25 de febrero de 2014

Mujeres de todo Perú siguen reclamando que se reactive la causa de las esterilizaciones forzadas. El archivo de las investigaciones por parte de la Justicia provocó una campaña con 4.000 firmas en repudio a la fiscalía por no denunciar penalmente a Alberto Fujimori, el máximo responsable de esta práctica aplicada a pobres e indígenas durante su cuestionada gestión. El malestar cruzó las fronteras y Amnistía Internacional se sumó a las protestas: «Es lamentable ver que, después de tan larga espera, la fiscalía haya tomado la decisión de acusar formalmente al personal médico que había estado implicado en sólo uno de los casos, sin esclarecer todas las responsabilidades y en todos los niveles» sostuvo la organización, según la cual hubo más de 2.000 casos ocurridos durante los 90. La respuesta del fiscal en cuestión, Marco Guzmán Baca, fue que no cuenta con una figura legal para resolver las culpabilidades. Además, negó que las esterilizaciones, que causaron al menos 18 muertes, hayan sido un delito de lesa humanidad. Un informe solicitado por el Ministerio de Salud y presentado en julio de 2002 muestra que, entre 1995 y 2000, fueron esterilizadas 331.600 mujeres, mientras que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía. Las víctimas son todos miembros de los pueblos originarios, principalmente quechuas.