Pintos, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Plata. Pintos fue una de las expertas que asistió a la audiencia pública que se llevó a cabo el pasado 21 de junio en el Museo de la Reconquista del municipio de Tigre, a la que concurrieron más de 150 personas, entre vecinos, organizaciones sociales, expertos en la materia, el bloque de concejales de Tigre del Frente para la Victoria (FpV), y, también, grupos violentos que intentaron durante más de dos horas interrumpir el debate provocando a los oradores que tenían una postura contraria a la construcción del megaemprendimiento inmobiliario en la localidad de Rincón de Milberg, de Tigre.
La obra, que ya había comenzado pese a que faltaban instancias de aprobación y la presentación del estudio de impacto ambiental aprobado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), fue suspendida unos días después por un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del juzgado federal N°1 de San Isidro, quien ordenó además a los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján, Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar, Moreno, José C. Paz y San Antonio de Areco la prohibición de «habilitar o aprobar la construcción de nuevos emprendimientos urbanísticos o ampliaciones de los ya existentes».
El fiscal federal Fernando Domínguez había solicitado una medida cautelar para que se ordene la paralización precautoria «de toda obra que se lleve a cabo en los barrios y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado». Lo hizo en el marco de una causa iniciada en 2012 por organizaciones sociales, ambientales y vecinales de la cuenca del río Luján y Delta del Paraná, que apuntó a la ilegalidad de los emprendimientos inmobiliarios, muchos construidos sobre «dominio público natural» (como son los cauces de ríos) y sin evaluación de impacto ambiental.
En su pedido, Domínguez señaló que «se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados y clubes privados asentados en la planicie de inundación del río Luján y en el Delta del Paraná no solo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculabes daños a la propiedad pública y privada, afectando a todas aquellas personas que sufrieron el anegamiento de sus casas y terrenos, provocando también la pérdida de vidas humanas y un impacto que se hace cada vez más intenso.
Como lo explicaron los especialistas que participaron de la audiencia pública por Remeros Beach, este tipo de construcciones afectan los bañados y humedales naturales de la zona, que absorben el agua durante las inundaciones. En lugar de zona de desagüe, Rincón de Milberg podría convetirse en una especie de muralla de cemento que impediría la absorción del agua durante las lluvias y las sudestadas, por lo que complicaría todavía más la problemática de las inundaciones que ya afectan a una gran porción del distrito.
Teoría del derrame
La audiencia estuvo presidida por funcionarios municipales y por tres de los ocho representantes de organismos bonaerenses o de servicios públicos invitados. Entre los que asistieron a la cita estuvieron un funcionario de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, otro de EDENOR y un tercero de Gas Natural Fenosa. En cambio, no asistieron los representantes de Aysa, ni del Comité de la Cuenca del Río Reconquista, ni de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, ni del OPDS.
Estilo Miami. Remeros Beach incluye torres de 22 pisos y lagunas artificiales. (Remeros Beach)
Se supone que una Audiencia Pública debe tener lugar previamente al otorgamiento de la factibilidad de un proyecto inmobiliario, de manera que la comunidad pueda conocer y considerar el tema antes de su concreción. Sin embargo, en el caso de Remeros Beach, como en muchos otros, la audiencia se realizó con el emprendimiento ya en marcha, con movimientos de tierras que se vienen llevando a cabo desde hace más de un año. Esa fue una de las irregularidades denunciadas por los más de 50 oradores que se pronunciaron en contra del proyecto, expresando motivos diversos (ecológicos, geográficos, económicos, arqueológicos, sociales, antropológicos, paisajísticos y políticos) por los cuales consideraron que este negocio inmobiliario, como muchos otros similares, beneficiará a una élite de alto poder adquisitivo en detrimento de la gran mayoría de la ciudadanía tigrense que todavía vive con una infraestructura básica insatisfecha (más del 40% de la población no tiene acceso a la red de agua potable y más del 80% no accede a la red pública de cloacas).
Una veintena de oradores se manifestaron a favor, en su mayoría jóvenes relacionados con la industria de la construcción y personas ligadas directamente con el proyecto inmobiliario. Sus argumentos se apoyaban en las ideas expuestas previamente por los propios desarrolladores: que se trata de una gran inversión para el municipio, que generará muchos puestos de trabajo y que traerá beneficios también para aquellos vecinos que no vivan en el lujoso complejo habitacional. Estas promesas fueron rápidamente refutadas por muchos de los oradores que resaltaron el hecho de que los barrios privados se vienen implementando desde hace años en el municipio, y hasta ahora fueron pocos los beneficios para quienes viven extra muros.
El desarrollo de negocios inmobiliarios como el de Remeros Beach no es una novedad en Tigre, sino que forma parte de un modelo de urbanismo neoliberal iniciado en los años 70 en el Conurbano bonaerense y agudizado profundamente en la última década. Este modelo se caracteriza por procesos de urbanización de áreas inundables de la periferia de la metrópoli porteña, que son espacios naturales que escurren y frenan el avance de las aguas, cuando desborda el río Luján, hacia las zonas pobladas.
Fuera de la ley
Remeros Beach es un megaemprendiemiento inmobiliario de 18 hectáreas con lujosas torres de 22 pisos y una laguna artificial de aguas cristalinas y arena blanca. Un escenario que contrasta bastante con el ambiente natural del Delta. La altura de los edificios es muy superior a lo permitido por la normativa para la zona. Pero el bloque del Frente Renovador (FR) aprobó en junio del año pasado en el Concejo Deliberante de Tigre, de forma automática y sin debate, una excepción al código de zonificación.
Tigre es uno de los municipios de la Argentina en donde el modelo neoliberal de urbanización ganó mayores espacios. Casi la mitad continental del distrito está ocupada por barrios privados en donde vive menos del 10% de la población. Consultado por Acción sobre las consecuencias de la Audiencia Pública, el municipio de Tigre solo informó que cumplió. Respuesta que deja la sensación de que las múltiples voces que se expresaron en el Museo de la Reconquista no fueron escuchadas.
